La vida de Pili Arzuaga se detuvo camino a la cárcel de Ourense. Esta mujer de Laudio (Araba) se dirigía en su coche a visitar a su sobrina, condenada por pertenencia a ETA y encerrada a 600 kilómetros de su hogar. Aquel 1 de julio de 1990, el coche en el que viajaban Arzuaga y un amigo de la presa, Alfonso Isasi, se encontró con la muerte antes de llegar a destino. Eran, sin quererlo, unas de las primeras víctimas mortales que se registraban entre los familiares de presos vascos tras la decisión del gobierno de Felipe González de aplicar la política de dispersión contra ese colectivo.

Cuando están por cumplirse 28 años de la muerte de Arzuaga e Isasi y casi tres décadas después de que el Ejecutivo del PSOE pusiera en marcha este plan, otro gobierno socialista será el encargado de empezar a desmontarlo. Con ETA ya disuelta, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado este miércoles que acercará a cárceles de Euskadi a los presos mayores de setenta años y a aquellos que sufran enfermedades graves. Según datos publicados por el portal Naiz, a día de hoy existen tres reclusos septuagenarios, mientras que el número de enfermos asciende, en total, a 18 –de ellos, diez casos son públicos y otros ocho permanecen, por decisión propia, en el anonimato-.

El pronunciamiento de Sánchez ha sido acogido con cautela por los colectivos que trabajan a favor de los derechos de los presos. “Lo acabo de escuchar en la radio. Claro que me parece bien, pero los siguientes pasos no pueden tardar: todos los presos deben empezar a venir para aquí”, dijo a Público el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de la asociación ciudadana Sare (Red), Joseba Azkarraga, quien lleva ya largos años reclamando el fin de la dispersión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al lehendakari, Íñigo Urkullu, antes de la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa. EFE/Chema Moya

La misma cautela reina en Etxerat, la agrupación de familiares y amigos de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. De momento, los portavoces de ese colectivo han preferido no realizar ningún tipo de valoración sobre el anuncio formulado por Sánchez. En parte por cautela, pero también por desconocimiento sobre los alcances reales de sus palabras: hasta ahora sólo ha habido declaraciones públicas. Nada más.

En la biblioteca de Etxerat hay un informe que resume ese cocktail de miedo, esperanza y precaución que atraviesa ahora mismo a cada uno de sus integrantes. Se trata de un documento publicado hace un par de años bajo el título “Política de dispersión: alejamiento”. En efecto, el gobierno de González no sólo dispersó a los reclusos para que no tuvieran contacto entre ellos, sino que también los alejó a cientos de kilómetros de sus hogares. La condena abarcó entonces también a sus familiares, quienes se verían obligados a realizar gigantescos trayectos para cortas visitas. Además de Arzuaga e Isasi, existen otras 14 víctimas mortales “causadas por la política de dispersión y alejamiento”.

“Entre 1987 y 1988 se dan los primeros pasos en la política de dispersión y en el mayor alejamiento de las presas y presos políticos. La aplicación universal, sistemática y generalizada tiene lugar en mayo de 1989. Las presas y presos vascos son alejados incluso a cárceles de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla”, señala la organización en su informe. Allí destaca que “este alejamiento se justificó con razones de tratamiento penitenciario, por la conveniencia de separar al sector ‘duro’ del sector ‘blando’ o por la necesidad de eliminar ‘privilegios’”.

En esa línea, Etxerat considera que el gobierno de Felipe González consideró como “privilegios derechos reconocidos en la legislación penitenciaria”, lo cual estuvo acompañado por una “campaña mediática que debía allanar el camino a la dispersión” que incluyó informaciones “estrafalarias” sobre “banquetes de cordero asado y champán, langostas y langostinos” o la supuesta existencia de moqueta en los suelos de las celdas. A su criterio, todo aquello buscaba “dar visos de legalidad a una política de excepción cuya verdadera finalidad no convenía mostrar en aquél momento”.

En tal sentido, señala que la política de alejamiento “sigue un diseño y unas pautas muy determinadas: en las cárceles más alejadas geográficamente de Euskal Herria, se concentra el mayor número de presas y presos vascos, mientras que un número muy reducido, se encuentra en las menos alejadas”, lo cual pone de manifiesto “la intencionalidad punitiva del alejamiento”.

Los familiares de presos advertían en su dossier que esta medida implica “añadir al cumplimiento de su condena una pena que no ha dictado ningún tribunal: el alejamiento sistemático y permanente de su entorno familiar, afectivo, cultural y social”. “Este alejamiento se puede vestir de maneras diferentes, más o menos adornadas, pero tiene un significado inequívoco: destierro”, subrayaban.

Azkarraga comparte plenamente esa lectura. De hecho, recuerda que la aplicación de esta medida de excepción contra los presos condenados por pertenencia a ETA –un concepto que pocos años después se ampliaría contra militantes de distintas organizaciones de la izquierda abertzale- fue “una decisión política que no estaba sustentada en ninguna ley y que se hizo con el respaldo del PNV”. Actualmente, el partido de Andoni Ortuzar forma parte de la mayoría política vasca que reclama el fin de la dispersión.

“Fracaso”

“Aquella política de alejamiento se hizo, según ellos, con el objetivo de acabar con ETA, por lo que desde el punto de vista estratégico fue un fracaso: ETA decidió acabar con la violencia 22 años después”, subrayó el portavoz de Sare, quien también mostró el rechazo de esta asociación a la propuesta que el lehendakari Iñigo Urkullu entregó esta semana a Sánchez en La Moncloa y que ya había sido enviada el año pasado a Mariano Rajoy sin éxito alguno.

Se trata del plan ideado por el Ejecutivo de Vitoria para que los presos sean acercados a cárceles ubicadas a 250 kilómetros del País Vasco. “500 kilómetros de ida y vuelta para visitas de 30 minutos sigue siendo una vulneración de derechos”, afirmó el ex consejero de Justicia.