Este fin de semana se celebra el primer macroacto desde que el PP eligió a Pablo Casado como líder del partido, en sustitución del dimitido Mariano Rajoy. Esta convención fue diseñada en verano de 2018 y supone un "rearme ideológico" a ciertas posturas del antiguo Ejecutivo.

A pesar del claro giro hacia la derecha en sus últimos nombramientos y propuestas, no hay directrices que indiquen hacia donde orientará Casado el partido, más allá de sus declaraciones públicas y las iniciativas presentadas en el Congreso y Senado desde el mes de julio y hasta la fecha. Se prevé que este fin de semana se aborden algunas de las cuestiones que servirán de base ideológica para este nuevo Partido Popular.

El PP afronta uno de sus mayores retos, el de conservar su espacio en una derecha dividida en tres, con Ciudadanos pisándole los talones y ganándoles terreno desde el centro derecha y con la nueva incorporación de Vox a la batalla política, que hace lo propio desde la extrema derecha. El Partido Popular ha intentado mitigar los daños electorales y contentar a aquellos que les piden un discurso más duro.

En Público hemos analizado cinco áreas que evidencian el alejamiento ideológico, en términos discursivos, al menos, de la nueva dirección respecto a la del Gobierno de Rajoy: educación, migración, memoria histórica, violencia de género y Catalunya.  

Educación

En plena campaña andaluza, Casado anunció el trámite de una Proposición de Ley para que las competencias educativas pasaran a ser de ámbito nacional. Esta iniciativa nació con la intención de hacer frente a las "competencias desleales" que, a juicio del líder del PP,  venían desarrollando algunas Comunidades Autónomas, que "utilizan su poder" para "adoctrinar a la gente a través de la educación", en una clara alusión a Catalunya y su política de inmersión lingüística. 

Fuentes de la dirección nacional del partido señalaron a Público que la estrategia del PP de cara a las elecciones generales era abrir un proceso más amplio de recentralización también en otros ámbitos, como la Justicia, la Sanidad y la Política Exterior.

El Ejecutivo de Rajoy, aunque aprobó la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), no se planteó recuperar la competencia de Educación. El expresidente del Gobierno y líder del PP apelaba al diálogo para realizar "ciertas mejoras" en temas educativos, pero remarcaba el buen funcionamiento del Estado autonómico. 

Migración

En materia de migración, Casado ha optado por mantener un discurso público muy duro desde hace meses. Sus declaraciones sobre apostar por la "inmigración ordenada y legal" alegando que "no hay sitio para todos los que quieran venir" y que "el espacio de España no es ilimitado",  le sitúan un nivel por encima de su predecesor. El actual líder del PP llegó a decir que "o los inmigrantes respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país".

La nueva dirección del PP habla de los peligros del supuesto "efecto llamada" que, a su juicio, se "inició con llegada del nuevo Ejecutivo socialista" (aunque achacar este pico de legadas a la decisión de Sánchez significaría cerrar los ojos a una tendencia que ya viene de lejos). Casado también ha criminalizado a los migrantes y les ha acusado de "disfrutar e de las ayudas sociales sin respetar las costumbres españolas, la ley o la Constitución".

Rajoy, también defendía una "inmigración ordenada y regulada", y su Ejecutivo se mostró en contra de la retirada del alambre de cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla y del cese de las devoluciones en caliente. La principal diferencia entre ambos líderes reside en sus discursos,  pues Rajoy defendía la importancia de la política de integración. "Creo que somos modelos en eso, más del 10% de las personas que están en la EPA son extranjeros, ha habido un proceso de integración muy importante y la sociedad española ha estado muy fina, muy hábil e inteligente, también lo han sido los inmigrantes que han trabajado, algunos han cometido delitos pero, como han podido cometer los nacionales, nadie es perfecto en ningún lugar del mundo", afirmaba en Onda Cero.

Memoria histórica

El PP está preparando desde hace mes una "ley de concordia" con la que quiere derogar la "lectura sectaria de la historia", que en su opinión hace la normativa actual de la memoria histórica, y defiende "no consentir que se muerda el anzuelo de desenterrar el pasado". Se desconocen los detalles de dicha ley, aunque según fuentes de la dirección 'popular',  el texto definitivo podría darse a conocer durante la convención de la mano de Adolfo Suarez Illana, presidente de la Fundación Concordia y Libertad.

Casado no quería hablar de la exhumación del dictador Francisco Franco y siempre se ha mostrado tibio en esta perrogativa, pero meses después de ganar las primarias del partido, propuso una normativa para enterrar la Ley de Memoria Histórica, la misma a la que el Gobierno de Mariano Rajoy dotaba con cero euros en los Presupuestos, jactándose de ello, aunque sin llegar a proponer su derogación. El actual presidente del PP pasó de rechazar el debate sobre los restos del dictador a vender esta "Ley de Concordia". De hecho, en el acuerdo de investidura firmado por PP y Vox, uno de los compromisos alcanzados es derogar Ley de Memoria Histórica en Andalucía, que solo saldrá adelante si tiene el apoyo de Ciudadanos.

Desde el PP aún no han explicado cómo afectará a las víctimas del Franquismo, ni tampoco si está relacionada en forma alguna con la "Ley de Memoria y Justicia" anunciada por Casado en plena campaña por el liderazgo del PP. Pese a los reiterados intentos de este diario, el equipo de Casado no ha explicado si esta normativa afectaría a las víctimas de la dictadura. Aún hoy, en España hay más de 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil.

Violencia de género

Hace apenas unos días, Pablo Casado se refirió al primer asesinato machista del año, ocurrido en Cantabria, como "la primera victima de violencia doméstica de este año". El conservador afirmó que "con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar", y equiparó ambos conceptos, que, sin embargo, se refieren a cosas distintas —una reivindicación que los colectivos feministas han luchado por remarcar—. La violencia de género habla de la violencia ejercida hacia las mujeres por el hecho de serlo y la violencia doméstica es la que se produce en el ámbito familiar de manera indistinta. 

De hecho, desde el PP se plantearon ofrecer a Vox una serie de ayudas a los hombres por "violencia doméstica", y el propio secretario general del partido, Teodoro García Egea, se sumó a la larga lista de dirigentes conservadores que rechazaron calificar de violencia machista la violencia contra la mujer. 

La máxima concesión de García Egea fue afirmar que "en muchas ocasiones hay un problema de violencia", para después explicar que dentro de esa violencia existen "varios tipos de violencia". "Los agresores son agresores y las víctimas son víctimas, independientemente de su género o de su condición", aseveró en el programa Hora 25.

Aunque evitar llamar a la violencia machista por su nombre evidencia un problema grave y plantea un problema de fondo aún mayor —no se nombra lo que no existe—Rajoy tampoco fue uno de los principales defensores de esta ley. El expresidente se jactaba en 2015 de que "de cada 10 mujeres que denuncian, ocho arreglan el problema". También se excusó así de haber recortado un 31,1% los presupuestos para luchar contra esta lacra: "El Gobierno hace lo que puede". Lo que sí es cierto es que el término "violencia doméstica" hacía mucho tiempo que no se escuchaba entre las filas del Partido Popular, que parece estar comprándole el discurso a Vox.

Catalunya

Casado sostiene que hay que nombrar al Govern y a los consellers desde "el Gobierno de la nación"  y considera que "Catalunya empieza a parecerse a la kale borroka" e incluso avisó, en 2017, a Carles Puigdemont, expresident de la Generaltiat, de que podía acabar como Companys, torturado y fusilado: "La historia no hay que repetirla. Esperamos que [Carles Puigdemont] no declare nada [la independencia] mañana porque a lo mejor acaba como el que la declaró hace 83 años [Lluís Companys]". 

El presidente conservador también ha apostado por la recuperación de la convocatoria ilegal de referéndum en el Código penal, se ha mostrado a favor de la ilegalización de partidos o asociaciones que fomenten la violencia y ha apostado por la modificación de la Ley de financiación de partidos para evitar subvenciones a organizaciones con condenados por rebelión o sedición, una medida que perjudicaría a Puigdemont y al resto de políticos catalanes en el exilio.

Casado defiende un 155 más duradero y que abarque más áreas que el puesto en marcha por su Mariano Rajoy, al que muchas voces internas tacharon de "blando" con los independentistas. El conservador lleva pidiendo su aplicación desde que llegó al liderazgo del partido, con la intervención de TV3 incluida y rechaza por completo las "operaciones de diálogo" con Catalunya.