Han pasado dos años desde que entró en vigor la ley de Memoria Democrática. Público ha elaborado un debate con expertos y representantes de asociaciones memorialistas para analizar las consecuencias de la norma. En general, las conclusiones de la conversación sobre la ley son negativas. En el vídeo adjuntado bajo este párrafo puedes ver el debate completo.

Para analizar la ley y el papel del Gobierno y las instituciones en su desarrollo hemos contado con tres voces clave. Sus trayectorias han estado marcadas por una lucha incansable en la defensa y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo. Rosa García Alcón, activista de La Comuna, ha sido víctima de tortura de Billy el Niño. Sergio Gálvez Biesca, doctor en Historia Contemporánea y experto en políticas públicas de memoria, ha investigado cómo la Ley de Amnistía de 1977 ha limitado el acceso a los archivos y ha dificultado la recuperación de la verdad histórica. La tercera voz es la de Arturo Peinado Cano, activista y presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Es nieto de víctimas del franquismo.

La impunidad de los crímenes del franquismo

Los tres han coincidido en que el balance de la ley es "negativo" a pesar de que abrió grandes expectativas y parecía ofrecer un "enorme avance". Han puesto el foco en un elemento clave para entender el fracaso de la norma: la falta de voluntad del legislador, especialmente del PSOE. A pesar de que los socialistas han sido los que más años han gobernado desde la restauración de la democracia, aún sigue habiendo impunidad sobre los crímenes del franquismo.

Rosa ha recordado el "mazazo" que supuso el auto del Tribunal Constitucional tras rechazar el recurso de Francisco Ventura, militante comunista detenido, torturado y represaliado a finales de los 60. El órgano, a pesar de su mayoría progresista, defendió que los actos que sufrió "no pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, dado que el delito de lesa humanidad no existía en nuestro ordenamiento jurídico en ese tiempo".

No obstante, el problema, han argumentado, no está solo en el enfoque que pueden adoptar los jueces. Los magistrados también se topan con bloqueos legales que les impiden llevar los casos de víctimas del franquismo hacia un lugar de reparación y justicia. En este sentido, cobra especial importancia la ley de amnistía de 1977, que exoneró a los criminales de la dictadura. "No se ha acabado con el modelo español de impunidad, se han hecho apaños, puesto parches. Esto es una cuestión de voluntad política. El actor mayoritario del Gobierno se niega a dar este paso", denuncia con firmeza Sergio.

Arturo ha insistido en esta idea: "El problema fundamental es que la impunidad del franquismo se basa en el régimen del 78, y el PSOE no ha tenido el valor para hacerle frente. Un juez no puede saltarse la ley, no es un problema jurídico, es un problema político". Ha explicado que los jueces no pueden pasar por alto ni la ley del 77 ni la doctrina elaborada por el Supremo y el Constitucional.

Una ley sin el reglamento necesario

La ley de Memoria Democrática es una ley ordinaria, no una ley orgánica. Esto ha sido señalado como una limitación, ya que las leyes orgánicas son las que regulan derechos fundamentales y libertades públicas, y tienen un rango jurídico superior a las leyes ordinarias. A lo que hay que añadir que la norma apenas ha sido reglamentada. "Este es uno de los grandes problemas de la ley, al igual que ocurrió con la impulsada por Zapatero. Esto deja, por ejemplo, la retirada de monumentos franquistas al albur del ministro o alcalde turno", ha afirmado Arturo.

"Estamos hablando de evidentes déficits democráticos —ha añadido Sergio—. El final del franquismo se explica por los trabajadores y organizaciones, comunistas en su mayoría, que fueron laminando el régimen hasta que fue imposible un franquismo sin Franco". En ese momento del debate, Rosa ha expresado, con impotencia, la idea que subyace tras el maltrato a la memoria de estos años: "Somos las únicas víctimas que no tenemos derechos y somos las únicas víctimas reconocidas a nivel internacional como tales, como víctimas de una dictadura".

En abril de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados. "Estamos en abril de 2022, pero parece abril de 1937 en Guernica", dijo el mandatario. Rosa ha reproducido con perplejidad aquel momento. "¿Supo que a los que se dirigía no han condenado ni el bombardeo ni absolutamente nada del franquismo?", ha puesto la pregunta encima de la mesa.

La activista ha detallado cómo las torturas en la Dirección General de Seguridad (DGS) eran sistemáticas. Ella misma fue detenida en 1975 y pasó siete días allí. Fue torturada por Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y otros policías del franquismo. "Era un trato vejatorio continuo. No hay ninguna placa que lo recuerde, que resignifique el edificio", ha narrado. Actualmente, la DGS es la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El papel de la derecha y los titubeos de la izquierda

Los tres han mostrado su sintonía en este planteamiento: la derecha no duda a la hora de ejercer políticas que reivindiquen la dictadura. Sin embargo, la izquierda titubea a la hora de impulsar medidas que, sin subterfugios, contribuyan a la reparación, la justicia y la verdad. 

"La derecha tiene las ideas muy claras en políticas de memoria, la ocupación de espacios públicos y llenarlos con su ideología. Es su proyecto de futuro", ha subrayado Arturo. "En realidad, sí que hay una memoria histórica que lleva aplicándose desde el año 39, que es la memoria histórica de los vencedores", ha apuntado Rosa.

Con mayor contundencia se ha expresado Sergio: "Detrás de todo, de esas normas de 'concordia', de revisionismo histórico y negacionismo institucional, late el corazón del fascismo, que tiene muy claro lo que hicieron". El historiador ha lamentado cómo partidos de la izquierda apelan a "intereses electorales" para tratar la memoria. "Dirigentes de cierta formación de izquierdas —ha contado con disgusto— me dijeron que esto no es rentable en términos electorales. Estamos hablando de rentabilidad electoral frente a derechos humanos. Eso también te da mucho que pensar de la ética política que tienen determinadas organizaciones".

La piedra angular de esta travesía: el PSOE

Los tres invitados han exteriorizado su malestar cuando el foco del análisis se ha centrado en la labor del Partido Socialista Obrero Español. De Felipe González a Pedro Sánchez, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero, las políticas de memoria se han caracterizado por la "falta de valentía". Arturo ha remarcado que "la impunidad del franquismo fue uno de los pilares centrales del régimen de la Transición". "Con ello se entiende por qué la derecha sigue siendo franquista", ha aclarado.

Sergio ha indicado que el PSOE ha ignorado "todas las convenciones y normas aprobadas que sustentan el derecho internacional en defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad". Además, ha señalado que, con la ley de Memoria Democrática, no "existe ninguna posibilidad de lograr una reparación real, ni siquiera en lo que respecta al derecho a la verdad judicial". Aunque Rosa ha puntualizado: "Legislación hay; y, si no la hay, que la saquen, para eso está el Legislativo y el Ejecutivo". 

La Fundación Francisco Franco, aún sin ilegalizar

Dos años de la entrada en vigor de la ley y dos años en los no se ha ilegalizado la Fundación Francisco Franco. Una entidad que exalta, sin complejos, la imagen del dictador y homenajea su régimen opresor para vergüenza de las víctimas. Hay un periodo temporal más dramático. Sánchez llegó a la Presidencia en junio de 2018. Más de seis años sin remediarlo. "El PSOE ha gobernado España más tiempo que el PP y ha estado con mayorías absolutas. Si no lo ha hecho es porque no ha querido. Así de claro", ha manifestado Rosa.

"Legislación hay de sobra para haber cerrado esa fundación —aunque Sergio ha razonado una acción previa a su ilegalización—, pero primero debe entrar el Servicio de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y recuperar toda la documentación pública que tiene secuestrada esa fundación". Él fue uno de los que intervino en la elaboración de la ley de Memoria Democrática, en los apartados relacionados con la preservación y recuperación de los archivos. "Esos datos deben ir a un archivo público para que tenga un tratamiento adecuado y se haga una evaluación por si ha desaparecido documentación. Hay un reglamento sobre cómo actuar ante la destrucción de documentación o patrimonio".

A pesar de los continuos obstáculos, desde la falta de voluntad política a una estructura de Estado cimentada en la amnesia histórica, Arturo ha puesto un foco de optimismo, especialmente por el empuje de la sociedad. "No estamos en la misma situación, sencillamente, porque el movimiento memorialista ha crecido, se ha desarrollado, sus planteamientos han sido asumidos por buena parte de la sociedad, por buena parte de la militancia, de las fuerzas políticas. Entonces estamos mejor, fundamentalmente, por la construcción del trabajo desde abajo, de un amplio movimiento asociativo que es enormemente plural", ha concluido.