El informe elaborado por el Departament de Política Lingüística de la Generalitat a petición del president, Salvador Illa, ha generado diversas opiniones entre las entidades que se dedican a la defensa y promoción de la lengua y la cultura catalana. El objetivo del documento, que se publicó la semana pasada, era informar al nuevo Ejecutivo sobre la situación del catalán y orientar la política lingüística de la próxima legislatura.

Mientras que el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, lo ha calificado de "benévolo", su homónimo de Òmnium
Cultural, Xavier Antich, ha advertido que, aunque es "un resumen destinado a socializar algunos titulares", no incluye "datos relevantes sobre la oferta en catalán en ámbitos clave" y ofrece una visión "suavizada" de sectores "esenciales" como el de la educación. 

El documento tiene una extensión de unas veinte páginas y, además de analizar la situación del catalán, también considera el aranés, el occitano y la lengua de signos catalana, e incluye varias propuestas de actuación. Con este gesto, Illa inicia el cumplimiento del compromiso pactado con ERC para defender la lengua un mes después de ser investido. 

"Las conclusiones del informe son correctas y las propuestas nos parecen bien, pero la extensión es breve. Ahora hay que llevarlas a cabo", asegura Escuder, que también admite que "es más de lo que cualquier otro Gobierno autonómico ha dicho que haría en los últimos años". Antich, por su parte, subraya que el informe "no es innovador", sino que se limita a recopilar datos mayoritariamente ya conocidos y a presentar algunas "líneas generales que pueden ser adecuadas". "Hasta que veamos en qué se concreta, debemos actuar con cautela y ser vigilantes", añade el presidente de Òmnium. 

Cinco objetivos para paliar el retroceso del catalán

El Departament de Política Lingüística destaca que el catalán es una lengua hablada por más de 10 millones de personas, situándose en una posición similar o superior a otros idiomas como el danés o el finés. Según el Departament, el catalán tiene una relevancia demográfica a escala europea, se utiliza de manera "normal" en la mayoría de las instituciones públicas y cuenta con una presencia "sólida" en ámbitos como la literatura, el teatro, los medios de comunicación locales y la radio. 

Sin embargo, el informe admite un retroceso en el uso general de la lengua, especialmente en sectores como la educación, la sanidad y el comercio. De hecho, muestra que el 67,8% de los alumnos de 4º de ESO en Catalunya utilizaban siempre o casi siempre el catalán en actividades en grupo en 2006, pero ese porcentaje se redujo al 22% en 2022. En ámbitos como la Justicia, el etiquetado, el cine y los videojuegos, la presencia del catalán sigue siendo "escasa o muy limitada".

En este contexto, Antich dice que el documento "indica que el consumo de cine en catalán es del 13,1%, pero no menciona que la oferta de sesiones en catalán no llega al 3%, a pesar de que la Ley de Cine establece que un mínimo del 25% de las películas deben proyectarse en lengua catalana". Así, Òmnium echa de menos algunos datos relevantes, así como referencias a "ámbitos de actuación clave como el deporte". 

Los autores del informe subrayan la necesidad de una "intervención transversal y multinivel", que vaya más allá de las medidas puramente administrativas y apueste por políticas transformadoras que aseguren "el futuro de la lengua catalana" como "columna vertebral de cohesión del país". Para lograrlo, establecen cinco objetivos principales: incrementar el conocimiento social de la lengua, facilitar el uso del catalán, garantizarlo como lengua de uso normal en las instituciones del país, incentivar su compromiso a través de acuerdos e implantar hábitos de uso favorable. Además, se pretende garantizar los recursos humanos y materiales necesarios.

Según Escuder, las propuestas son "bastante completas", pero advierte que no se ha fijado un calendario concreto y que todo deberá cumplirse en un máximo de cuatro años, si la legislatura llega a agotarse. 

Recursos disponibles para aprender catalán

En relación con las justificaciones sobre la disminución del uso social del catalán, el Departament apunta a una "multiplicidad de factores", destacando también los cambios sociodemográficos: "Los fuertes flujos migratorios de las últimas dos décadas y media han cambiado sustancialmente la realidad social del país". Òscar Escuder critica esta visión, argumentando que no se puede "culpar a la migración".

Aunque no califica este discurso de "vocabulario xenófobo", afirma que, si la población recién llegada hubiera percibido el catalán como lengua "útil", necesaria para vivir y trabajar, "lo habría aprendido". El presidente de Plataforma per la Llengua destaca el caso de Andorra, donde la aplicación de varias normativas en defensa de la lengua ha propiciado un gran aumento de inscripciones en cursos para aprender catalán, y subraya que "las cosas no pasan según sople el viento, sino según las políticas públicas que se ponen en marcha". Cabe matizar, sin embargo, que Andorra es un estado soberano donde el catalán es la lengua oficial. 

En esta línea, Xavier Antich señala que la política lingüística debe ser una "prioridad" para las instituciones y reclama un "salto cualitativo urgente", destacando la falta de recursos disponibles para las personas interesadas en aprender la lengua. "Actualmente, hay 2,3 millones de catalanes que quieren aprender o mejorar su catalán para poder utilizarlo más, pero solo hay 110.000 plazas disponibles cada año", lamenta.

Con todo, ambos activistas concluyen que si se quiere mejorar la situación del catalán hay que ir más allá de atenuar la caída del uso social. Según dicen, Catalunya debe aspirar a la "normalización plena", incluyendo la universalización del aprendizaje de la lengua y el refuerzo en ámbitos de socialización, especialmente entre los jóvenes.

"El entorno, ya sea la escuela, el deporte, los lugares de ocio, las plataformas audiovisuales, las redes o los espacios de consumo... deben facilitar el uso habitual del catalán y revertir la actual situación de anormalidad, donde utilizarlo a menudo implica el esfuerzo y el cansancio de ir contra corriente", sentencia Antich, que coloca la
responsabilidad tanto en las espaldas de las fuerzas políticas como de la sociedad civil.