La empresaria Susana García-Cereceda, presidenta de Procisa, la promotora del lujoso complejo residencial y parque empresarial La Finca, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), juzgada en la Audiencia Nacional por la pieza 3 del caso Villarejo, llamada Land, ha declarado este martes tras llegar hace unos meses a una conformidad con la Fiscalía admitiendo los hechos. Así, de los 16 años que se le pedían en principio ahora se enfrenta sólo a dos por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Ha reconocido los encargos al comisario Villarejo, aunque ha negado "conflictos hereditarios" para justificar una serie de trabajos relacionados con su hermana, con la viuda de su padre y con el arquitecto Joaquín Torres.

Respecto al primer encargo que recibieron las empresas del grupo Cenyt, de Villarejo, y que tenía que ver con un pleito del grupo inmobiliario Procisa, del que García Cereceda era la presidenta, la acusada ha dicho que "estaba legitimada" para intentar conocer la situación patrimonial y de solvencia de las empresas que instaban la ejecución provisional de una sentencia que obligaba a la compañía al pago de 34 millones de euros, que junto con los intereses, alcanzaba los 50 millones.

El pago de dicha deuda hubiera supuesto probablemente la quiebra de la compañía. García Cereceda pretendía pagar la deuda con la aportación de unas parcelas, pero la sentencia de primera instancia le denegaba esa posibilidad. Se trataba de un caso de reclamación de cantidad que venía de antiguo, en el que los demandantes eran las mercantiles Cabde SL, Constructora de Viviendas Unifamiliares SL, Hogar Útil e Imce 87. 

A preguntas del fiscal, García Cereceda ha admitido los informes patrimoniales que le entregó Villarejo sobre esas mercantiles pero respecto a otro informe "personal, sobre el perfil personal de la magistrada Mónica Gómez Ferrer [jueza que dictó la sentencia letal para Procisa]", como lo ha calificado el fiscal, la acusada ha dicho que "ella no lo pidió", aunque lo conservaba en su despacho. 

Finalmente, la Audiencia Provincial admitió el recurso de Procisa y permitió el pago de la deuda con la aportación de las parcelas. 

Los otros encargos

Sobre "otros tres pasos", ha dicho García Cereceda para referirse a otros encargos diferentes a Villarejo, la accionista mayoritaria de La Finca ha dicho que no se debieron a "conflictos hereditarios". En primer lugar, le pidió a Villarejo que averiguara si su hermana, Yolanda, se había casado en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en qué régimen con Jaime Ostos. "Estaba preocupada porque mi hermana había sido incapacitada por petición de la Fiscalía y su marido se postulaba como su tutor", siendo ella una accionista de la compañía. Es una preocupación sana que yo tenía con mi hermana", ha remarcado y ha negado haber pedido el informe de antecedentes penales de Ostos en Estados Unidos que Villarejo le entregó. 

También ha confesado otro encargo acerca de Silvia Gómez Cuétara, la viuda de su padre, el constructor Luis García Cereceda, que levantó la urbanización de lujo 'La Finca' en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En este caso, ha dicho en el juicio que "se sorprendió y asustó" cuando Villarejo, "prácticamente al principio" de contactar, en las primeras reuniones, le enseñó un informe de unas 200 páginas que había elaborado otra agencia de detectives, Método 3, y que contenía extractos de las agendas personales de su padre y datos de la empresa y de sus directivos, incluida de ella misma. 

Tráfico de llamadas

La acusada ha relatado que el informe contenía "una información sólida, con cosas que podían ser más o menos reales, pero lo cierto es que hurgaba en la vida de directivos de la empresa". Así mismo ha explicado que dedujo que la agenda de su padre sólo la podía haber aportado la viuda y que ésta habría encargado a Método 3 un informe sobre Procisa. Por eso, ha justificado, "cuando me propusieron [por Villarejo] si podían encontrar algo sobre Silvia también accedí".

El fiscal le ha preguntado qué tipo de información le trasladó Villarejo sobre la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara. Susana García Cereceda ha indicado que se trataba de  información sobre las llamadas que hacía, a qué números de teléfono llamaba y con qué asiduidad, pero no el contenido de esas conversaciones telefónicas y ha negado saber cómo Villarejo obtuvo esos datos. 

Sobre el arquitecto Joaquín Torres, que había sido consejero en la compañía de García Cereceda, esta ha dicho que "estaba especialmente preocupada cuando se marchó de la compañía y empezó a aparecer en programas de televisión. Incluso en uno de esos programas llegó a amenazar diciendo que o le daba 10 millones de euros o iba a hablar de todo lo que sabía de la empresa y de la familia". Ha dicho que fue Villarejo quien le propuso obtener información sobre el arquitecto y ella accedió, pero que "no obtuvo prácticamente nada". "Que se iba al cine con algunos amigos, nada...", ha dicho. 

El fiscal ha preguntado a García Cereceda sobre los pagos a Villarejo. Según el sumario, este recibió un mínimo de 18.500 euros más IVA en 2012 y otros 275.000 euros más IVA entre mayo y diciembre de 2013. Pero la dueña de 'La finca' ha negado saber algo de los pagos y del importe que se embolsó el comisario Villarejo, en activo cuando realizó esos trabajos para una de las herederas de la familia García Cereceda.