¿Cómo se decide el poder judicial por el mundo? Antes de repasar distintos ejemplos, hay que aclarar que el organismo que en España se llama el Consejo General del Poder Judicial no tiene equivalentes en todo el mundo, así que veamos primero de qué tipo de entidad se trata.

El Consejo General del Poder Judicial, o Consejo de Magistratura, o Consejo de la Judicatura -que es como va variando su nombre dependiendo del país- es un órgano que, allí donde existe, se planteó como una instancia dotada de autonomía para garantizar la independencia del poder judicial. 

Su tarea consiste en seleccionar a magistrados, formarlos, ascenderlos, trasladarlos (cesarlos en algunos países), inspeccionar el funcionamiento de los tribunales y juzgados, y, en fin, mejorar la calidad de la Justicia para que quede a prueba de interferencias políticas. 

España a nivel europeo es considerada una excepción a la tónica general, según la cual parte de los consejeros son elegidos por jueces. En Europa hay un país más donde los consejeros son designados todos por el poder legislativo, como aquí: Polonia. En 2016 el partido gobernante ultraderechista decidió que el parlamento elegiría a todos los consejeros, además de otorgarse la autorización para sancionar a los jueces -atención- por el contenido de sus sentencias.

En Italia existe el Consejo Superior de la Magistratura, compuesto por 27 miembros de los que 16 son jueces y son elegidos por los propios magistrados mientras que los demás son designados por el Parlamento. 

Como Francia -donde el Consejo del Poder Judicial lo integran 16 miembros más el presidente-, la mitad son elegidos por jueces y la otra mitad por el poder político. 

En Reino Unido hasta hace unos años a los jueces los designaba la Corona, como en siglos pasados. Luego tenían que ser aprobados por el Lord Chancellor, es decir, Ministro de Justicia. Pero ya no. En 2005 se aprobó la Ley para la Reforma Constitucional que creó una nueva institución: la Comisión de Nombramientos Judiciales. Ahora son sus miembros los que se encargan de funciones que aquí se les encomiendan a los consejeros del poder judicial. De los 15 integrantes de esa Comisión, 12 se eligen a través de concurso público abierto y los otros tres los nombran los jueces de tribunales superiores. 

En Bélgica una entidad equivalente se creó en 1996 a raíz del caso Dutroux. Marc Dutroux es un asesino en serie que fue acusado de estar vinculado a la red de pedofilia. Raptó, violó y mató a cuatro niñas. El juicio sobre Dutroux traumatizó a la sociedad belga. Existían sospechas de que Dutroux pertenecía a una red mafiosa con fuertes vínculos con gente poderosa, y el juez partidario de esa hipótesis fue separado del caso y sustituido por otro que anunció que esa red no existía. Hubo masivas marchas en el país que impulsaron finalmente la creación de un órgano encargado de garantizar la independencia judicial. Son 44 los consejeros, mitad flamencos y mitad valones -de esos 22, la mitad es elegida por magistrados y la otra mitad por el Senado-. 

En Alemania no existe un órgano de esta clase, allí los jueces pueden ser nombrados o directamente por el poder ejecutivo o por el parlamento.

En Estados Unidos, tampoco existe una ente similar. Es el presidente quien elige directamente a los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales federales, que luego tienen que ser aprobados por el Senado. El juez de la Corte Suprema es un cargo vitalicio en EEUU; pueden ser destituidos solo mediante un juicio político o un proceso de impeachment. Antes de las presidenciales de 2020, que perdió Trum, el expresidente estadounidense nombró a tres de los nueve miembros de la Corte Suprema, que inclinaron la balanza de fuerzas a favor de los conservadores, algo que marcará las próximas décadas. Esos ultraconservadores tumbaron en junio pasado la histórica sentencia conocida como 'Roe contra Wade' de 1973 que reconocía el derecho al aborto y mandaron a millones de mujeres estadounidenses de vuelta al siglo pasado.

La tónica general, como he dicho, es un régimen mixto entre designaciones por el poder legislativo y nombramientos hechos por los propios magistrados. Pero sí se planteó la posibilidad de una votación popular. Lo hizo Cristina Kirchner en 2013 en Argentina. En este país existe el Consejo de la Magistratura de la República desde 1994, que se creó inicialmente para contar con 20 integrantes entre jueces, abogados y diputados. Lo que propuso CFK, abogada de profesión, era elegir a los integrantes del Consejo mediante un voto popular, en un intento de democratizar la justicia, y bajar su número de 20 a 13. Sin embargo, la propuesta fue cuestionada, e incluso algunos llegaron a decir que violaba la Constitución. El colegio de abogados de BsAs la llevó a juicio, pasaron años, el expediente llegó a la Corte Suprema y esta falló a favor del denunciante en 2021. 

De manera que hasta el día de hoy, los miembros del consejo se eligen por los sectores que lo integran. En estos meses en Argentina estaba pasando algo parecido a lo del CGPJ de España: estaba paralizado su funcionamiento por disputas internas entre el oficialismo y la oposición que no podían llegar a un acuerdo sobre las candidaturas.