El rey emérito Juan Carlos Borbón acaba de hacerle otra muesca a su deteriorada imagen pública: ha confesado que ocultó al fisco el manejo de más de 800.000 euros, que movió como dinero negro, y que lo hizo después de haber abdicado en junio de 2014. Y eso le expone a una investigación de la Inspección tributaria cuyo desenlace es, ahora mismo, incierto.

Esa información figura, por pasiva y pese a sus inconcreción y ambigüedad, en el anuncio por el que su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, hacía saber que este miércoles que el emérito "ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos": manejó ese dinero sin que la Agencia Tributaria ni la Hacienda de la Comunidad de Madrid, donde residía antes de mudarse al Golfo, tuvieran noticias de ello, algo que ocurrió en un periodo de tiempo posterior a 2016, que es el último ejercicio fiscal no completamente prescrito en el Estado español.

A partir de ahí, casi todo son especulaciones; incluso qué tipo de negocio ha tratado de regularizar el exrey o la cuantía del dinero opaco al fisco que habría manejado durante ese periodo indeterminado. Aunque, en ese punto y según las fuentes tributarias consultadas por Público, las opciones se reducen a dos: alrededor de 875.000 euros no declarados en el Impuesto de Donaciones o en torno a 1,2 millones de incremento patrimonial no justificado escondidos en el IRPF.

En ambos casos, la liquidación tributaria que se derivaría de ese volumen de dinero negro, que en el primer caso cuadruplica con creces su asignación anual oficial a cargo de la Casa del Rey de algo menos de 200.000 euros y en el segundo estaría cerca de sextuplicarla, sería similar: unos 525.000 euros de cuota escamoteada, alrededor de 105.000 de recargo (20%) por impago en fecha y algo menos de 50.000 por intereses de demora, según las estimaciones de Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda.

Un procedimiento de "verificación de datos"

"La liquidación final sería similar en ambos casos para unas bases imponibles de 875.000 euros en el caso de Donaciones, que gestiona la Comunidad de Madrid, y de 1,2 millones en el IRPF, competencia de la Agencia Tributaria", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha.

El pago de esa regularización voluntaria no conlleva en ninguno de los dos escenarios el carpetazo al asunto, ya que la Ley General Tributaria obliga a tramitar un "procedimiento de verificación de datos" para determinar si la información aportada por el contribuyente está completa o sesgada y si los cálculos realizados por este son o no correctos.

¿Eso afecta a las pesquisas sobre las tarjetas black de los borbones que tiene en marcha la Fiscalía del Supremo? Para nada. Por el contrario, puede acabar dando lugar a nuevas investigaciones en el ámbito penal, o reforzar las del ministerio público, si los inspectores hallan indicios de delito en la conducta tributaria de Juan Carlos Borbón.

"Las investigaciones de la Fiscalía no deben frenarse por esta regularización", explica Cruzado, que añade que "tanto la Inspección de la Comunidad de Madrid si se trata del Impuesto de Donaciones como la de la Agencia Tributaria si es el IRPF deben aclarar la procedencia del dinero", que algunos medios como La Sexta atribuyen a una donación de 800.000 euros del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Un escenario incierto

Si el dinero ha recorrido un itinerario correcto en materia tributaria, el episodio quedaría zanjado. Pero eso no sería así si la Inspección concluyera que ha habido alguna conducta de carácter fraudulento en el manejo de ese dinero y si este ha dado lugar a una defraudación, situación en la que se plantearían dos cuestiones clave: ¿habría superado la eventual defraudación los 120.000 euros en alguno de los ejercicios fiscales en los que se movió ese dinero? ¿Hubo dolo o ánimo defraudatorio en el tinglado?

Solo si ambas respuestas son afirmativas a criterio de la Inspección el siguiente paso sería una denuncia ante la Fiscalía, que abriría unas diligencias de investigación penal o incorporaría el legajo a las que lleva el fiscal Juan Ignacio Campos en el Supremo, una de cuyas líneas de investigación indaga si el dinero de las black borbónicas pudiera proceder de una supuesta fortuna oculta de Juan Carlos I que este habría estado repatriando y compartiendo con sus parientes a través de un supuesto aparataje de blanqueo.

En este sentido, y según explicaron las mismas fuentes, una pieza clave de las pesquisas debería centrarse en estudiar el patrimonio y los movimientos de dinero del eventual donante o, si fuera por IRPF, de quien hubiera pagado ese dinero a cambio de servicios y/o bienes del exmonarca o por transacciones de otro tipo.

Esas pesquisas tendrían como objetivo en ambos escenarios la confirmación o el descarte, según el caso y cuando menos de manera indiciaria, de la existencia de blanqueo, fraude fiscal u otras infracciones penales.

La naturaleza del importe, la del negocio y la del impuesto

"Hay que aclarar si la naturaleza del importe se corresponde con la naturaleza jurídica del impuesto", añaden las mismas fuentes, que admiten su perplejidad ante la ambigüedad del comunicado del miércoles, que no aclara la cuantía del dinero opaco, los años en los que Juan Carlos I disfrutó de él ni el desglose de la regularización tributaria.

En caso de que finalmente este episodio diera lugar a una causa penal por fraude fiscal, la regularización siempre jugaría a favor del exmonarca: operaría como atenuante de reparación del daño de un presunto delincuente primario (sin antecedentes por no haber sido condenado nunca), algo que, en el peor de los casos para él, le garantizaría eludir las rejas de la prisión.

En hipotético caso de que derivara en un asunto de blanqueo el horizonte se presentaría más turbulento al quedar prácticamente descartado que esa regularización pudiera operar como atenuante ni, tampoco, como una analogía de la confesión.