El Congreso ha detectado que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara publican sus reuniones con lobbies en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información.

Así consta en el primer informe realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses para analizar la aplicación del citado código ético, que también recoge varias llamadas de atención a Vox porque sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas tipo que considera no "creíbles".

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los datos obtenidos hasta el pasado mes de mayo. En esa fecha aún había un 43% de los diputados (151) que seguía sin publicar su agenda en la web, frente 198 que sí lo hacía. La Cámara cuenta con una aplicación que les permite adjuntar automáticamente a su ficha su agenda parlamentaria y también la puramente política, donde deberían incluir sus citas con grupos de interés.

En el Senado todos publican su agenda en la web aunque únicamente 17 de los 265 mencionan encuentros más allá del trabajo parlamentario. La Oficina defiende la necesidad de imprimir transparencia a estas citas para prevenir y evitar "una influencia oculta, indebida o extralimitada" de los grupos de interés y también para comprobar si estas interacciones se dan más con el parlamentario de forma individual que con las formaciones políticas.

Con el Código ético se creó la declaración de intereses económicos que deben entregar todas sus señorías cuando acceden al escaño. Este documento consta de cuatro apartados, pero cerca de la mitad de los diputados (47%) y hasta el 56% de los senadores dejó alguno de ellos sin respuesta.

El porcentaje de contestaciones roza el 100% en ambas Cámaras en el epígrafe reservado para las actividades desarrolladas en el lustro anterior que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos. Sin embargo, la Oficina ha detectado "problemas prácticos" a la hora de cumplimentar este apartado.

Al parecer, muchos interpretaron que no era necesario declarar cargos, mandatos o actividades públicas en general o que no tenían por qué hacerlo si se trataba de actividades incluidas en las declaraciones de actividades o bienes y rentas. A todos ellos se les ha recomendado que incluyan todos esos datos aunque ya estuvieran en su declaración de actividades o bienes.

También había dudas en cuanto al sentido exacto de las actividades capaces de "condicionar la actividad política". En este punto se cita el caso de los 52 diputados de Vox, que en su respuesta tipo omitieron la declaración de toda actividad previa que pudiera influir en su actividad política por entender que el compromiso que adquirieron al acatar la Constitución excluye ya esa posibilidad.

Pero la Oficina explica que "no se trata de detectar irregularidades o ilícitos", sino de conocer los intereses particulares con los que el parlamentario lícitamente ha estado en relación para poder hacer "objetivamente plausible la aparición de un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones parlamentarias".

En este sentido, la Oficina plantea una nueva redacción de este punto del Código ético para dejar claro a sus señorías que deben consignar todas sus actividades, aunque consideren que no tienen por qué generar conflicto de intereses, y todas las que les proporcionaron ingresos, incluyendo los derivados de mandatos representativos.

También les insta a concretar el nombre de su empleador y el sector al que pertenecía si trabajaron por cuenta ajena y a ser concretos en sus respuestas sin remitirse a la información que aportan en sus declaraciones de actividades y bienes, como hicieron los 52 de Vox, puesto que esos documentos sólo se refieren a su situación al inicio cuando obtienen el escaño, pero no a la de los cinco años anteriores.

Pese a todas estas llamadas de atención, la Oficina no alude a ninguna infracción por parte de Vox en el informe. Sí, reseña que un grupo pidió que abriera un expediente a sus diputados por vulneración de esta norma, pero recalca que una denuncia de este tipo ha de dirigirse los diputados o senadores de manera individual y concretando por qué se formula.

En informe también señala que en el primer año de aplicación del código ningún parlamentario alegó conflicto de intereses ni se registraron denuncias en este ámbito.

La categoría de la declaración de intereses económicos en la que faltan más contestaciones es la referida a las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos en el lustro anterior a la obtención del acta, incluidos viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que por su valor económico u otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.

Este apartado lo han dejado en blanco el 38% de los diputados y 45% de los senadores. En este caso, los 52 diputados de Vox y los 120 del PSOE optaron por respuestas tipo en las que alegaban que fueron obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales que no iban a condicionar su actividad ni a suponer conflicto de intereses.

Según el informe, sólo una decena de diputados fueron más concretos, aunque en siete casos hacían referencia a herencias (que no hay por qué declarar) o donaciones de sus progenitores. En resumen, sólo tres de los 349 diputados actuales consigna algo concreto en este epígrafe, con lo que la oficina concluye que el número de operaciones de verdadera donación consignadas ha sido "muy reducido", igual que en el Senado. No obstante, no constan denuncias ni se observan incumplimientos.