A cualquier nuevo gobierno se le otorgan cien días de margen, a partir de los cuales se entiende que hay rienda suelta para escrutar si lleva rumbo a buen puerto o hay motivos suficientes para dudar de los compromisos adquiridos.

A propósito de la investidura de Pere Aragonès, nuevo presidente de la Generalitat, algunas voces ya advertían que los cien días habían quedado amortizados por los tres meses que su partido, ERC, y JxCat tardaron en cerrar un pacto de gobierno. Así lo manifestaba la semana pasada Xavier Pellicer, portavoz de la CUP, que tras votar a favor de la investidura de Aragonès, indicaba: "Nuestros nueve votos no son un cheque en blanco. Son a cambio que se respete el acuerdo firmado con ERC, que contempla políticas a favor de la mayoría social y un nuevo embate democrático contra el Estado".

Cuando aún se van conociendo el nombre de los consellers del nuevo Govern, la paz ha saltado por los aires con el enésimo desahucio ejecutado este martes por la unidad antidisturbios de los Mossos de Esquadra (la Brimo), en Barcelona.

Una actuación que ha llevado a Pellicer y a otros cargos electos de la CUP a calificar de "pésimo" el estreno de Aragonès, recriminándole que se haya saltado una de las líneas rojas del documento sellado entre ambas formaciones: que el operativo de la policía catalana desaparezca de los desahucios.

"Sin esta medida y otras de gran calado, entre ellas la creación de una banca pública, una Renta Básica Universal o la protección de los derechos fundamentales, dejaremos caer este gobierno",  insistía la diputada anticapitalista Dolors Sabater antes que la CUP aupara el líder de ERC a la presidencia. Tras el incidente de este martes, en el cual estuvieron presentes Pellicer, Sabater y otros dirigentes cupaires, todo indica que la legislatura será un germen de inestabilidad.

La espada de Damocles

El acceso a una vivienda digna es una de las banderas referentes de la izquierda independentista y, por extensión, de los movimientos sociales en Catalunya. Muy en particular en las grandes ciudades del país. Solo en Barcelona, el Sindicato de Inquilinos cifra en 13.000 el número de pisos vacíos, haciendo buena aquella máxima según la cual "gente sin casas, casas sin gente".

Este déficit estructural, que la pandemia ha puesto de relieve de forma cruda, se ha acrecentado los últimos años con la entrada de los fondos de inversión, los cuales se han dedicado a la compra vertical de bloques con el fin de alterar el mercado inmobiliario. En los barrios más céntricos de Barcelona, alquilar un piso de 50 m2 cuesta al entorno de 1.000 euros al mes, una cantidad no muy superior a la que ya ofrecen pisos de las zonas más apartadas o limítrofes con la capital catalana.

Según el Sindicato de Inquilinos, con este encarecimiento, la vivienda ya supone el 70% de la economía de una familia de renta media, un sector de población que, con el nuevo ciclo de precariedad, tiene que hacer malabarismos para llegar a fin de mes, cuando no pesa sobre ella la amenaza del desahucio.

En este sentido, las estadísticas son demoledoras: solo en 2020, Catalunya registró 5.737 desahucios (15 al día), que llegaron a 1.028 en Barcelona; y a tenor del contexto de recesión derivado de la crisis sanitaria, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) augura que las cifras podrían dispararse estos próximos meses pese a los decretos que el Gobierno aprobó para suspender las ejecuciones que afectan a familias en situación vulnerable.

Para la CUP, expropiar los pisos vacíos, fortalecer el parque de vivienda pública y habilitar una salida duradera para las personas sin alternativa habitacional es una prioridad de esta ciclo político que se abrió el pasado viernes en Catalunya, de manera que cualquier desahucio supone un torpedo en la línea de flotación para el nuevo ejecutivo catalán.

El inicio de legislatura, pues, no ha tardado en poner de relieve las coordenadas sobre las cuales se dirimirá su legitimidad. Ya no respecto al conflicto con el Estado (para el cual el independentismo ha consensuado dejar un margen de dos años para que la Mesa de diálogo dé algún fruto), también los aspectos que gravitan en el bienestar de la ciudadanía, como son el derecho a unos servicios públicos de calidad y a una vivienda digna.

Dos reivindicaciones de las cuales el anticapitalismo y la CUP han hecho su capital político y que, si Aragonès no consigue encauzar, pueden dar al traste con las expectativas del nuevo Govern de coalición.