Que 2021 sería el año de la derogación de la reforma laboral es un mensaje que se ha trasladado en numerosas ocasiones por parte del Ministerio de Trabajo. En concreto, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha señalado que esta cuestión se llevaría al diálogo social cuando concluyeran los trabajos de la mesa que aborda la regulación de las denominadas plataformas digitales. Ese momento ya ha llegado, después de que este miércoles el Gobierno haya reunido por última vez este foro, donde se ha consensuado el reconocimiento de los riders como asalariados.

Ahora se abre un periodo en el que el Ejecutivo se prepara para afrontar una de las negociaciones más importantes y complejas de la legislatura, después de que el PSOE y Unidas Podemos acordaran derogar la reforma laboral en su acuerdo de coalición. La apertura de esta mesa de diálogo no será inminente, ya que la patronal y los sindicatos han acordado mantener una reunión de carácter técnico para consensuar el calendario y la forma en la que se llevarán a cabo los trabajos.

En el Ministerio de Trabajo son conscientes de que esta reforma causará ampollas, especialmente entre un empresariado que parte de la postura de conservar el marco actual de las relaciones laborales  y, por lo tanto, del rechazo a cualquier tipo de modificación.

En este sentido, la ministra de Trabajo ya ha advertido de que si la patronal se levanta en algún momento de las negociaciones ante la falta de acuerdo, el Gobierno legislará de todas formas, porque lo contrario sería otorgar "derecho a veto" a una de las partes: "El diálogo social es un proceso, no un resultado. Lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo", aseguró la pasada semana durante un coloquio organizado por Espacio Público.

En este mismo foro, Díaz también quiso dejar claro que lo que se abordaría es la derogación de la reforma laboral, planteada en esos términos, ya que "el acuerdo de Gobierno es muy claro", en referencia a la posición que ha manifestado en alguna ocasión el PSOE sobre derogar "los aspectos más lesivos".

Aunque la negociación se presenta como un proceso complejo que se extenderá en el tiempo, algunas de las reformas comprometidas podrían llegar antes del verano (en concreto en el denominado primer bloque, que aborda cuestiones como la negociación colectiva, las cláusulas de descuelgue salarial y la subcontratación empresarial). En primer lugar porque en materia de reforma laboral ya se habían producido importantes avances en este bloque antes de la pandemia, tanto durante el mandato de Yolanda Díaz como en el de la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.

La urgencia de abordar los "descuelgues salariales"

Y en segundo lugar porque los sindicatos han insistido en que estas reformas deberían acometerse antes de que se iniciara el proceso de recuperación económica previsto para el segundo semestre del 2021, cuando decaiga el estado de alarma y los negocios vuelvan a tener niveles sostenibles de demanda. Tanto a UGT como Comisiones Obreras les preocupa que las empresas se acojan a los denominados descuelgues salariales para coger fuerza en el proceso de recuperación de la mano de reducciones en los sueldos de los trabajadores.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido en este sentido de que "corremos el riesgo de que la recuperación económica venga de la mano de una rebaja salarial" si no se aborda la derogación de la reforma laboral en un breve periodo de tiempo. En la misma línea, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado a que "es fundamental que este diálogo se aborde en una situación de equilibrio que dé lugar a unas relaciones laborales actualizadas que sirvan para el modelo productivo que queremos poner en marcha. La mejor manera es derogar las reformas laborales y a partir de una situación de equilibrio ver qué reformas ponemos en marcha".

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de "urgentes": La derogación del despido causado por bajas por enfermedad (ya aprobado a través de un decreto del Gobierno y tramitado como proyecto de ley en el Parlamento); la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, "haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo"; y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Además, se recogen otros compromisos en esta materia, como la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

En cuanto a las reformas concretas, desde Trabajo se aboga por resolver lo que los de Díaz consideran como "anomalías" del mercado de trabajo español: la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad. Una de las soluciones propuestas es la simplificación contractual para reforzar la contratación indefinida. Desde el Gobierno se pretende impulsar un gran pacto por la estabilidad en el empleo entre el Ejecutivo y los agentes sociales, un pacto que propondría una simplificación de las modalidades contractuales actuales para reducirlas a tres figuras fundamentales: el contrato indefinido, el contrato temporal justificado y limitado, y el contrato de formación.

Otra de las grandes reformas que se estudian es la modificación de la negociación colectiva para llevar a cabo un reequilibrio de las fuerzas negociadoras que dé lugar a convenios más consensuados y justos con las partes. En este sentido se aboga por establecer los mecanismos que permitan el mantenimiento de los derechos laborales pactados entre las partes una vez expire la vigencia de los convenios. También se propone reforzar la autonomía de las partes en la definición de los ámbitos de la negociación, "asegurando una articulación adecuada entre los diferentes ámbitos, que respete los contenidos de cada uno para asegurar las condiciones laborales y de competencia empresarial".

La modernización de la regulación de la contratación y la subcontratación entre empresas es otra de las modificaciones que se pretende abordar. El objetivo es garantizar la igualdad de condiciones entre trabajadores subcontratados y los de la empresa principal, reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas y acabar con en el uso de la externalización productiva "que solo busca la reducción de costes laborales, porque afecta negativamente a la competencia cualitativa entre empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral".

El Ejecutivo ya ha remitido todas estas propuestas a Bruselas cuando los distintos ministerios enviaron a la Comisión Europea los denominados componentes (los planes y reformas a los que se compromete el Gobierno para encauzar la recuperación económica y la transformación del sistema productivo de la mano de los fondos europeos de reconstrucción). En este sentido, la ministra de Trabajo ha recordado que la derogación de la reforma laboral debe llevarse a cabo no solo porque sea uno de los puntos del acuerdo de coalición, sino porque hay un compromiso con Europa y porque "existe una mayoría en el Congreso" que la apoya.

Los sindicatos recordaron este miércoles que se cumplían ya nueve años de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y pese a las numerosas promesas hechas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, no sólo se ha derogado la normativa laboral al completo, sino que los aspectos más lesivos siguen todavía en vigor.

Por ello, los sindicatos no aceptarán más demora y, aunque siguen pidiendo una derogación completa de la actual reforma laboral, urgen al menos a que los aspectos más lesivos incluidos en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos entre en vigor en el menor tiempo posible.