Los escándalos que rodean a Juan Carlos I sobre las supuestas comisiones ilegales de la construcción del AVE a La Meca han puesto el foco sobre las finanzas de la familia real. Pese a las informaciones publicadas y a la apertura de investigaciones judiciales tanto en España como en el extranjero, ha quedado patente lo difícil que es conocer e indagar en los movimientos financieros y en el patrimonio de Casa Real. 

Esta situación parece no pasar desapercibida para los ciudadanos. Según los datos que apunta el Estudio sobre la Monarquía realizado por el instituto 40dB para la Plataforma de Medios Independientes (PMI), hasta un 86% de los encuestados creen que debería haber más transparencia en las cuentas, bienes, propiedades y actividades de la familia real.

En concreto, un 64,3% de los consultados aseguran estar "muy de acuerdo" con que se introduzcan reformas que aumenten la transparencia económica y financiera de la familia real, mientras que un 27,1% está "bastante de acuerdo" con este punto. El capítulo dedicado a la monarquía en la Constitución Española brinda al rey la posibilidad de administrar libremente la partida presupuestaria asignada a Casa Real, un montante que desde 2018 es de más de 7,8 millones de euros al año y que en el fallido proyecto presupuestario de 2019 rozaba los ocho millones.

Este precepto constitucional ha permitido frenar cualquier intento de indagar en la actividad económica de la monarquía. El último capítulo en este sentido se produjo tras la huida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, una operación cuyo coste quisieron saber algunas formaciones políticas en el Congreso (bien mediante la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en las finanzas del rey emérito, o bien mediante preguntas escritas al Gobierno).

Todas las iniciativas de los grupos parlamentarios han fracasado al encontrarse con un doble muro: el precepto constitucional por el que el rey dispone de libertad para administrar el presupuesto asignado, y el hecho de que el Parlamento no puede controlar a la institución monárquica.

Los más de 7,8 millones de euros que recibe la Corona de las cuentas públicas constituyen un gasto excesivo para una mayoría de los encuestados. Un 54,8% consideran que "para lo que aporta, el coste de la monarquía es desproporcionado", frente a un 28,4% que no están de acuerdo con esta afirmación y un 16,8% que asegura no saberlo. 

Atendiendo a los electorados de los partidos políticos, los votantes de PP y Vox se muestran en desacuerdo con esta afirmación (la que apunta a un gasto excesivo), casi un 60% en el caso de los conservadores y más de un 55% en el caso de los votantes de la formación de extrema derecha. La mayoría de los electores de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos sí se muestran de acuerdo con esta afirmación.

Preferencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria

Donde hay coincidencia plena, incluso entre los votantes de los diferentes partidos, es en la opinión de que la Casa Real debería hacer declaración de bienes. Un 79% de los encuestados se posicionan a favor de esta opción, mientras que solo un 7% lo hace en contra. También hay coincidencia entre las distintas franjas de edad de los ciudadanos consultados.

Las reformas de la monarquía que respaldan la mayoría de los encuestados van más allá de las finanzas de la Corona, y también hay una opinión mayoritaria sobre modificar la Constitución para que el hombre no tenga preferencia sobre la mujer en la línea sucesoria al trono. Más de un 79% de los ciudadanos consultados apuesta por una reforma en este sentido.

Un 58,7% se muestra "muy de acuerdo" con esta modificación y un 20,5% asegura estar "de acuerdo". La opinión está muy divida en lo que respecta al futuro de la monarquía y, en concreto, al futuro de la infanta Leonor. Un 32,6% de los encuestados creen que la hija de Felipe VI no reinará en un futuro, frente a un 27,7% que opina que sí subirá al trono. Casi un 40% de los encuestados asegura no saber qué podría pasar en futuro con la infanta Leonor.