Representantes de varias asociaciones memorialistas han denunciado la "casi nula" aplicación de la Ley de Memoria Democrática, al cumplirse dos años desde su entrada en vigor. Durante una concentración frente a una sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid, han exigido al Gobierno un compromiso firme para desarrollar la ley y dotarla de los recursos presupuestarios suficientes.

En el acto, en el que han participado decenas de personas de asociaciones integradas en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y Víctimas del Franquismo y la Transición, insistieron en la necesidad de implementar la ley de manera efectiva. A través de un comunicado leído y entregado al ministerio, los manifestantes han señalado que la norma ha tenido "muy pocos avances reales" y han advertido al Gobierno que las víctimas "no admiten más demoras".

Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, ha destacado que la falta de desarrollo de la ley afecta directamente a la reparación de las víctimas, muchas de las cuales son personas mayores que están falleciendo sin ver resultados. Ha criticado que, pese al apoyo mayoritario del Parlamento, el Gobierno sigue sin hacer avanzar la norma.

Carmen Luque, secretaria de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, ha subrayado que su colectivo también forma parte de las víctimas del franquismo. Ha denunciado el "maltrato" por parte del Gobierno, que tras dos años desde la entrada en vigor de la ley aún no ha implementado acciones significativas, lo que genera la sensación de que "no se ha hecho nada".

Durante la protesta, los asistentes han coreado consignas como "Sin memoria no hay democracia" y "Verdad, justicia y reparación". Además, han reclamado la creación de un inventario estatal de lugares de memoria y un catálogo de símbolos franquistas, medidas previstas en la ley que aún no han sido desarrolladas.

Varias voces de activistas y expertos consideran que el balance de la ley es negativo, a pesar de que abrió grandes expectativas y parecía ofrecer un avance, y achacan el problema a la falta de voluntad del legislador, especialmente del PSOE. A pesar de que los socialistas han sido los que más años han gobernado desde la restauración de la democracia, aún sigue habiendo impunidad sobre los crímenes del franquismo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también ha expresado su frustración por la "falta de voluntad política" para aplicar la ley, y ha lamentado que en estos dos años la norma no ha sido suficiente para combatir la impunidad de los crímenes del franquismo.

Además, han afeado que la búsqueda de desaparecidos aún depende de subvenciones. "En una democracia consolidada los derechos humanos no se subvencionan, porque los derechos humanos se garantizan", han insistido en un comunicado.

La ARMH también ha indicado que el Ejecutivo no ha elaborado todavía un censo de víctimas de la dictadura, el cual "tiene que ir acompañado de un censo de verdugos". Asimismo, tampoco ha desarrollado el informe sobre "las incautaciones que llevaron a cabo los golpistas de 1936 que se apropiaron a punta de pistola de todo tipo de propiedades de familias republicanas", ha denunciado.

Otro punto de crítica ha sido la persistencia de calles y monumentos franquistas en muchas localidades, un tema que, según las asociaciones, debería haberse abordado con mayor contundencia en estos dos años. Esta situación "demuestra la falta de voluntad política por retirar vestigios destinados a humillar a las decenas de miles de familias que sufrieron la represión y que tienen todavía desaparecidos en las cunetas", ha añadido la ARMH.

Amnistía Internacional y otros colectivos, como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), ha coincidido en señalar la "lentitud" en la aplicación de la ley. Así, han advertido que la norma no elimina los obstáculos que impiden investigar judicialmente los crímenes del franquismo, dejando a las víctimas sin justicia.