El 14 de abril de 2010 el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel y dos víctimas de la dictadura franquista con residencia en Argentina (Inés García Holgado y Darío Rivas) acudieron a los juzgados de Buenos Aires. La razón: interponer una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo. La causa abierta en España por el juez Garzón había terminado en nada y con el propio juez procesado. Ya habían pasado 32 años desde la aprobación de la Constitución de 1978 y los crímenes del franquismo seguían impunes. 

"En España hubo un genocidio en cuanto que hubo el propósito por parte de quienes se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República de eliminar de la sociedad española a grupos humanos, sociales, culturales, políticos, sindicales, agrarios, obreros... para crear una sociedad distinta, de recrear, de remodelar la sociedad española, como efectivamente consiguieron", explicaba entonces el abogado Carlos Slepoy. "El interrogante es qué se quiere ocultar en España", se preguntaba el Nobel Pérez-Esquivel en una entrevista concedida a Público sólo un día antes de la presentación de la querella. 

Junto a ellos estaban Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras ser encarcelado cuando era alcalde de Salamanca; y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei (Lugo). Rivas había conseguido en 2005 rescatar los restos mortales de su padre de una fosa común. Nueve años después, con 90 años, acudía a la Justicia de Argentina para poner fin a la impunidad franquista: "Sólo quiero el resto de víctimas que puedan sentir el mismo alivio que yo", indicaba Darío en una entrevista con Público. 

El plan de los juristas Carlos Slepoy y Ana Messuti, que había sido promovido e impulsado por la ARMH, anunciaba que en los próximos meses cientos de víctimas de todo el Estado español se irían uniendo paulatinamente a la querella. Había que recorrer cada localidad de España, cada Ayuntamiento para conseguir los testimonios de la represión franquista. Y así fue. 

La querella argentina fue creciendo con los casos de los incontables desaparecidos durante el franquismo; los bebés robados, los torturados en el tardofranquismo; mujeres que habían sufrido los preventorios franquistas; y con familiares de asesinados como Salvador Puig Antich. "El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo", decía cinco años después Carlos Slepoy a Público, en 2015. 

Los éxitos comenzaron a llegar. Por un lado, decenas de consistorios y comunidades autónomas del país se adhirieron a la causa mostrando la fragilidad de la tesis de la impunidad franquista en el país e incluso presentaron sus propias querellas en juzgados españoles. Por otro, la opinión pública comenzó a conocer casos que, hasta la fecha, apenas tenían cabida en periódicos y telediarios.

Ascensión Mendieta consiguió recuperar los restos de su padre gracias a la Justicia de Argentina y al trabajo y solidaridad de la ARMH y un sindicato noruego. Mendieta, además, se convertía en símbolo de toda una generación que jamás olvidó el asesinato de los suyos y luchó hasta el final por recuperar sus restos.

El policía González Pacheco, alias Billy el Niño, comenzó a aparecer en tertulias televisivas y sus torturas, y reconocimientos, llegaron al Congreso. La propia Justicia de Argentina reclamó su extradición y la Audiencia Nacional tuvo que pronunciarse en contra de la misma poniendo negro sobre blanco que España no juzga los crímenes del franquismo ni tampoco permite que otros países lo hagan en nombre de la justicia universal.

Ministros de la dictadura como Fernando Suárez y Utrera Molina o de la Transición, como Martín Villa, fueron imputados. También médicos, policías y jueces. Los organismos de Derechos Humanos aumentaron su vigilancia a los gobiernos españoles. La ONU y sus mecanismos de vigilancia denunciaron la impunidad e instaron a las autoridades españolas a derogar o modificar la Ley de Amnistía y a buscar a los desaparecidos. 

Diez años después de su inicio la querella argentina sigue viva y sus efectos en España se siguen notando. El exministro Martín Villa tiene pendiente acudir a declarar ante la jueza por su posible responsabilidad en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, entre otros casos; y en el juzgado argentino se continúan acumulando denuncias y querellas que dan una idea de la ingente cantidad de violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Los últimos en sumarse, de hecho, han sido descendientes de españoles que fueron asesinados en los campos de concentración nazis con el conocimiento de los responsables de la dictadura. 

Por el camino, sin embargo, fueron murieron muchos de los protagonistas de estos diez años de lucha judicial al otro lado del Atlántico. Carlos Slepoy falleció en 2017 tras toda una vida luchando contra la impunidad de los regímenes dictatoriales en España y Sudamérica. También María Martín, que conmovió a medio país con su participación en el documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Ascensión Mendieta falleció en 2019 tras haber conseguido su objetivo de dar digna sepultura a los restos de su padre. Por último, el que fuera preso político de la dictadura Chato Galante y voz de los torturados por la dictadura falleció hace apenas quince días. 

El esfuerzo de víctimas de la dictadura, de hijos, hijas, nietos y nietas por acabar con la impunidad franquista, no obstante, sigue adelante. La querella argentina sigue abierta, la jueza María Servini aguarda a la evolución de la covid-19 para regresar a España; y las víctimas y asociaciones memorialistas continúan interponiendo denuncias también ante los juzgados españoles.

Han pasado 10 de años desde el inicio de este proceso judicial. Cuarenta y dos años desde la aprobación de la Constitución y España sigue sin conocer cuántos muertos dejó el franquismo en las cunetas, cuántos bebés se robaron ni cuántos policías y jueces violaron derechos fundamentales en nombre de una dictadura para, al día siguiente, defender la Constitución. El camino está siendo largo, pero, en un camino lleno de trampas, aún resuenan las palabras de Carlos Slepoy: "Las batallas por los derechos humanos siempre se ganan".