La reunión del pasado jueves entre varios ministros del Gobierno (Yolanda Díaz, Trabajo y Economía Social; José Luis Escrivá, Seguridad Social e Inclusión; y Luis Planas, Agricultura, Pesca y Alimentación) con los representantes de los sindicatos y los empresarios giró fundamentalmente sobre la necesidad de seguir adoptando medidas para mantener el empleo una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus y que finalice el estado de alarma.

Entre los sindicatos hay preocupación por el día después, ya que muchas de las medidas que se han adoptado están condicionadas precisamente al hecho de estar en periodo del estado de alarma y que, en principio, podrían decaer en cuanto se levante. Esto podría provocar una destrucción mayor de empleo cuando finalice este periodo excepcional.

Una de estas medidas es la presentación de Ertes que en este periodo se vinculan a una causa de "fuerza mayor", y se podrían pautar por otras circunstancias en las mismas condiciones que tienen actualmente, incluyendo la prohibición de despedir al trabajador hasta seis meses después de haber concluido la regulación de empleo.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió el viernes, en declaraciones a la Cadena Ser, que "va a haber sectores que van a tener enorme dificultad para reactivarse", y que se podría ampliar para estas empresas esa situación de excepcionalidad durante un tiempo, hasta que se recupere la normalidad. Por ello, abogó la necesidad de "reconfigurar" los Ertes una vez superado el estado de alarma actual.

Mantener el empleo

Lo mismo podría ocurrir con determinadas ayudas, prestaciones y exenciones o aplazamientos fiscales, que ahora están muy determinados por la duración del estado de alarma, aunque en estos puntos concretos todavía no se ha entrado en detalle. Los sindicatos manifiestan una gran preocupación por mantener el empleo una vez superada la crisis sanitaria, lo que consideran una prioridad.

En este sentido, instaron al Gobierno a mantener la protección tras el fin del estado de alarma a determinados colectivos, como las personas desempleadas que han agotado la prestación -el Ejecutivo ha aprobado una prestación extraordinaria para quienes se hayan visto en el paro por la extinción de contratos temorales-, o quienes sean despedidos con contrato indefinido y no hayan cotizado el tiempo suficiente para obtener la prestación.

Los sindicatos mantienen diferencias en todos asuntos con el Gobierno, pero valoran la interlocución permanente que existe con el Ejecutivo y que sus propuestas sean escuchadas y, a veces, se tengan en cuenta. No obstante, abogan porque esta segunda fase de medidas puede tener más dificultades que la primera, donde los representantes de los trabajadores admiten haber conseguido importantes reivindicaciones.