Las diferencias internas en el Gobierno de coalición le han forzado a aparcar la idea de aprobar lo antes posible -los sindicatos esperaban que fuese este martes- una renta social extraordinaria para garantizar los ingresos mínimos de la población más vulnerable ante la emergencia del coronavirus.

La propuesta de una renta de aplicación urgente fue elaborada por Unidas Podemos -Público avanzó los detalles el viernes-. Se presentó el pasado jueves ante distintas organizaciones sociales y sindicatos por parte del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, acompañado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el titular de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, 

La idea que expuso Iglesias pasa por implantar una prestación extraordinaria previa a la implantación del ingreso mínimo vital. No supone renunciar a este ingreso, ya anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino establecer lo que entonces denominó "Ingreso Mínimo Vital Puente", hoy "Renta Social Extraordinaria", para afrontar la necesidad inmediata de miles de familias. 

Paralelamente a esa reunión, el jueves, Sánchez se comprometió ante el Congreso de los Diputados a impulsar un ingreso mínimo vital lo antes posible, como además viene recogido en el acuerdo de coalición. Desde entonces, el ministro Escrivá y la ministra portavoz, María Jesús Montero, han enfriado las expectativas, y el primero ha insistido en que el Ejecutivo está trabajando en esa prestación comprometida, no en otras. Han puesto el foco en esta medida, rebajando la propuesta sobre la mesa a "documento de trabajo" o a "iniciativa bienintencionada".

"No es una renta extraordinaria, lo que estamos desarrollando es una renta permanente", "era un compromiso de legislatura", afirmó el sábado, en La Sexta. El lunes, en una entrevista en El País, se refirió a la propuesta -anunciada en una nota de prensa de la Vicepresidencia de Derechos Sociales aludiendo a "iniciativas bienintencionadas en la búsqueda de alguna solución" para los "colectivos más vulnerables. El viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero enfrió aún más las espectativas: "Hoy por hoy lo que hay son documentos de trabajo" y "reuniones para escuchar sugerencias", afirmó, en una comparecencia en la que repitió que esta cuestión es competencia de Escrivá, evitando mencionar a Iglesias.

Sin embargo, fuentes presentes en una de las dos reuniones de Iglesias, Díaz y Escrivá con distintas organizaciones, el jueves, aseguran a este diario que Escrivá "no cuestionó en ningún momento" la renta social extraordinaria anunciada por Iglesias. Todas las organizaciones, apuntan, interpretaron "en clave positiva" las iniciativas expuestas, y tampoco entonces Escrivá se pronunció de forma contraria. 

Según estas fuentes, Iglesias, que fue el primero en intervenir, defendió que, ante una "coyuntura urgentísima", era necesario aprobar cuanto antes una prestación, antes de la llegada del Ingreso Mínimo Vital "permanente". Seguridad Social no ha cuestionado el comunicado de la Vicepresidencia Segunda a este respecto, ni siquiera se ha referido a él.

Así, la propuesta que hoy permanece en vía muerta no llegará al Consejo de Ministros de este martes, pero todo apunta a que el debate en el seno del Ejecutivo proseguirá.

De hecho, fuentes cercanas a la vicepresidencia de Derechos Sociales insisten: "En esta situación de emergencia del COVID-19, la aprobación de un ingreso mínimo vital es, para muchas personas y familias, una necesidad de extrema urgencia. No pueden esperar semanas ni mucho menos meses hasta que esté en funcionamiento la propuesta general en la que trabaja desde hace semanas el Gobierno". 

La propuesta expuesta con Iglesias contó además con el visto bueno de los sindicatos. Este lunes, UGT remitió un comunicado en el que "demanda ya que se ponga en marcha de manera inmediata, ante la vulnerabilidad de muchos hogares".

"Es imprescindible y debe tener, al menos,  la cuantía del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, 537,84 euros -la propuesta sobre la mesa contempla una prestación de 500 euros. A su vez, UGT incide en que "no renuncia" a la "prestación de ingresos mínimos con carácter permanente", sobre la que hoy nadie alberga dudas. El sindicato calcula que hay cerca de 1.500.00 personas sin ningún tipo de ingreso.

UGT además pide también un permiso remunerado para las trabajadoras y trabajadores, especialmente de familias monoparentales, que hayan tenido que dejar de trabajar para cuidar a menores, mayores u otras personas dependientes.