La repetición electoral vuelve a girar la mirada de los partidos políticos hacia el sistema de pensiones. El futuro de los pensionistas copan buena parte de los programas electorales de las formaciones, cuyas propuestas sobre el papel no acaban materializándose en propuestas institucionales concretas, bien en el Gobierno o en el Congreso de los Diputados.

En el caso de las pensiones, el lugar para materializar las propuestas programáticas de los partidos es la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, una comisión del Congreso en la que los partidos debaten y establecen una serie de medidas que deberían servir como marco para un gran acuerdo entre los principales actores institucionales (Gobierno, sindicatos y patronal).

En estas elecciones, al igual que sucedió antes de los comicios del 28 de abril, las propuestas de reforma de las pensiones se centrarán, sobre todo, en una cuestión muy concreta: cómo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Las masivas marchas y protestas de los colectivos en defensa de las pensiones tienen como una de sus principales reivindicaciones precisamente esto, que los actores institucionales establezcan una fórmula para garantizar que los jubilados no van a sufrir más incrementos en la brecha entre sus ingresos y el coste de la vida.

Propuestas de los partidos

En este sentido, las propuestas de los partidos varían. Tanto el PSOE como Unidas Podemos incluyen en sus programas electorales que la mejor fórmula para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados es la de incluir en la Constitución la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. De esta manera, se defiende desde ambas formaciones, se evitaría, por ley, que los pensionistas perdieran poder adquisitivo.

En el caso de los socialistas, en el programa se especifica que esto no se haría automáticamente, sino que debería atender a las reformas abordadas en el Pacto de Toledo y al diálogo con la patronal y los sindicatos. Los de Pablo Iglesias no solo proponen en este sentido el blindaje constitucional de la revalorización de las pensiones, sino que insisten, al igual que en sus programas electorales anteriores, en la necesidad de eliminar el factor de sostenibilidad, algo a lo que el PSOE también se compromete en el documento "un programa común progresista", donde añade algunas medidas acordadas con Podemos a su programa.

Desde la formación morada advierten que, "de no derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de entre el 9% y el 18% en los próximos años. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores)". El Ejecutivo de Mariano Rajoy pospuso la entrada en vigor de este mecanismo, debido a la presión social de los pensionistas, pero la fórmula no se suprimió, sino que se aplazó hasta el 2023.

En el PP también se propone la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, pero junto a otros indicadores (es decir, la actualización no dependería directa y exclusivamente del coste de la vida) y sin la inclusión de esta reforma en la Carta Magna. Los de Pablo Casado defienden en este sentido la necesidad de aunar la garantía del poder adquisitivo de los jubilados con la "sostenibilidad del sistema de pensiones".

Además, desde el partido conservador se apuesta en el programa por que la mejor manera de garantizar viabilidad de las pensiones es "la creación de empleo", por lo que proponen ahondar en reformas sobre el trabajo como forma de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. 

En el programa de Ciudadanos no se alude específicamente a los indicadores de revalorización de las pensiones ni a su inclusión en la Constitución, sino que simplemente se establece un compromiso para “buscar el consenso sobre una reforma que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo” en el seno del Pacto de Toledo.

PSOE y Podemos plantean también una subida de las pensiones mínimas y no contributivas. La formación morada establece que la vía de la subida de las pensiones no contributivas vendría de la mano de otra de sus medidas: el ingreso mínimo vital (“que, al situarse en al menos 600 euros por persona sola, habrán elevado de un plumazo más de 200 euros en las pensiones no contributivas).

Diferencias respecto a la edad de jubilación

Las propuestas de los programas electorales de los partidos van más allá de la revalorización. También existen importantes diferencias en lo referido al cálculo de la cuantía de las pagas o respecto a la edad de jubilación. El PP defiende extender de forma progresiva el cálculo de la pensión a toda la vida laboral con el fin, argumentan, de “evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación.

En Podemos defienden, al contrario, que las personas que lleguen a la edad de jubilación deberían poder elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral (con lo que los jubilados podrían escoger los momentos de sus vidas laborales con salarios y cotizaciones a la Seguridad Social más altos para el cálculo de su paga).

En Ciudadanos, al igual que en el PP, se propone que, de cara a la jubilación se puedan contabilizar todos los años de la vida laboral (y no solo los últimos), pero en este caso como una medida dirigida a los autónomos. Los de Albert Rivera también proponen que tanto autónomos como asalariados tengan la opción de seguir trabajando a la vez que cobran el 100% de la pensión que les corresponde, así como la utilización de un fondo de vida laboral (la denominada “mochila austriaca”) que sirva como complemento a las pensiones que tengan como derecho los trabajadores.

En su programa el PP apuesta también por el impulso desde la Administración Pública de planes privados de pensiones y de empresas como “pilares complementarios del sistema” público, algo que, recuerdan, ya se ha contemplado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que ha suscitado importantes diferencias con formaciones como Podemos y ERC. Los de Casado plantean ampliar el complemento de maternidad en las pensiones de jubilación de las mujeres trabajadoras con un hijo situándolo en un % (como forma de reducir la brecha por maternidad que se da en las pensiones de jubilación entre mujeres y hombres).

Entre las medidas más destacas de Podemos está la de eliminar los topes de cotización a la Seguridad Social, permitir que las personas que hayan cotizado 35 años puedan percibir su pensión antes de llegar a la edad de jubilación, o agilizar el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización en aquellos sectores especialmente duros, como el de las camareras de piso, extinción de incendios, estibadores o trabajos industriales y penosos, entre otros.