El franquismo utilizó variados instrumentos judiciales especiales para reprimir a sus opositores y estos métodos cambiaron con el tiempo. Tras las ejecuciones extrajudiciales de los primeros momentos que siguieron al golpe faccioso de julio de 1936 y los procedimientos sumarísimos que también se instruyeron por militares, fue la justicia militar la encargada de perseguir a los opositores, especialmente comunistas, anarquistas y maquis. También durante la postguerra se crearon los tribunales especiales contra la masonería y el comunismo -enemigos clásicos del régimen- y el de responsabilidades políticas, con el que fueron castigadas las familias de los opositores incluso después de haber sido estos asesinados en las primeras semanas de la guerra civil. Y ya durante el tardofranquismo y hasta la el inicio de la transición funcionó otra jurisdicción especial, el Tribunal de Orden Público, el tristemente célebre TOP.

Sin embargo, no se tenía conocimiento de la existencia del denominado Juzgado Nacional Especial de Propaganda Ilegal, vigente desde mayo de 1957 hasta diciembre de 1963. Su descubrimiento documentado se debe a la concienzuda investigación del ex magistrado malagueño Juan José del Águila que sorprendió con su novedosa comunicación a los asistentes a las II Jornadas de Archivos, Derechos y Víctimas del Franquismo, celebradas hace unos días en Madrid.

Del Águila, que durante su juventud fue encausado y encarcelado por el TOP y que también defendió ante este tribunal tardofranquista a algunos opositores, sostiene la tesis de que este extraño juzgado fue constituido de forma irregular por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, ya que la entonces vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal no contemplaba la creación de un juzgado especial que pudiera tener competencia estatal, salvo para casos concretos en que se elegía a un juez para instruir un sumario específico. Sin embargo, este juzgado funcionaba para instruir casos de propaganda ilegal indeterminados que a la hora de ser juzgados pasaban a las audiencias provinciales para que dictaran sentencia en cualquier lugar de España según el lugar donde se hubieses producido los “delitos”. Y fue así, tirando del hilo de un caso concreto juzgado por la Audiencia Provincial de Bilbao en 1960, como este ex magistrado y represaliado del franquismo tuvo conocimiento de la existencia de dicho juzgado gracias al joven investigador vasco Gaizka Fernández que se encontró con esa sorpresa en los archivos judiciales.

Durante los 6 años y medio de su funcionamiento, este Tribunal Nacional Especial de Propaganda Ilegal tuvo su sede en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 13 de Madrid, cuyo titular Jacinto Blanco Camarero compaginó siempre ambas tareas a cambio de percibir una gratificación extraordinaria, una especie de pluriempleo con plus salarial de represión, y “además disfrutaba de un ‘Mercedes’ del Ministerio de Justicia para sus desplazamientos”. Jacinto Blanco vería premiado su rigor inquisitorial acabando su carrera como magistrado del Tribunal Supremo.

El régimen franquista decidió modificar sus instrumentos judiciales represivos a finales de los años 50 para hacer frente a los nuevos retos de las protestas universitarias que se produjeron en 1956. El perfil de estos nuevos opositores no era el de la postguerra hegemonizado por los comunistas, sino por “hijos de los jerarcas vencedores de la guerra civil a los que había que atacar fundamentalmente en el ámbito universitario”. Entre ellos había socialistas que durante la transición democrática y años posteriores tuvieron importante protagonismo político, pero también había monárquicos de la órbita de Don Juan de Borbón y hasta falangistas críticos como Dionisio Ridruejo -que fundaría un partido socialdemócrata-, que serían encausados por dicho juzgado.

Interventores en las II Jornadas de Archivos, Derechos y Víctimas del Franquismo, celebradas hace unos días en Madrid.

Entre los socialistas cabe destacar un sumario incoado contra contra Luis Gómez Llorente, Miguel Ángel Martínez y Miguel Boyer que sería ministro de Economía y Hacienda con Felipe González. Juan José del Águila cuenta que “Gómez Llorente y Miguel Ángel Martínez fueron condenados por propaganda ilegal a 7 meses de prisión menor, mientras que Boyer fue absuelto tras un registro domiciliario en que no le encontraron multicopistas como a los otros dos, que se comieron el marrón”. El jurista investigador recuerda que Franco se lamentaba entonces de esas crecientes protestas surgidas en el seno de la clase media diciendo: “los hijos de nuestros amigos nos abandonan”. También sería perseguido por el implacable juez Blanco Camarero el que sería alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván y su correligionario del Partido Socialista Popular (PSP) Raúl Morodo.

Juan José del Águila contextualiza diciendo que pese a su esencial e intrínseco afán represivo, la dictadura no tuvo más remedio que moderar sus métodos en los años 50 también condicionada por los acuerdos con la Santa Sede y con los Estados Unidos, dejando a un lado las formas extremas de la justicia militar que condenaron a muerte a tantos miles de opositores. “No deja de ser curioso -comenta Del Águila- cómo la prensa de entonces informaba sobre los encausados por ese hasta ahora desconocido juzgado contra la propaganda ilegal anteponiendo el don antes de sus nombres, signo inequívoco de que eran hijos de familias consideradas leales al régimen”.

Juan José del Águila durante su intervención en las II Jornadas de Archivos, Derechos y Víctimas del Franquismo, celebradas hace unos días en Madrid.

Otro ejemplo inequívoco de ese insaciable espíritu inquisitorial, que no reparaba en instruir sumarios incluso contra la nobleza, es el del aristócrata sevillano muy crítico con el régimen por sus convicciones monárquicas Ignacio Romero de Solís, a la sazón Marqués de Marchelina. También fue encausado por propaganda ilegal un conservador crítico del régimen y también afín a Don Juan de Borbón, como José María Ruiz Gallardón, padre del que en democracia sería alcalde de Madrid por el PP y que llegaría a ser secretario general adjunto de la fraguista Alianza Popular.

El primer sumario del juzgado fue instruido en mayo de 1957 contra Antonio Menchaca Careaga, representante de la alta burguesía vasca que había participado en la Marina franquista y que fue expulsado por monárquico liberal, al ser descubierto buzoneando un manifiesto contra la dictadura firmado en París. La última causa de este juzgado inculpó en 1963 a los 102 intelectuales que denunciaron en una carta dirigida al entonces ministro Manuel Fraga las torturas policiales contra los detenidos por las huelgas mineras del Norte.

Pese a sus 75 años y llevar ya tiempo jubilado, Juan José del Águila no para de investigar con conocimiento de causa. Su importante descubrimiento de este desconocido instrumento judicial del franquismo debe servir -según él- para que jóvenes generaciones de investigadores se sumerjan en los archivos, tan descuidados y desordenados, y saquen a flote pese a su dispersión la realidad histórica oculta de este Juzgado Nacional Especial de Propaganda Política, sobre el que Del Águila pone a disposición pública el resultado de sus averiguaciones en el blog titulado justiciaydictadura.com.