Hay justicia más allá del Tribunal Supremo. Pero parece que en España no queda tan claro. Los españoles no acostumbran a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al nivel que lo hacen otros países como Francia, que desde la creación de este tribunal en 1959 hasta el año 2017, ha presentado un total de 31.652 demandas, Alemania, 29.620, o Italia, donde el número de reclamaciones se dispara hasta las 37,882. España ha presentado tan solo 11.729, de las cuales 157 han sido aceptadas y llevadas a juicio .

Esto supone que la tasa de condenas en España es del 65%, una cifra que la sitúa en mitad de la tabla -Alemania o Reino Unido están por debajo con un 60 y 57% respectivamente y Francia y Bélgica por encima, con un 73 y 69%-. No obstante, expertos consultados por Público advierten que más allá del porcentaje, lo que las cifras transmiten es que España aún no tiene una cultura judicial europea ni acostumbra a beber del derecho internacional.

Asimismo, estos expertos advierten de que en el caso de que aumentaran las demandas ante el TEDH también incrementaría la tasa de condenas debido al "deterioro judicial" que vive España en relación a los derechos humanos, tal y como expresa el jurista Benet Salellas, abogado que ha defendido procesos como el caso de la quema de fotografías del rey que acabó en condena contra el Estado español. De este modo, escalaríamos puestos en el ránking. 

En el año 2018, de hecho, el Gobierno español recibió unos cuantos varapalos del TEDH: fue condenado en ocho ocasiones por no respetar los derechos humanos. Un dato menor que otros países, pero que resulta negativo para algunos expertos. "Lo importante no es tanto ver el número de condenas de cada país, sino el porcentaje de juicios que terminan en condena ", explica a Público el abogado experto de Derecho Penal Daniel Amelang. Algunos de estos casos han tenido gran trascendencia mediática, como el de Otegi, a quien Estrasburgo dio la razón tras denunciar la "falta de imparcialidad" de la magistrada Ángela Murillo en su juicio, o la vulneración de derechos en relación a la libertad de expresión, como el caso de la quema de imágenes del rey, en el que la Justicia europea dejó en evidencia al Constitucional y su defensa de la Corona. 

"Parece que España está a mitad de tabla en lo que a condenas se refiere y que estamos por detrás en porcentaje de condenas respecto a Francia, Italia, Grecia y Bélgica, pero tampoco está todo tan bien como se suele decir desde medios conservadores", señala Amelang. Uno de los motivos por los que en España no miramos hacia Europa en cuanto a cuestiones jurídicas, según el abogado, obedece a la "falta de cultura política y jurídica de los abogados
ante la mala actuación de los jueces". "Los jueces españoles tienden a ignorar la jurisprudencia europea y en consecuencia nos parece un tribunal poco práctico", apunta. 

Manifestación en Girona en la que se produjo la quema de fotos del rey/EFE/

"Autismo jurídico" 

"El TEDH sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de los operadores jurídicos", afirma el exdiputado del Parlamento de Catalunya por la CUP y abogado, Benet Salellas. "En general hay un autismo jurídico", añade. 

Para Salellas, el número de sentencias son pocas en comparación con "el retroceso de España en relación a los derechos humanos". A finales de año vimos como el Supremo falló a favor de la banca y no de los ciudadanos respecto a la polémica del impuesto hipotecario. También hemos presenciado nuevos procesos que trataban de poner coto a la libertad de expresión, como en el caso de Dani Mateo, que ha sido investigado por un delito de ofensas o ultraje por sonarse la nariz con la bandera de España. 

"El Tribunal Constitucional no dicta sentencias que amparen a los ciudadanos", señala Salellas. Es por eso por lo que considera que el Estado debería recibir más sanciones. "Pero para ello hay que denunciar ante Europa, y uno de los principales problemas a los que se enfrenta España es la escasa formación específica que reciben los juristas", añade. 

Escasa formación de los juristas

Igual que Salellas, Amelang también apunta a la falta de aprendizaje como una de las consecuencias por las que los abogados no llevan los casos de sus demandantes ante el TEDH. Para acudir a Estrasburgo hay que conocer las leyes y, como critica Isabel Elbal, abogada especializada en Derecho penal, "en el antiguo plan no se incluían estudios europeos, únicamente se hablaba de derecho comunitario, pero no se mencionaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". A pesar de que la entrada oficial de España en el Consejo de Europa se produjo hace ya 42 años, en 1977, Elbal señala que "no se forma a los abogados de cara a presentar demandas en Estrasburgo".

Aunque no se trata de un procedimiento complicado para el demandante, sí lo es para los que defienden el caso si no conocen las leyes europeas. "Es difícil encontrar abogados, están desbordados porque la defensa requiere una alta cualificación y el estudio de convenios y reglamentos", afirma Elbal. Aun así, defiende que no se trata de un "proceso inabordable" y anima a que los clientes de litigantes privados a que "no se queden a las puertas de Europa".

Ruinoso para los abogados de oficio de España

Pero no ocurre lo mismo con los abogados de oficio. "No existe un turno de oficio que acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -explica Amelang- y si deciden llevar el caso es de forma gratuita, lo que resulta ruinoso". Por ello, si se estima la demanda llevada a cabo con una defensa privada, en ella se incluyen los honorarios del abogado de la indemnización. 

Además, a diferencia del sistema jurídico español, Elbal apunta que "la demanda no tiene que ir necesariamente firmada por un abogado, sino que la puede llevar a cabo un particular cualquiera".  De todos modos, los profesionales coinciden en que no se trata de un trámite ni complicado ni excesivamente caro. 

Proceso "sencillo" y "barato" 

"Sencillo y barato". Así es como los abogados definen el proceso de presentar una demandad en el TEDH. "Estrasburgo ni siquiera exige procurador, mientras que en España sí,  lo que supone un gasto extra", incide Salellas.

El primer paso es descargar y rellenar un formulario de demanda en la página web del propio tribunal. "No es más difícil que presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional y económicamente es igual de razonable que un recurso de casación", explica Elbal. 

El TEDH dispone de fórmulas que facilitan la fase de inscripción. "Solo necesitas una firma que indique quien te va representar y no es necesario acudir al notario", indica Elbal. 

Además, cualquier idioma de la Unión Europea es válido. "Hay algún momento en el que sí que es necesario hablar inglés o francés, pero hay intérpretes", insiste la abogada. 

Europa, a favor de la libertad de expresión

El año 2018 ha dejado en España una asignatura pendiente: la libertad de expresión. El pasado mes de diciembre la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, volvió a reprender al Estado español, esta vez por emplear una "noción muy amplia para sancionar declaraciones" que no son terrorismo. Valtonyc, Hasel, La Insurgencia, Strawberry y otra treintena de personas han sido condenadas por enaltecimiento de terrorismo en redes sociales desde 2016.

Además de este derecho fundamental, hay otros en los que también falla el Estado. Esta semana la ONG Human Rights Watch (HRW) ha celebrado que el Gobierno haya mantenido una postura "mucho más acogedora" con los migrantes que otros países europeos, pero le recordó sus tareas pendientes en el ámbito de los derechos humanos, de la reforma de la "ley mordaza" al fin de las devoluciones "en caliente".

También ha dejado constancia de que hasta el momento no se ha condenado a ningún agente por "el excesivo uso de violencia" del dispositivo policial desplegado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 con motivo de la convocatoria ilegal del referéndum de independencia, algo que ya denunció en un informe temático en octubre de 2017. Y también ha recordado las "protestas a lo largo de España" que siguieron a la sentencia por la violación en grupo de "La Manada" y el subsiguiente anuncio del gobierno de que examinaría la posibilidad de modificar el código penal.

Por todo  ello, Salellas destaca el "hermetismo" de la jurídica española. "Cada vez se está degradando más, pero existe otra cultura de derechos en Europa", aclara, lo que supone a una salida para todos los casos que ven su punto y final en el Tribunal Supremo, pero que tienen la posibilidad de ascender a Europa.