Sin periodo de prueba, sin conocerse más allá que como adversarios políticos, casi sin tener los equipos nombrados y sin apenas engrasar la maquinaria de coordinación, el primer Gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Unidas Podemos ha tenido que afrontar en sus primeros cien días de Gobierno la crisis sanitaria, económica y social más importante que ha sufrido España desde la Guerra Civil.

Nadie podía imaginar que la situación en Catalunya fuera a verse desplazada de las portadas durante semanas; que el Congreso de los Diputados y el Senado paralizasen sus actividades ya previstas; y que el recién formado Gobierno de coalición tuviera que congelar la actividad económica de todo el país, mientras los españoles lo presenciaban confinados en sus casas. Al menos, nadie podía imaginarlo antes de la pandemia del coronavirus.

El Ejecutivo de coalición cumple este miércoles 100 días desde su formación, y más de un tercio de ese tiempo, 39 días, los ha vivido bajo el estado de alarma más largo declarado desde la restauración de la democracia. Todos los planes de Gobierno quedaron atrás y, en este periodo, apenas han podido llevar adelante o encarrilar una decena de medidas del programa de la coalición. El mismo Ejecutivo ha sido consciente de que todo aquello ha pasado por ahora a un segundo plazo, y que ahora toca actuar como un Gobierno de resistencia.

La mejor prueba de ello es que en la quinta semana del confinamiento, tres semanas después de empezar a amagar con la reedición de los Pactos de La Moncloa, el Gobierno ha logrado que el PP acepte sumarse a un espacio para diseñar un acuerdo de reconstrucción del país tras la crisis de la covid-19. La condición del PP era que estas conversaciones se vehicularan a través de una comisión parlamentaria, y sólo la CUP y el partido ultraderechista Vox quedan fuera de este acuerdo.

Y el Gobierno ha tenido que aceptar, entre otras cosas, por buscar un pacto de caballeros: el PP asume negociar las medidas que se puedan consensuar en una comisión donde estarán los partidos independentistas; y el Gobierno elimina la condición puesta por el PP, que aseguró que no apoyaría ningún acuerdo con Unidas Podemos. Desde las filas del partido conservador llevaban días reclamando la destitución de Pablo Iglesias como condición necesaria para entenderse con Sánchez, algo que ni se llegó a plantear el jefe del Ejecutivo

Tensiones internas

No obstante, la prueba de fuego que está suponiendo esta pandemia ha desembocado en tensos debates y en enfrentamientos dentro del Ejecutivo que ha puesto a prueba su resistencia a lo largo de estos cien días, empezando por cómo afrontar la emergencia del covid-19. La discusión sobre si abrir el grifo del gasto público para "no dejar a nadie atrás" la ganaron los ministros favorables a este enfoque, y desde ahí se han sucedido nuevos debates sobre a qué sectores y colectivos priorizar dentro del escudo o red social desplegado para la ocasión.

De hecho, vista la crisis generada a finales de febrero a cuenta de la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo apenas ha dejado ver sus costuras a cuenta de sus muchas discusiones en esta crisis. De un contexto en el que se filtró un borrador cargado de errores, y en el que Iglesias llegó a referirse a los "machistas frustrados", en referencia al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en esta ocasión el Gobierno se ha esforzado por mostrarse unido.

El Consejo de Ministros extraordinario del 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, ya se prolongó durante varias horas, y en las sucesivas semanas ha habido algunas muestras de descoordinación, la más reciente en lo que toca al Ingreso Mínimo Vital.

Después de que la vicepresidencia de Iglesias informara de su apuesta por una renta social extraordinaria, previa a la llegada de esta prestación definitiva, recogida en el acuerdo de coalición, varios ministros del PSOE y el propio Sánchez insistieron en que en los planes del Gobierno estaba desarrollar la prestación definitiva, pese a las presiones de Unidas Podemos por garantizar una ayuda a quienes no tienen ingresos hoy.

Finalmente, y después del anuncio de una comparecencia que nunca tuvo lugar, el Ejecutivo confirmó que había alcanzado una solución híbrida, que pasaba por adelantar la llegada del ingreso mínimo vital. Eso, por no hablar del debate interno a raíz de las ayudas al alquiler, con Unidas Podemos defendiendo la suspensión de alquileres para los más vulnerables en esta crisis, y que finalmente se saldó con créditos y con la posible intervención del Estado en los casos más difíciles.

Además, en el reparto de competencias inicial, los de Iglesias quedaron en segunda fila. No obstante, el propio vicepresidente segundo recibió el encargo de ponerse al frente de los servicios sociales, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha convertido en uno de los rostros del Gobierno con su defensa de los ERTE y las prestaciones extraordinarias aprobadas, entre ellas el subsidio para las trabajadoras del hogar.

Todo pasa a un segundo plano

Pero todo pasa hoy por la gestión de la pandemia, y todo queda en un segundo plano. Las críticas a la monarquía -a raíz de los indicios de corrupción del rey emérito o un reciente comentario de Iglesias el Día de la República sobre la vestimenta militar del jefe del estado-; los debates anteriores, todo queda opacado en esta situación.  En el PSOE prefieren no entrar en polémica, aunque no ocultan su malestar por las estratagemas urdidas desde Unidas Podemos para "ponerse medallas" o torpedear debates internos del Gobierno, como si estuvieran ellos en la oposición, pero no harán ni una crítica en público. "Ahora, no toca"; dicen desde La Moncloa y desde Ferraz.

Y es que también une mucho al Gobierno la actitud de la oposición. Precisamente, la ultraderecha y el PP han pasado las últimas semanas subiendo el tono de sus reproches, acusaciones y hasta insultos al Ejecutivo, que en muy contadas ocasiones ha entrado al trapo. Y entras esas críticas, no sólo de la ultraderecha,  han estado el alto número de muertos y contagios, la supuesta falta de previsión, la gran cantidad de sanitarios infectados, o la ausencia de medios de protección adecuados.

La prioridad, repite el presidente, Pedro Sánchez, es luchar contra el coronavirus, y ya habrá tiempo de debates partidistas a posteriori. Y Sánchez, al igual que el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han tratado de medir sus intervenciones para dejar la respuesta a las derechas en manos de sus portavoces en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique.

 El Gobierno, hasta la fecha, sólo ha admitido errores en genérico -aciertos y desaciertos, que diría la ministra de Trabajo en entrevista con Público-, pero ha insistido en que el momento de dirimir responsabilidades llegará, señalando a la oposición.

En estos cien días también se han cancelado las elecciones en Euskadi y Galicia, ha pasado a un segundo plano la reforma del delito de sedición en el Código Penal; casi se ha olvidado la criticada reunión del ministro de Transportes, José Luís Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, otrora temas de enorme impacto mediático. Por no hablar de los Presupuestos Generales del Estado para 2020: el Ejecutivo logró aprobar el techo de gasto en el Congreso, pero hoy ya reconoce que tendrá que trabajar en unas cuentas para 2021, con la vista puesta en superar esta pandemia. Sin embargo, todo ello se antoja ahora lejano, muy lejano. Han sido cien días eternos.