ZARAGOZA.- El Constitucional deberá dictaminar sobre la legalidad del tributo autonómico aragonés que amenaza con elevar en más de 14 millones anuales la factura del recibo del agua de Zaragoza. Cincuenta y dos diputados estatales de Podemos, En Comú, En Marea e IU, encabezados por Pablo Iglesias y Alberto Garzón, firman el recurso que este miércoles ha sido formalizado ante el tribunal para plantear la nulidad de los apartados del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que regulan su aplicación en la capital aragonesa.

Se trata, coincidiendo con el inicio de las nuevas negociaciones para una confluencia electoral, de una de las iniciativas de mayor calado que emprenden de manera conjunta los grupos parlamentarios de Podemos e IU, las principales formaciones en torno a las cuales se vertebra Zaragoza en Común (ZeC), que han optado por formalizar el recurso tras la negativa del pleno municipal a plantearlo en la vía judicial. ZeC se quedó solo al proponerlo en el ayuntamiento, donde encontró el rechazo tanto de PSOE y Cha, impulsores de la subida desde el Gobierno autonómico, como de PP y C’s, que apoyaron la medida en la tramitación de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la comunidad.

Este tributo grava con 5,095 euros mensuales el recibo de cada contador doméstico que gaste menos de cien litros diarios –hay 340.000- más 61,4 céntimos por cada metro cúbico consumido –la media de los 700.000 vecinos es de tres-, que dejaría en 76 euros anuales la subida para una familia de tres personas pese a la bonificación del 40%. Esas cifras suponen subir el recibo un 50% -tras haberse duplicado entre 2003 y 2010-, aunque una estimación del consistorio señala que el aumento sería mayor –hasta el 170% por carecer de factores de progresividad- para las familias con bonificaciones por su precariedad económica y se situaría en el entorno del 22% para la industria y en torno al 28% para el comercio.

La autonomía municipal y el principio de ‘quien contamina paga’

El recurso de inconstitucionalidad sostiene que el ICA vulnera el principio de autonomía local, por invadir la comunidad las competencias municipales en materia de suministro y depuración de agua, y que quebranta principios europeos como la recuperación de costes o el de quien contamina paga. No obstante, no incluye petición de medidas cautelares, por lo que el cobro, privatizado por 6,5 millones, depende de que el Gobierno de Aragón lo active.

El Constitucional deberá dictaminar sobre la legalidad del tributo autonómico aragonés que amenaza con elevar en más de 14 millones anuales la factura del recibo del agua de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que cifró la subida del recibo “16 millones este año y 18 el próximo”, mostró su “tremendo agradecimiento” a Podemos e IU por haber presentado el recurso contra una medida que calificó de “escarnio” dirigido a “encubrir la mala gestión en materia de agua que se ha hecho en Aragón” mediante un “plan financieramente insostenible” cuya gestión supone, “si no corrupción, sí una mala gestión”.

El secretario de Organización de IU, el zaragozano Adolfo Barrena, criticó la “ceguera que ha demostrado el Gobierno de Aragón al romper la igualdad de trato y la autonomía municipal e invadir sus competencias”, al tiempo que mostró su “convencimiento claro y absoluto” en el recurso, en el que “hemos confluido unas cuantas organizaciones políticas y sociales” –destacó- para intentar impedir una “vulneración de derechos” y buscar un “trato equitativo”.

Pedro Arrojo, diputado de Podemos por Zaragoza, resaltó que el recurso “genera un precedente a nivel estatal” que “no solo defiende la autonomía municipal” de la capital aragonesa sino que pretende combatir “los procesos de privatización del agua”. La secretaria de Análisis de su partido, Carolina Bescansa, se pronunció en la misma línea al abogar por el derecho de los ciudadanos a “unos recursos públicos no privatizados y no teñidos por la sombra de la corrupción” y a “no pagar dos veces por una misma cosa”.

Salvar el sobredimensionado Plan de Saneamiento autonómico

La implantación del ICA en Zaragoza es la piedra angular para salvar el tambaleante Plan de Saneamiento y Depuración, una sobredimensionada iniciativa de los gobiernos PSOE-Par que ha llevado a que los vecinos de ciudades como Jaca paguen por depurar sus aguas residuales seis veces más de lo que cuesta, mientras siguen sin ejecutar obras anunciadas en 1993 y transferidas hace una década. “Cuatrocientos núcleos de Aragón están siendo estafados porque pagan un impuesto por un servicio que no reciben”, señaló Eva Muñoz, de la RAPA, Red de Agua Pública de Aragón.

La implantación del ICA en Zaragoza es la piedra angular para salvar el tambaleante Plan de Saneamiento y Depuración, una sobredimensionada iniciativa de los gobiernos PSOE-Par

Su presupuesto era de 3.000 millones de euros sobre el papel, que contemplaba concesiones de veinte años para explotar las depuradoras a las empresas que las construyeran. Ocho años después, algunas empresas han rescindido los contratos, mientras el nuevo ejecutivo ha congelado los concursos para adjudicar una docena de estaciones mientras estudia como redimensionar los proyectos.

La aplicación del impuesto, que ha sido aplazada varias veces, lleva lustros tensando las relaciones entre la comunidad, que apela a la obligación moral de Zaragoza para financiar actuaciones en el resto del territorio aragonés, y el ayuntamiento de la capital, cuyos vecinos llevan pagados 324 millones en los 25 años que lleva funcionando el sistema de depuración municipal.

El consistorio, que ha recurrido el reglamento para su cobro y que rechaza entregar el padrón para que el Instituto Aragonés del Agua pase los recibos, sostiene que el hecho de contar con sus dos depuradoras propias es motivo suficiente para la exención. Sin embargo, la versión vigente de la ley señala que el ICA, que sustituye al canon de saneamiento, irá destinado también a mejorar los abastecimientos de pequeños municipios.