La ONU ha sido clara al denunciar que las leyes de PP y Vox atentan contra los derechos humanos. 

El informe de la ONU tiene dos partes, no se dirige solo a los gobiernos de PP y Vox. Los relatores de Naciones Unidas hablan por un lado del atraso que suponen estas propuestas, porque blanquean la dictadura y niegan los crímenes de guerra. Pero el informe también le lee la cartilla al Gobierno central, de hecho, tiene tres páginas dedicadas a los incumplimientos de la Ley de Memoria que son realmente duras. Lo que pasa es que el foco se ha puesto en las leyes de concordia porque es ahí donde está la actualidad política. 

La Ley de Memoria estatal no garantiza los derechos de las víctimas, no les da acceso a la Justicia, tampoco las indemniza y no señala a los verdugos. Las leyes autonómicas pretenden ir contra las políticas del Gobierno y equiparan a las víctimas de la dictadura con las del terrorismo, que tienen su propio reglamento. En ese abanico tenemos que situarnos y nosotros entendemos que es necesario denunciar la regresión de las comunidades autónomas, pero también exigir al Gobierno central que ponga en práctica los compromisos alcanzados. Esto no se puede convertir en una pelea entre partidos y leyes, porque va mucho más allá.

¿Dónde queda la concordia de la que hablan las leyes autonómicas?

Esto viene de lejos, concretamente de la cultura de la transición. En 1977, la palabra que utilizaron fue reconciliación y me parece igual de vergonzosa. Mi abuela murió 22 años después del fin de la dictadura y nadie le preguntó si quería morirse sin haber encontrado los restos de su marido, sin que nadie investigara su desaparición. Pablo Casado fue el primero que habló de una ley de concordia, pero la aritmética política frustró sus planes. Esto es una especie de continuidad.

Génova ha acusado a los relatores de la ONU de mentir. Feijóo dice que no se han leído los textos y Azcón asegura que el informe está lleno de "bulos".

En 2014, dos grupos de relatores de la ONU visitaron España y concluyeron que el Estado tenía una serie de obligaciones que cumplir relacionadas con la Memoria. Mariano Rajoy utilizó el mismo discurso que ahora utilizan Feijóo y los presidentes autonómicos. Llegó a decir que los informes eran falsos y que España se había reconciliado durante la transición. No les llamó mentirosos, porque los tenía [a los relatores] delante. Este es el mismo discurso, la misma postura negacionista, que han adoptado ahora desde el PP.

En plena polémica por el auge de la desinformación, ¿podemos fiar la Memoria al relato de los políticos? ¿Y al de los medios?

La conversación sobre la Memoria es muy compleja, porque participa gente con intereses muy distintos. Los partidos políticos no han cumplido lo que tenían que cumplir, pero ni el PP, ni el PSOE, ni el resto. No ha cumplido ninguno. El presidente del Gobierno tiene a pocos metros de la Moncloa un arco que celebra la victoria de Franco en la Guerra Civil. Este monumento ha estado más tiempo en pie durante la democracia que durante la dictadura. Los ministros y ministras pasan con sus coches oficiales por delante y parece que no les molesta ver una construcción que celebra el asesinato de miles de personas.

La Ley de Memoria repite 144 veces la palabra víctimas y ni una sola vez la palabra verdugos. Lo que pasa es que la derecha pone el grito en el cielo y parece que tenemos una legislación que es la leche, pero nada más lejos de la realidad. La norma actual no ha abierto la puerta de los juzgados para los crímenes de guerra, ni ha reparado a las víctimas, por eso digo que ningún partido ha hecho los deberes. La ARMH lo que hace es reclamar que se respeten sus derechos, porque es lo mínimo. 

La Junta de Castilla y León ha declarado Bien de Interés Cultural una pirámide fascista y la ARMH lo ha denunciado ante la Fiscalía.

Es incomprensible que una institución democrática quiera proteger un monumento como la Pirámide de los Italianos. Este mausoleo rinde homenaje a un grupo de soldados fascistas que fueron enviados por Mussolini para asesinar a los españoles que defendían la democracia. Nadie entendería que tuviéramos en una plaza un monumento para exaltar al líder de un grupo terrorista. Es inaceptable y tomaremos las medidas judiciales oportunas para defendernos.

La ofensiva contra la Memoria ha empezado en Castilla y León, Aragón, Illes Balears y País Valencià. ¿Cuánto tardará Madrid?

Hablamos de comunidades autónomas que han tenido legislación previa sobre cuestiones de Memoria. País Valencià, Aragón y Balears han tenido gobiernos de izquierdas [casi siempre coaliciones] que han sacado adelante estas normas y ahora la derecha y la extrema derecha quieren derogarlas. El caso de Castilla y León es particular. Fue precisamente el PP quien aprobó la ley, aunque el resultado fue lamentable y nunca quisieron escuchar a las víctimas. Vox ha conseguido que ahora estén dinamitando lo que ellos mismos impulsaron. La diferencia es que la Comunidad de Madrid nunca ha tenido una Ley de Memoria [por eso no tiene nada que derogar].

¿El PP ha comprado el discurso de Vox o es que realmente piensan lo mismo?

La verdad es que no sé dónde acaban los cursos y empiezan los discursos. Castilla y León ha sido durante muchos años la comunidad en la que más personas han sido exhumadas y el PP no hizo absolutamente nada, ni tan siquiera lo mencionó. En 2018, sacaron una legislación que daba un poco de dinero para exhumaciones, supongo que a modo de cálculo electoral [hubo elecciones autonómicas en 2019]. En los últimos comicios llegaron a un acuerdo con Vox para cargarse su propia norma. Lo que dicen es que responde a un pacto, pero parece que no les duele mucho. No sé hasta qué punto el PP no está de acuerdo con el discurso de la extrema derecha.

Ninguna de las "leyes de concordia" reconoce el franquismo como una dictadura. ¿Por qué cuesta tanto llamar a las cosas por su nombre?

No cuesta nada, pero ellos quieren darle otro significado a la dictadura. Esto es una pelea por decidir qué significa el pasado. El PP no deja de ser un partido fundado por ministros franquistas. No identifican el franquismo como una dictadura porque no quieren hacerlo. La batalla ya no está en las exhumaciones [siempre que sean extrajudiciales], sino en mantener una cultura política y una simbología capaces de preservar su relato.

¿Qué papel juega aquí el sistema educativo? PP y Vox tampoco quieren hablar de Memoria en las aulas...

La educación juega un papel fundamental. Nosotros vamos a todos los centros de enseñanza que nos contactan. Tenemos un proyecto que se llama Aulas con Memoria para ayudar a los profesores a trabajar estos temas en clase. La preocupación en la comunidad educativa es ahora más fuerte que nunca. Los síntomas de fascismo están ganando mucho peso. Hace unos meses, me cantaron el Cara al Sol durante una charla en un colegio. Los profesores nos escriben asustados porque tienen que lidiar con cosas que nunca antes habían visto. Los poderes políticos han querido secuestrar una parte de la historia, por eso España ha sido una fábrica de ignorancia durante los últimos 45 años.

El Gobierno se ha comprometido a extinguir la Fundación Francisco Franco. ¿Será esta vez la definitiva?

Eso se lo tenemos que preguntar al Gobierno. Hace seis años, nosotros llevamos más de 200.000 firmas al Congreso para exigir su disolución. Carmen Calvo se comprometió como ministra a extinguir la fundación. Félix Bolaños hizo lo mismo, pero ahí sigue. Todavía hay policías torturadores que cobran una pensión especial por haber torturado a miles de personas. La tumba de Franco la pagamos también entre todos, porque sigue estando en un sitio de titularidad pública. ¿Cómo puede ser que las víctimas de una dictadura paguen con sus impuestos la tumba de un dictador? ¿Qué pasaría si un ayuntamiento vasco quisiera crear un panteón para un líder de ETA y pidiera dinero público para ello?

En Alemania resulta impensable hacer apología del fascismo. En Argentina, los juicios por cuestiones de lesa humanidad se retransmiten en directo. ¿Por qué España sigue sin avanzar?

Un colega argentino me enseñó una vez un libro que se llamaba Memoria Histórica para adolescentes. Lo miré con tanta envidia. España no ha avanzado por la estructura social netamente franquista que ha caracterizado a casi todos los gobiernos durante las últimas cuatro décadas. No ha habido voluntad política. 

¿Cree que el PSOE tiene alguna cuenta pendiente con la Memoria?

La Ley de Memoria de 2022 se aprobó con un Gobierno de coalición y tuvo el respaldo de distintas fuerzas políticas, como el PSOE, Podemos, EH Bildu y PNV. Las deudas son del Estado, me da igual quien lo gobierne. Las izquierdas pueden hacer homenajes y actos por los luchadores antifranquistas, pero los derechos son otra cosa y se escriben en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pedro Sánchez llegó al Gobierno hace cinco años y la Memoria ha pasado por hasta tres ministerios distintos. ¿Cuál es el criterio político?

Pedro Sánchez ha anunciado medidas de regeneración democrática para después de las elecciones europeas. ¿Esperan algo?

No esperamos cosas, las exigimos. Si Pedro Sánchez quiere cumplir con las obligaciones del Derecho Humanitario y reparar a las víctimas del franquismo, tiene una buena oportunidad para demostrarlo.