BILBAO.- Unos van de azul y blanco. Otros, de rojo y blanco. Los primeros son conocidos por el apodo de txuriurdines. Los segundos tienen el apelativo de leones. En sus 106 años de historia, los txuriurdines han ganado dos ligas. Los leones, ocho. Más allá de estas diferencias deportivas, la Real Sociedad y el Athletic Club tienen algo en común: ambas entidades deportivas reciben un controvertido trato de favor desde las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, así como de los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián.

“Esto no va contra los equipos, pero queremos aclarar ciertas cosas”, comentó a Público la concejala de Udalberri –candidatura respaldada por Podemos, Ezker Anitza (IU), Equo y Alternativa Republicana en el ayuntamiento de Bilbao-, Carmen Muñoz. En los últimos días, su plataforma ha iniciado una serie de contactos para tratar de aclarar los motivos que han llevado a la sociedad patrimonial San Mames Barria –entre cuyos titulares se encuentra la Diputación de Bizkaia y, en menor medida, el ayuntamiento de Bilbao- a “alquilar” el nuevo campo de San Mamés al Athletic por sólo 500.000 al año. “Es un alquiler que está completamente por debajo del precio de mercado, que tendría que ser de aproximadamente de dos millones y medio de euros”, apuntó Muñoz a Público.

La polémica llegaba esta misma semana a la Comisión de Hacienda de la Diputación, donde el grupo juntero de Podemos reclamó explicaciones al diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga (PNV). En dicha reunión, el responsable foral defendió el contrato firmado con el Athletic y sostuvo que a cambio de pagar un alquiler de 500.000 euros, el club se comprometía a permitir que la Diputación pudiese organizar dos eventos anuales en ese campo, además de tener derecho a utilizar el palco, algunas plazas de aparcamiento y espacios de publicidad dentro del estadio.

La respuesta no conformó a la formación morada, que este miércoles acusó a Iruarrizaga de “echar balones fuera”. “Su comparecencia acabó sin respuestas concretas a la preguntas formuladas”, afirmó la juntera de Podemos Asun Marinero, quien destacó que el diputado foral “no aclaró si 500.000 euros es un precio ajustado al precio de mercado, ni tampoco presentó un informe sobre la estimación económica del resto de prestaciones”. Además, Marinero recordó que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) mantiene abierta una auditoría sobre el pago del alquiler de San Mamés, por lo que reclamó que este organismo “actúe con celeridad”.

Sin embargo, no todo será tan sencillo. Actualmente, el TVCP tiene como número uno a José Luis Bilbao, ex diputado general de Bizkaia y, por tanto, uno de los responsables del acuerdo con el equipo rojiblanco. En el comunicado difundido este miércoles, Podemos reclamó que Bilbao –cuya designación al frente del mencionado tribunal generó el rechazo de casi todo el arco político- se inhiba de participar en esta auditoría y “no interfiera ni en el proceso ni en los resultados”.

¿Reparar o construir?

Del mismo modo, el grupo municipal Udalberri va a presentar una serie de preguntas sobre la participación del Ayuntamiento de Bilbao en la sociedad patrimonial que figura como propietaria de San Mamés. También ha mantenido contactos con los concejales de Irabazi –plataforma compuesta por Ezker Anitza y Equo- en el ayuntamiento de San Sebastián, donde aún está abierto el plazo de alegaciones contra el plan especial que permitirá la no menos polémica remodelación del campo de fútbol de Anoeta.

Las obras –dirigidas, principalmente, a aumentar el aforo del estadio- tendrán un presupuesto de 47.660.235 euros, de los cuales 36,5 millones saldrán de arcas públicas y 11,2 millones de las cuentas de la Real. A día de hoy, el club txuriurdin disfruta de las condiciones otorgadas por un convenio firmado en 1993 con el Ayuntamiento, que le alquiló el campo por cuarenta años a cambio de tres millones de euros. “Ya está hecho, pero nos parece demasiado ventajoso”, afirmó a Público Loïc Alejandro, concejal de Irabazi en la capital guipuzcoana.

Si bien aquel convenio ya no tiene marcha atrás –su duración se extiende hasta 2033-, el grupo municipal de Irabazi al menos intentará frenar el acuerdo para las obras de remodelación, tachadas de “cuestionables” por Alejandro, quien criticó el reparto de gastos. Los 36,5 millones de euros a cargo de las instituciones públicas se repartirán entre el Ayuntamiento de Donostia (16,5 millones), el Gobierno Vasco (10 millones) y la Diputación de Gipuzkoa (10 millones). “Uno de los argumentos para justificar todo esto es que la Real Sociedad es un elemento de cohesión social. Lo que yo me pregunto es si eso justifica que haya que meter tanto dinero público en un estadio”, puntualiza el concejal donostiarra.

El polémico acuerdo también está en la mira del abogado y exconcejal de Urbanismo Javier Olaverri, un viejo conocido de la Real. Hace algunos años, este letrado consiguió frenar en los tribunales otros intentos de remodelación del campo de Anoeta. Ahora tampoco quiere permitir que “en plena crisis la administración decida gastarse 36,7 millones en tirar un edificio seminuevo, cuando el actual cumple perfectamente con sus condiciones”.

Mientras termina de redactar las alegaciones contra este plan, Olaverri asegura que la Real sólo pagará el 25% de las obras gracias a una “ilegalidad manifiesta”. "Resulta que el convenio firmado con el Ayuntamiento en 1993 establece que si se hace una reforma por intereses técnicos o deportivos, la Real debe pagar el 100%, mientras que si se realiza una gran reparación en el campo de fútbol, el club debe abonar el 25%”, explicó. En este caso, la entidad deportiva argumenta que se trata de una gran reparación, algo que tanto Irabazi como Olaverri niegan de plano. “Es como decir: ‘Me voy a reparar los calcetines’. Y entonces vas a El Corte Inglés y te compras unos nuevos”, remata el abogado.