Así desgasta Feijóo la sanidad pública para llevar a los pacientes a los hospitales privados

La estrategia de desinversión y depauperación de la sanidad pública que ha ejecutado la Xunta de Galicia desde que Feijóo la preside se puede constatar con cifras y con estadísticas. Pero también con los casos individuales de pacientes que han sido desatendidos y que, en algunos casos, han tenido que optar por tratarse en centros privados para asegurarse la atención médica que necesitan.

Para la oposición, los sindicatos y las asociaciones de defensa de la sanidad pública de la sociedad civil organizada, esa es precisamente la intención del Gobierno gallego: minar poco a poco la confianza en el sistema público de salud para favorecer la deriva de pacientes a los hospitales de pago y la contratación de seguros privados.

Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2008 los hospitales de Galicia tenían 9.919 camas en funcionamiento, de las que en la actualidad quedan 8.906. Es decir, que entre el 2008 y el 2019 se han eliminado el 10,2% de las camas que estaban en funcionamiento antes de que Feijóo llegara a la Xunta.

Si en el 2008 había 3,6 camas por cada mil habitantes, en el 2019 eran 3,3, pese a que en ese mismo período la población de Galicia cayó en cerca de 85.000 personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre ocho y diez camas hospitalarias por cada mil habitantes.

Lo mismo sucede con las listas de espera quirúrgicas: han crecido en cerca de 6.000 personas desde el 2009, según el IGE. Más de un 17%. Esas son las estadísticas, pero los números tienen un reflejo real en la vida de las personas que se ven afectadas por este proceso.

Problemas en las listas de espera

La Asociación de Pacientes e Usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago -la gerente del área sanitaria es Eloína Núñez Masip, prima carnal del presidente de la Xunta- ha recogido para Público algunos casos recientes que dan testimonio de la gravedad de la situación.

Es el caso de M.M.R, afectado por una escoliosis, una desviación de columna con prioridad dos. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica en un plazo máximo de noventa días y, después de varias denuncias, fue operado este año transcurridos 387 días desde el diagnóstico.

Este mismo año, a una mujer en tratamiento contra el cáncer de mama le indicaron que la primera consulta de seguimiento se la harían once meses una vez iniciado el proceso. Los protocolos del Servicio galego de Saúde (Sergas) indican que las consultas de seguimiento para casos como el suyo deben hacerse con una cadencia de entre cuatro y seis meses durante los primeros cinco años tras el diagnóstico, y sólo a partir de entonces con carácter anual.

También este año, un niño que precisaba una intervención quirúrgica -máximo de 180 días de espera- y que fue incorporado a lista de espera el 5 de abril, aún no había sido citado para el preoperatorio a principios de este mes. Es decir, medio año después. A sus padres tampoco les han ofrecido otra alternativa de asistencia, pese a que la normativa autonómica establece que el Sergas tiene la obligación de hacerlo transcurridos 140 días.

La asociación también denuncia que el centro de salud de Conxo, en un barrio de la capital gallega, estuvo hasta mayo de este año sin personal fijo, lo que provocó suspensiones "periódicas y aleatorias" del servicio que dejaron a los niños de cero a catorce años "privados de atención pediátrica" durante semanas. Y que el Sergas despidió a dos radiólogos del servicio central de radiología del hospital a pesar de que había casi 7.000 pacientes en lista de espera para una prueba radiológica y centenares más "con dolencias graves e invalidantes que precisan un control periódico de su estado de salud".

"La decisión resulta aún más inaceptable desde el punto de vista del interés general, pues se continúan solicitando estudios a la sanidad privada en un alarde claro de precarizar los servicios de titularidad pública en favor de los operadores económicos privados", dice Fernando Abraldes, portavoz de la asociación.

Un desgaste para favorecer la empresa privada

En Galicia hay muchos pacientes que optan por acudir a la sanidad privada para recibir atención. Como le sucedió a una mujer de 93 años de O Barco de Valdeorras con una lesión cutánea que, según le advirtieron, no podían tratarle en el hospital público de la localidad porque allí no hay dermatólogo. Le dijeron que tenía que ir a Ourense, a tres horas en el trayecto de ida y vuelta por por carretera, al menos tres veces.

Su hija, que prefiere guardar su anonimato y el de su madre, explica que la familia convenció a la mujer para que desistiera y acudiera a un dermatólogo privado local. Lo hizo y pagó 90 euros por las consultas y el tratamiento. Si hubiera ido a Ourense, se habría gastado el doble en un sólo viaje en taxi. No es un caso aislado. El yerno de la misma mujer tuvo que esperar dos años y medio para un tratamiento de rehabilitación de rodilla. El mes pasado, Público se hizo eco del caso de otra paciente de O Barco de noventa años de edad con una lesión de muñeca, a la que el Sergas le dio cita para diciembre del 2022 para retirarle la escayola.

En el hospital de Valdeorras no hay dermatólogo, y sólo un traumatólogo. Hay quien dice que ni siquiera se le puede llamar propiamente "hospital". "Lo que están haciendo es ir reduciendo la actividad hospitalaria para convertirlo en un pequeño centro de especialidades. No es una opinión política, no hay más que ver los datos", señala Aurentino Alonso, teniente de alcalde de la localidad y diputado provincial.

El pleno de O Barco aprobó hace unas semanas una moción de Jesús Vilasánchez, del Bloque Nacionalista Galego, en defensa del hospital y en apoyo de las concentraciones que todos los miércoles a las doce hacen los vecinos del pueblo. La moción denuncia que al menos una veintena de médicos adscritos al centro local han sido "prestados" a otros hospitales, lo que lo ha dejado en la práctica sin facultativos adscritos a varias especialidades que hoy no pueden atenderse por falta de personal.

La llegada de Feijóo, clave

"La destrucción del hospital público de Valdeorras no comenzó recientemente", dice la moción de Vilasánchez. Eloína Núñez fue nombrada gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense en mayo del 2009, pocos días después de la primera investidura de Feijóo. La Xunta acabaría integrando el hospital de Valdeorras en el área sanitaria de Ourense, de la que ella también fue gerente.

Feijóo la ascendió en el 2017 a gerente del área de Compostela y la incluyó como vocal en el Comité Executivo del PP de Galicia, la dirección política del partido en la comunidad, en el congreso que la formación celebró el pasado mes de julio. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se afilió al PP pocos días antes de esa cita, de la que salió con el cargo de coordinador de Sanidade del mismo Comité Executivo. Feijóo acaba de nombrarle coordinador del partido en Vigo.

Según el informe Diagnóstico de la Sanidad en Galicia 2019 de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal), hay una "creciente percepción de que la sanidad gallega ha empeorado" en los últimos años. Según sus datos, extraídos de fuentes oficiales, la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público ha caído en más de doce puntos sólo desde el 2012, mientras la percepción de que el sistema necesita "cambios fundamentales" ha crecido otros doce puntos.

Al mismo tiempo, la preferencia por la atención sanitaria privada ha aumentado desde el 15,9% hasta el 21,68% para la atención primaria, y desde el 26,5% hasta el 32,9% en atención especializada. El informe de Ahosgal también señala que cada vez son más los gallegos y gallegas que prefieren ser hospitalizados en centros privados o atendidos en las urgencias de los hospitales de pago.