La complejidad de la renta mínima que el Gobierno quiere aprobar retrasa su puesta en marcha, pero ya hay voces en el Ejecutivo y entre los sindicatos que reclaman que sea una realidad más allá de la etapa más aguda de la crisis del coronavirus.

De hecho, los ministros y ministras de Unidas Podemos, así como las organizaciones sindicales UGT y CCOO reclaman que esta medida, que además figura en el acuerdo de coalición, se adopte definitivamente. Quieren que no se trate sólo de una prestación coyuntural, como un anexo a los paquetes de medidas del Gobierno contra el Covid-19, así como contra las consecuencias de la parálisis provocada por el confinamiento. 

Así lo aseguran fuentes de la formación morada y de los sindicatos, y recuerdan que la mayor complejidad de esta ayuda reside en que las comunidades autónomas ya cuentan con medidas similares, de diferentes cuantías y en base a diferentes criterios en cada territorio. 

El jueves, el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal volvieron a reunirse en el marco del diálogo social. En esta reunión ya comenzaron a abordarse medidas pensadas para la etapa de salida de esta crisis, frente a las que se han venido aprobando hasta la fecha. La renta mínima apenas estuvo presente, si bien la percepción de parte de los asistentes fue que no se pondría en marcha de inmediato. 

Sin embargo, desde los sindicatos sí han destacado que el compromiso de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, fue que estudiarían las consecuencias de aplicar esta medida tras el fin del estado de alarma y de la paralización de la actividad. 

Por otra parte, si bien hace unos días se especulaba con la posibilidad de que esta medida fuese aprobada en el próximo Consejo de Ministros ordinario, el martes, hoy se da por hecho que casi con toda seguridad no será así.

Los sindicatos consideran este asunto irrenunciable y urgente, y han planteado que se apruebe de forma inmediata y durante el periodo que dure la crisis sanitaria, más allá de que luego esto se lleve al Congreso de los Diputados y se regule como una ley, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre ambos partidos.

No obstante, tanto el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, como el ministro de seguridad social, José Luís Escrivá, han afirmado durante esta semana que efectivamente están estudiando su implementación, refiriéndose a ella con distintas denominaciones: para Iglesias se trataría de un "ingreso mínimo vital", mientras que Escrivà ha hablado de una "renta mínima". 

Son precisamente los departamentos de Escrivá e Iglesias los que estudian esta medida, que en palabras de ambos quieren poner en marcha "lo antes posible". Desde Unidas Podemos destacan la buena relación con el titular de Seguridad Social, que consideran más cercano a sus posiciones que otros miembros del Gabinete del PSOE a la hora de enfocar las medidas más sociales para luchar contra la pandemia.

En concreto, el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece el compromiso de desarrollar "el ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a acargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos", reza el texto. 

Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son las prestaciones que cada comunidad gestiona -como subsidio no contributivo- para cubrir las "necesidades básicas" de personas y familias sin recursos económicos suficientes. Según el último informe del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre estos subsidios, con datos de 2018, las diferencias entre comunidades son considerables.

En estas fechas, en Euskadi esta prestación cubría al 71,2% de las personas bajo el umbral de la pobreza, 120.606 del total de 169.330, sólo el 1,6% de las personas residentes en Castilla-La Mancha (8.371 de 528.997).

La balanza Iglesias-Calviño

Por otro lado, en las últimas semanas el Gobierno ha aprobado medidas de su "escudo" o "red" social que suponen una importante movilización de recursos públicos para esta fase, y esto ha conllevado importantes debates entre partidarios y detractores de abrir a espuertas el grifo del gasto público para proteger a los más vulnerables.

Hasta la fecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por la tesis de la red social, defendida por los ministros y ministras de Unidas Podemos, frente a la ortodoxia económica reclamada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Tanto el sector de Calviño como el de Iglesias presumen de los logros recabados en estas discusiones y destacan las renuncias de ambas partes, pero nadie oculta que, hasta la fecha, el Ejecutivo ha optado por abrir el grifo para "no dejar a nadie atrás" en esta crisis, a diferencia de lo ocurrido en 2008.