Javier Iglesias, presidente del PP de Salamanca, investigado en el 'caso primarias' sobre la supuesta financiación ilegal del partido salmantino en el marco de las primarias de 2017 ha presentado este viernes su dimisión y deja el partido en manos de una gestora hasta la celebración de un próximo congreso. Iglesias, sin embargo, sigue al frente de la Diputación de Salamanca, de la que también es presidente. 

La decisión la ha dado a conocer en la reunión que está manteniendo el comité ejecutivo provincial, donde se están configurando el comités electoral y el de campaña ante los comicios municipales del próximo año. 

Según ha relatado Iglesias a los medios de comunicación, se trata de "una decisión personal, una decisión muy meditada, que está tomada hace mucho tiempo y absolutamente razonada".

Iglesias empezó a ser investigado hace un año por un caso de financiación ilegal en las primarias de 2017, que desembocaron en la elección como candidato del PP a los comicios autonómicos del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El juez ve indicios de financiación ilegal en las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias. Si un afiliado no estaba al corriente de pago no podía participar en ese proceso electoral.

Javier Iglesias mantiene, sin embargo, su cargo de presidente de la Diputación de Salamanca. La semana pasada se negó a que se debatieran en el pleno de la Diputación dos mociones registradas en tiempo y forma por el PSOE sobre su dimisión tras la imputación por la presunta financiación ilegal del PP. El PSOE denunció la actitud de Iglesias al eliminarlas del orden del día, sin dar justificación legal ni en base a cumplimiento normativo alguno, con el único argumento de que "aquí mando yo y se hace lo que yo diga", según denunció este pasado jueves el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio.

Javier Iglesias es el gran perjudicado de la investigación judicial, en la que finalmente ha sido imputado, igual que el partido a nivel nacional, y la gerente provincial, por la presunta financiación ilegal del PP en Salamanca.

Pero quién conoce la realidad política salmantina sabe que nadie da un paso en el PP de Salamanca, ni en sus instituciones que gobiernan hace tres décadas, sin mirar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Las primarias de Alfonso Fernández Mañueco de 2017 llevan bajo sospecha desde que en 2019 una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Salamanca mostrara indicios de pruebas sobre la financiación ilegal del PP en esta provincia para llevar al actual presidente Castilla y León a ser líder de su partido en la comunidad. El objetivo era poder optar a la Presidencia en unas elecciones que perdió, pero en las que pudo hacerse con el poder gracias al pacto de Gobierno con Ciudadanos.

Desde el propio Ayuntamiento de Salamanca, donde Mañueco era alcalde, se gestó la trama ante Javier Iglesias, que tuvo que ordenar a todos los cargos públicos del PP de Salamanca aportar Dinero en negro para poder cubrir las deudas de los afiliados morosos del PP, y que pudieran votar en esas primarias a favor de Mañueco.

A su vez, Iglesias era presidente de la Diputación, desde donde se iba llamando, según información facilitada a Público, a afiliados morosos y cargos públicos para gestionar las órdenes de Mañueco.

Desde que se puso al frente en 2008, cuando sucedió a Julián Lanzarote, Javier Iglesias ha compaginado su función en el PP con la Presidencia de la Diputación de Salamanca. La carreta política de Javier Iglesias ha estado unida y subordinada a la de Alfonso Fernández Mañueco. Fue alcalde de Ciudad Rodrigo, senador y, de momento, mantiene su cargo como presidente de la Diputación de Salamanca. 

Historia de la trama

Fue el castellanoleonés Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP en Génova durante la época e Mariano Rajoy, quien en el último Congreso en el que se elige a Mariano Rajoy como presidente, en 2017, introduce la modalidad de Primarias abiertas para que los militantes puedan elegir a sus líderes.

Al organizar el congreso en Castilla y León para marzo de 2017 se descubre que se esperaba contar con 58.000 afiliados y que sólo hay 7.000, "porque todos los demás o han desaparecido o han muerto", explicaron ex cargos del partido.

Mañueco y Maíllo descubren que se necesitaba un presupuesto de unos 150 euros de media para pagar la cuota pendiente de cada afiliado moroso. Al menos 5.000 de los 7.000 que podían votar en esas Primarias no estaban al día.

El comité organizador de las primarias de Mañueco decide que el dinero con el que se van a pagar esas cuotas es de aportaciones de empresarios en dinero B y el de cargos del partido de toda Castilla y León, con representación institucional a quienes también, como ocurriera en Salamanca, se les pide en torno a 500 euros en metálico y sin justificante alguno.

"Varias empresas destacadas de la comunidad colaboran con importantes cantidades que ayudan a conseguir los casi 500.000 euros", llegó a reconocer un ex alto cargo de la Junta. Con esta cantidad en B se realizan ingresos masivos en sucursales y cajeros automáticos que van a ingresarse en las cuentas del PP de cada provincia, sin autorización ni información previa a los afiliados.