Cada cierto tiempo estalla el escándalo por los trabajos e informes forenses firmados por el ingeniero informático Luis Enrique Hellín Moro, llamado Emilio antes de cambiarse el nombre, en 1996, cuando salió de prisión por el asesinato de la joven Yolanda González en 1980. En esta ocasión, ha sido la defensa de la exdirigente del PP Cristina Cifuentes, juzgada estos días por la presunta falsificación del acta de su máster, la que ha contratado los servicios de la empresa de Hellín, Net Computer Forensics SL, para la realización de un peritaje de la agenda oficial de Cifuentes cuando era delegada del Gobierno en Madrid, en 2012. La agenda está aportada en un pendrive al juzgado y con ella la defensa de Cifuentes intentará probar que el 2 de julio de ese año consta marcado en la agenda como el día que defendió personalmente su Trabajo de Fin de Máster. Al margen del peritaje de Hellín, dicha agenda será peritada por el agente de la Policía Judicial asignado al caso y ese será el peritaje que se tendrá en cuenta en el juicio.

El escándalo por la contratación de Luis Enrique Hellín, de 70 años, por parte del bufete de José Antonio Choclán, defensor de Cifuentes, tiene su base en cuestiones morales y políticas que parecen de muy difícil superación. Luis Enrique o Emilio Hellín Moro, que solo cumplió 13 años en prisión de los 43 a los que fue condenado por secuestrar y asesinar a Yolanda González, fue miembro de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha liderado por Blas Piñar, y pistolero del Batallón Vasco Español, un grupo terrorista parapolicial, germen de los GAL, las siglas que escondieron en los años 80 el terrorismo de Estado con el PSOE en el Gobierno. 

Emilio Hellín e Ignacio Abad secuestraron el 1 de febrero de 1980 a Yolanda González, de 19 años, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Tras llevarla a un descampado a las afueras de Madrid, Hellín la descerrajó dos tiros y Abad la remató. Para el atentado, reivindicado por el Batallón Vasco Español, los dos asesinos contaron con la ayuda de un policía nacional, que vigiló el domicilio de la joven. Hellín se había refugiado en Vitoria, en casa de un inspector de Policía, pero a los siete días fue detenido y confesó; dijo que pensaban que Yolanda González era miembro de ETA, como si aquella falsedad pudiera justificar el salvaje crimen.

Desde antes de la muerte del dictador Franco, los servicios secretos españoles habían puesto en marcha el Batallón Vasco Español (BVE), que también usaba otras denominaciones, como Triple A o Antiterrorismo ETA (ATE), para amedrentar y eliminar a miembros de ETA y a otros militantes antifranquistas. Al BVE se le atribuye el asesinato de, al menos, 18 personas.

En prisión, Hellín esperaba la ayuda prometida por sus servicios prestados, sabía que una red, en la que no faltaban miembros policiales, le aguardaba fuera de la cárcel. Intentó en vano fugarse varias veces de prisión, pero no fue hasta 1987, a los siete años de estar encarcelado, cuando se le presentó la oportunidad. Se fugó durante un polémico permiso de seis días estando en la prisión de Zamora. Huyó con su mujer y sus hijos a Paraguay, país sometido a la dictadura militar de Alfredo Stoessner.  Allí vivió con absoluta tranquilidad e impunidad, prosperando en su conocimiento de la ingeniería informática. Regentó un centro de formación e incluso asesoró al Estado Mayor del Ejército paraguayo. Sin embargo, tras ser localizado por los reporteros de la revista Interviú, Hellín fue detenido por Interpol en 1990 y extraditado a España. Seis años después quedó en libertad. 

Fondos públicos como asesor contra el terrorismo

Tras cambiarse el nombre en el Registro Civil, para evitar ser identificado como el asesino de Yolanda González, fundó, en 1998, junto con su hermano, guardia civil, las empresas Net Computer Forensies y New Tecnology Forensies, SL. Esta última se ha reconvertido en un centro de estudios, según ha podido saber Público. Tras desvelar el diario 'El País' en 2013 que Hellín trabajaba para Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad de Estado, como asesor en seguridad informática, terrorismo y delincuencia, desde el Congreso de los Diputados se instó al Gobierno a dar explicaciones. Cómo era posible que un condenado por terrorismo ultraderechista recibiera dinero público por colaborar con el Estado en labores antiterroristas. Fue un escándalo. El entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, informó de que Hellín había sido contratado por el Gobierno anterior, el de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2006 y 2011, con contratos públicos todos esos años, salvo en 2007. 

El escándalo amainó rápidamente. Hasta que se supo que Hellín era el forense de la familia de Ruth y José, los niños asesinados por su padre, José Bretón, en 2013. Compareció en el juicio, después de que la familia contratara a su empresa, New Technology Forensics, para efectuar el análisis del teléfono móvil de Bretón y así recuperar los datos que el asesino borró el día de los hechos.

En la página web de la empresa de Hellín, donde él no aparece, pero sí su hermano y su hijo - ha hecho desaparecer el apellido Hellín-, se anuncia que son contratados por "cuerpos policiales, Poder Judicial y prestigiosos despachos de abogados". Bufetes que, como el de José Antonio Choclán, en el caso Máster, devuelven el siniestro pasado de Emilio o Luis Enrique Hellín Moro a la actualidad.

No solo fue el Gobierno el que contrató a Hellín y a su empresa para asesorar en materia antiterrorista, también lo hizo el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013, como profesor externo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencia madrileño. Un encargo por el que percibió unos 2.000 euros mensuales. El entonces delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, explicó que Hellín fue contratado por su experiencia en este tipo de formación con otras administraciones, sin que fuera advertida su identidad, ya que se había cambiado el nombre. El Ayuntamiento de Madrid se comprometió, tras el escándalo en 2013, a no volver a contratarle.