El 4 marzo de 1.981, dos meses y seis días antes del mayor crimen de Estado de la Transición española, el conocido caso Almería (donde asesinaron a tres jóvenes confundidos por un comando de ETA) se vivía otro caso impune. Una víctima más del tardofranquismo, asesinada por un balazo de goma propinado por la Guardia Civil. La jornalera se llamaba María Asencio Morales. Y tenía 32 años de edad.

Asencio acudía, como tenía previsto, a la manifestación que se celebraba en su barrio de Overa (municipio de Huércal-Overa, Almería). "Más de ochenta vecinas salieron al camino para impedir que una empresa privada de origen catalán, Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., le quitara el agua de sus tierras para privatizar sus pozos", aclara a Público el periodista Antonio Torres, corresponsal de aquellos años en la zona.

La marcha no fue multitudinaria pero sí estaba repleta de mujeres y niños que pedían simplemente agua para los cultivos. Uno de los bienes más preciados en esta tierra desértica. Asencio y las familias implicadas querían continuar la plantación de naranjas y limones en sus huertos. Ningún vecino estaba dispuesto a ceder. Eran ya cuatro años de litigios con la empresa que seguía con el plan de instalar tuberías subterráneas para acabar con los pequeños pozos. Asencio pondría todo su empeño en organizar aquella manifestación. Al fin y al cabo, aquella tierra era el sustento de su marido Baltasar Venancio Sánchez y el de sus dos hijas.

"María Asencio encabezaba la marcha", señalan las crónicas de la época. Nadie imaginó horas más tarde, con la llegada de los agentes de la Guardia Civil, el trágico final. Torres, corresponsal de Diario 16, destaca a Público que "mientras los agentes intentaban mantener el orden y decretar la dispersión, Asencio fue víctima de un "pelotazo" a corta distancia", perdiendo la conciencia en el acto y desangrándose entre los manifestantes.

La escena era muy confusa. La cabeza destrozada de Asencio paralizó la represión policial. Su agonía duró diez días más en la residencia de la Seguridad Social de Murcia, donde falleció el 14 de marzo de 1981.

"En aquellos años el periodismo se hacía en la calle, sin tanto gabinete", apunta Torres, que acudió, al conocerse la noticia, a la comandancia de la Guardia Civil junto al director de La Voz de Almería, Pedro Manuel de la Cruz. "Nos plantamos en el despacho del jefe de la Guardia Civil, Castillo Quero, para recabar su opinión". Allí observaron a una persona que "se puso a llorar sinceramente". Pero Torres no olvida que este alto mando fue uno de los responsables directos, en mayo de 1981, de las torturas a los tres jóvenes del caso Almería en otro municipio almeriense, Pechina. "Con lo ocurrido en ese caso, se me rompieron los esquemas", señala el periodista. En las declaraciones a los medios, Castillo Quero sería firme con una versión oficial sobre la muerte de Asencio: "Todos los guardias que iban en la caravana cumplieron con la obligación y órdenes decretadas". 

La Guardia Civil mantenía así el relato de los hechos. La mujer fue arrastrada por los manifestantes. Al disolver los agentes la concentración, "cayó al suelo y se golpeó lamentablemente en la cabeza con una piedra o la reja de un arado". Torres siguió hablando con vecinos. No quería tampoco dejar de lado otra pieza fundamental como testimonio, un médico de Albox que había visto el cuerpo de Asencio tras el brutal "pelotazo". "Sólo me dijo una cosa clara, y es que esa herida sólo podía haberla hecho un culatazo de fusil de uno de los guardias civiles".

¿Cómo luchó para pedir justicia la familia de Asencio ante los tribunales herederos del régimen franquista? Baltasar Venancio Sánchez Alarcón, marido de la víctima, tenía 37 años cuando ocurrieron los hechos. No dudó en coger las riendas del caso para investigar este crimen impune de la Transición. Y que ya empezaba a olvidarse. Luis Ocaña, abogado experto en esta etapa política, apunta a Público que "la primera batalla que inicia este joven fue en el juzgado de Huércal-Overa,  siendo sobreseída por falta de pruebas".

El caso llega hasta la Audiencia Provincial de Almería para pedir el procesamiento de un capitán de la Guardia Civil. La justicia volvió a hacer caso omiso. Ocaña señala que Baltasar intentó agotar todas las vías hasta llegar a interponer "un recurso de amparo en el Constitucional cinco años después" del asesinato de María Asencio. El fallo llega en julio de 1986. Al marido de Asencio se le deniega el amparo solicitado. La Sala concluye que "los indicios racionales de criminalidad contra la víctima, no se daban en absoluto".

El encuentro que se celebra en Cádiz a partir de este lunes, permitirá a las víctimas reflexionar sobre la impunidad y la falta de pruebas de prácticamente la totalidad de los casos de la Transición. Olivia Carballar, autora del libro Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la Transición afirma a Público que "no solo es desconocido el caso de Asencio. Javier Verdejo fue otro joven estudiante de Almería que aquellos años no pudo concluir las palabras 'Pan, Trabajo y Libertad' mientras las escribía en una pared, recibiendo un tiro en la espalda". O el caso de "Francisco Rodríguez Ledesma, el albañil que murió en 1978 tras recibir un tiro en una esquina en El Cerro del Águila, en Sevilla", entre muchos otros casos.

Luis Ocaña afirma a Público que "las víctimas no piden otra cosa que luz sobre los casos, datos oficiales sobre qué ocurrió realmente aquellos días". Este abogado es uno de los organizadores del congreso Víctimas de la Transición. Luchando contra el silencio y el olvido, que se celebra desde el lunes 12 al 14 de julio en la Universidad de Cádiz.

El encuentro tratará sobre la ley de secretos oficiales, que se cierne sobre todos los sumarios de estos años. "Por culpa de esta ley sólo conocemos la Comisión de Encuesta del Congreso del caso García Caparrós (asesinado a balazos en una manifestación por la autonomía andaluza en 1977). No la documentación administrativa". Lo mismo ocurre con otro de los casos más sangrantes, el caso Almería: "Hubo sentencia condenatoria por lo penal, el resto de la documentación oficial del Ministerio del Interior está oculta".

Por último, otro de los testimonios que saldrán a debate en el Congreso será el crimen de Arturo Ruiz, asesinado en una manifestación pro amnistía en Madrid el 23 de enero de 1977, o el caso Germán Rodríguez Saiz, asesinado durante los sanfermines de 1978. Sus hermanos, Manuel Ruiz y Fermín Rodríguez,  expondrán la dureza de seguir en este proceso de reconocimiento de víctimas, tras cuarenta tres años de democracia.