El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha abierto una pieza separada derivada de la investigación  sobre la trama rusa del procés para investigar al expresident Carles Puigdemont y a otras once personas por un delito de alta traición, que queda fuera de la ley de amnistía. 

La decisión del juez Aguirre se produce justo tres semanas después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara finalizar la instrucción de la causa sobre la presunta injerencia de personas vinculadas al Kremlin en el procés independentista, una investigación que dura cinco años. 

La nueva pieza que abre este veterano juez de Barcelona alcanza a doce investigados, entre los que figuran el propio Puigdemont, su jefe de gabinete, Josep Luís Alay; el expresidente Artur Mas; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi; y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas.

Con la ley de amnistía ya en vigor, el magistrado realiza un arriesgado movimiento judicial para mantener investigado a Puigdemont, entre otros, y poner en jaque la aplicación de la ley de amnistía. Así se interpreta, al menos, en el entorno de los perjudicados. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, confirma a este diario la inminente presentación de una querella por prevaricación contra el juez Aguirre. 

Aforados ante los TSJ y el Supremo

Los jueces están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad y, en el caso de la cúpula judicial, sus miembros responden ante el Tribunal Supremo. La querella contra el juez Aguirre se presentará ante el TSJ de Catalunya, que decidirá si la admite a trámite o no. 

Apenas un puñado de condenas por prevaricación judicial ejemplarizan la peor conducta de un juez o magistrado: dictar una resolución a sabiendas de que es contraria a Derecho. 

Los jueces y el 'lawfare'

Es muy complicado que una querella por prevaricación judicial tenga recorrido. En la memoria más reciente, el archivo por parte del Tribunal Supremo de la querella de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas, en un supuesto caso de lawfare por reabrir la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal basándose en argumentos estériles.

El Alto Tribunal tumbó el pasado mes de febrero la querella de Podemos, presentada en noviembre de 2023, por entender que no existían indicios de prevaricación en la actuación de García Castellón, sino únicamente su autonomía para ordenar las diligencias que considere en base a su independencia judicial. 

Precisamente García Castellón, uno de los magistrados más señalados por sus investigaciones contra dirigentes de Podemos, se ha quejado hace unos días de la invocación del término lawfare o guerra judicial, confesando que le produce "muchas ganas de llorar" que se utilice por algunos dicha palabra; y se ha preguntado por qué se emplea lawfare  "cuando en realidad se quiere acusar a algunos jueces de prevaricar", ha dicho el magistrado de la Audiencia Nacional. 

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados. El último caso, que además está relacionado con el lawfare contra miembros de Podemos, es el del exjuez Salvador Alba. 

Alba fue condenado a seis años y medio de prisión, que cumple en estos momentos, y 18 años de inhabilitación como juez, por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público para confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Entre los jueces apartados por prevaricación, nombres tan afamados como Baltasar Garzón, condenado por ordenar escuchas ilegales entre imputados y sus abogados en el marco del caso Gürtel; o el exjuez Ferrín Calamita, condenado por prevaricación por obstaculizar el proceso de adopción a una pareja de mujeres. 

¿Por qué existen tan pocos casos de prevaricación judicial? Para María Eugenia Rodríguez Palop, jurista, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y exparlamentaria europea de Unidas Podemos, el motivo está relacionado con "el circuito endogámico" en el que discurre la interpretación de las normas. "Esto tiene mucho que ver con el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que por algo está bloqueado desde hace más de cinco años", dice la jurista.