El Gobierno permitirá acceder a la prestación por desempleo a nuevos trabajadores que hasta ahora no podían cobrar el paro.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes reconocer el acceso a esta prestación a los trabajadores cuyo contrato se extinguió durante el periodo de prueba, a contar desde el 9 de marzo; a trabajadores en sectores considerados de temporada, y a aquellos que dejaron su empleo para acceder a otro que finalmente no llegara a materializarse a raíz de la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus.

Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Incorpora una flexibilización del confinamiento, para dejar salir acompañados a menores de 14 años, y debe obtener luz verde por parte del Congreso de los Diputados este miércoles. 

El real decreto ley presentado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, contiene varias medidas relacionadas con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en manos de Yolanda Díaz, pero también de otros departamentos. El texto recoge también la recomendación de mantener de forma preferente el teletrabajo durante un periodo de dos meses.  

Así, fuentes del Gobierno explican a Público que el Ejecutivo también permitirá incorporarse a los ERTE a los trabajadores con contrato fijo discontinuo, accediendo a prestaciones a pesar de haber agotado el paro. Hasta la fecha hay casi cuatro millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La nueva medida persigue, según estas fuentes, garantizar el acceso a la prestación a trabajadores vinculados a actividades de temporada que tradicionalmente han arrancado en estas fechas, y que sólo trabajan unos meses en el año. Cuando el real decreto entre en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos trabajadores y trabajadoras podrán reclamar la prestación por un periodo de 90 días, independientemente de si ya hubieran consumido el desempleo. 

Extensión de los ERTE y mecanismos para "perseguir" expedientes fraudulentos

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para "perseguir" los ERTE fraudulentos. El objetivo es intensificar los mecanismos de control y sanción, en línea con la advertencia de Díaz a las empresas que intenten abusar de esta situación en entrevista con Público, el viernes. 

El mismo decreto extiende los supuestos para acogerse a ERTE a los trabajadores que realicen actividades no esenciales dentro de empresas que se sí operan en sectores considerados esenciales. El Gobierno permitirá además que las cooperativas flexibilicen los fondos cooperativos para hacer frente a esta crisis, y suavizará las exigencias de constitución y funcionamiento de las sociedades laborales. 

En la misma línea, el Ejecutivo ha aprobado una prórroga de dos meses del derecho de adaptación de horario y reducción de jornada, el conocido como "Plan Mecuida", ideado para cubrir las necesidades de personas dependientes.

Renegociación de alquileres comerciales y avales del ICO

Por otro lado, entre las medidas económicas del real decreto aparece la incorporación de un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del alquiler de locales comerciales, la reducción de los gastos de notario en relación a préstamos no hipotecarios, y la posibilidad de que la línea de avales del Estado a créditos del ICO pueda servir para cubrir pagarés de empresa. El Gobierno ha desbloqueado 40.000 millones en líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial, del total de 100.000 millones comprometidos. 

El decreto también regula los requisitos para rescatar fondos de pensiones -medida aprobada en anteriores Consejos de Ministros-, e incluye reducciones o exenciones de distintas tasas portuarias. 

En última instancia, el Gobierno ha aprobado la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas, así como la bajada al 4% del IVA de los libros y prensa en formato electrónico. Según Calviño, esta reducción del IVA a productores nacionales de material sanitario permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros.