DONOSTIA.- Si todo sigue según lo previsto, en las próximas semanas los vascos serán los únicos ciudadanos de todo el Estado que tengan garantizado por ley el derecho a una vivienda. Un acuerdo histórico de tres de los grupos de la oposición en el Parlamento vasco, PSE, EH Bildu y UPyD, permitirá que previsiblemente en junio la cámara autonómica apruebe el proyecto de la Ley de Vivienda presentado en 2013 por los socialistas y que es rechazado frontalmente por el partido en el Gobierno vasco, el PNV, y por el que controla el Ejecutivo central, el PP.

El texto, que aún no se ha hecho público tras las modificaciones que ha sufrido durante el trámite parlamentario que finalizó el lunes, contempla penalizaciones y multas a los propietarios que mantengan una vivienda vacía durante más de dos años. Además, como hizo Andalucía en la pasada legislatura, recoge la posibilidad de expropiar pisos a los bancos que hayan realizado desahucios. 

En las próximas líneas se desglosan las diez principales claves de esta nueva ley pionera en el Estado, según lo explicado a Público por fuentes parlamentarias vascas:

1.- Garantiza el derecho subjetivo a la vivienda

El texto que figura en el informe de la ponencia creada en el Parlamento vasco para consensuar la ley de Vivienda, y que ha sido acordado por los grupos antes mencionados, reconoce por primera vez en España el derecho subjetivo a la vivienda. De esta forma, cuando se apruebe la norma, los vascos que cumplan determinadas condiciones económicas y que por esa situación no puedan acceder a una vivienda la podrán reclamar ante las administraciones y, en caso de que estas no le faciliten el acceso, podrá exigirla ante los tribunales. El reconocimiento de este derecho en una ley específica se suma a las ya existentes sobre el derecho a la sanidad o a la educación.

2.- Prima la función social frente a la propiedad

Las fuentes parlamentarias consultadas advierten de que la nueva ley implica un “cambio de mentalidad”, ya que prima la “función social” de la vivienda en los casos de personas en especiales circunstancias de necesidad provocada por dramas frente al derecho a la propiedad ya regulado en distintas leyes de suelo o hipotecarias. Como se explicaba en la exposición de motivos del primer texto presentado por el PSE en 2013, se trata, por ejemplo, de “atender a la situación de emergencia social provocada por dramas humanos que han llegado a que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado como consecuencia de los desahucios decretados sobre la vivienda habitual”.

3.- Penaliza a los propietarios que tengan viviendas vacías

Los propietarios que tengan una vivienda vacía durante más de dos años y que durante ese periodo no la hayan puesto a la venta o en alquiler —quedan excluidas las residencias de verano— deberán pagar a las arcas públicas vascas anualmente un canon establecido en 10 euros por metro cuadrado. El canon es progresivo y se incrementará anualmente en un 10% hasta llegar a un tope, establecido en tres veces la cuantía inicial. Por ejemplo, el propietario de una vivienda vacía de 70 metros cuadrados que lleve dos años vacía y sin salir al mercado pagará un canon de 700 euros el primer año. Al año siguiente pagaría 707 y si, una vez pasados los años, esa vivienda siguiera vacía, pagaría como máximo 2.100.

Cartel campaña Ley Vasca de vivienda País Vasco

4.- Sus impulsores auguran la bajada de los precios de las casas

Fuentes cercanas a la negociación de la ley explican que todas las herramientas puestas negro sobre blanco en la nueva normativa implicarán que en un plazo “no muy largo” todas o la mayoría de las viviendas vacías en Euskadi saldrán al mercado de manera libre, lo que implicará que una mayor oferta de pisos y casas influya en una bajada en el precio de las mismas. Actualmente el País Vasco es, junto con Madrid y Catalunya, la comunidad autónoma con las viviendas más caras de todo el Estado.

5.- Contempla la expropiación a los bancos

La conocida como Ley Antidesahucios puesta en marcha en Andalucía en 2013 y paralizada por los tribunales en enero de 2014 —el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad— también contemplaba esta opción de expropiar a los bancos las viviendas cuyos inquilinos o propietarios han sido desahuciados y no tienen dónde ir. Pero en el caso de la nueva ley vasca se especifica que la expropiación de uso se producirá cuando se produzcan impagos de hipotecas o alquileres, se vaya a proceder a un desahucio y no haya otra solución habitacional. Es decir, sólo se produciría la expropiación cuando a la familia no se le pudiera reubicar en pisos de protección oficial del municipio. En ese caso, el Gobierno vasco obligaría al banco a un alquiler forzoso, y la familia debería abonar al propietario un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos, o el 15% si esos ingresos son menores al salario mínimo interprofesional.

6.- Se contempla el pago de la renta

En el caso de Euskadi la satisfacción de esas cuotas establecidas podría estar garantizado ya que muchos de los afectados podrán estar cobrando la Renta de Garantía de Ingresos, vigente en la comunidad a pesar de la polémica. Además, en el País Vasco también existe como derecho subjetivo una prestación complementaria de vivienda.

7.- Impulsa políticas públicas de alquiler al 100%

La ley establece que en cinco años todas las políticas públicas serán de alquiler, por lo que obligará a los consistorios y demás administraciones a dejar de construir pisos de venta protegidos. Fuentes socialistas consideran que “si se consigue sacar al mercado la vivienda vacía, los precios se ajustan a la realidad social, los ciudadanos se acostumbran a no tener que comprar necesariamente porque no les compense el alquiler, las viviendas se mantienen actualizadas en función de las necesidades de la población y, como consecuencia, también se gastará menos dinero público en ayudas para completar los gastos de vivienda”.

8.- Crea un único organismo para gestionar las políticas de vivienda

Hasta el momento en Euskadi existen tres instituciones encargadas de gestionar las políticas de vivienda. Orubide es la operadora pública que adquiere, gestiona y urbaniza suelo sobre el que construir viviendas. Visesa promueve vivienda nueva de protección oficial, de alquiler y tasada. Y Alokabide es la sociedad pública del Gobierno Vasco que se encarga de gestionar el alquiler protegido y tramita ofertas de venta de viviendas de protección oficial. La nueva ley creará un único organismo autónomo con el objetivo de “gestionar con agilidad, eliminar duplicidades y solapamientos y ahorrar en estructuras administrativas”, explican fuentes parlamentarias socialistas.

9.- Se estima que costará 75 millones de euros al año

El Gobierno vasco que preside el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que está en contra de la aprobación de la nueva norma, contabiliza en 750 millones de euros el coste de la aplicación de la ley en 10 años, lo que se traduce en unos 75 millones anuales. El presupuesto anual de las arcas públicas vascas suele rondar los 10.500 millones de euros de los que 3.000 se destinan a políticas de sanidad, o 2.500 a educación.

10.- Nace con el rechazo de PNV y PP

El PNV, partido con mayoría en el Parlamento Vasco, y el PP, cuarto partido de la cámara, votarán en contra de la ley. Desde el Gobierno vasco su portavoz, Josu Erkoreka, argumentó este martes que la nueva norma es “inasumible” económicamente, y que podría producir un “efecto llamada” a nivel mundial. "Podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda", aseguró, según informa Europa Press. Se da la circunstancia de que estos mismos argumentos son los que utiliza el PP para criticar la Renta de Garantía de Ingresos que sí respalda el PNV. Los conservadores, en palabras de su secretaria general en Euskadi, Nerea Llanos, han considerado, por su parte, que la Ley de Vivienda no solventará la actual situación del mercado de vivienda porque sólo servirá para "generar falsas expectativas" al contener "medidas populistas" que "pueden quedar en agua de borrajas si no cuentan ni con la financiación ni la seguridad jurídica necesarias", informa Efe.