La demanda de electricidad creció este miércoles 10 de agosto un 3% con respecto al martes 9 y casi un 11% sobre el 10 de agosto del año anterior. Así se deduce de los informes de Red Eléctrica Española (REE), el conglomerado de empresas que ejerce de operador del sistema eléctrico para asegurar su funcionamiento y garantizar el suministro a la población.

Según la compañía, la demanda prevista para el primer día de aplicación de las medidas contempladas en el plan de ahorro energético del Gobierno era de 750 Gigavatios hora (Gwh), el equivalente a la energía necesaria para iluminar más de 7,9 millones de viviendas durante veinticuatro horas. La demanda del martes fue de 727 Gigavatios hora, y la del 10 de agosto de 2021, de 677.

Al cierre de este artículo, el pico de consumo eléctrico en España se produjo este miércoles a las 14.25 con una demanda de 36.505 megavatios hora (Mwh). El día anterior la mayor demanda se registró a las 14.15 con 32.985 Mwh.

Red Eléctrica Española efectúa sus previsiones con los valores de consumo en periodos precedentes similares, corrigiéndola con una serie de factores que influyen en el consumo como laboralidad, el comportamiento meteorológico y la actividad económica.

Un incremento de un sólo día no es una referencia válida para medir el impacto del plan, máxime si se tiene en cuenta que el aumento de las temperaturas el miércoles provocó que diez comunidades siguieran en alerta amarilla y que Euskadi pasara a alerta naranja por la previsión de la ola de calor.

Se trata de factores que REE tiene en cuenta a la hora de realizar sus previsiones sobre consumo y generación de electricidad, y que vienen a demostrar la necesidad de medidas de ahorro si España quiere cumplir con el acuerdo de la Unión Europea para reducir un 15% el consumo de gas, que en el caso español sólo comportará una reducción del 7%. La mayoría de socios europeos han adoptado restricciones similares.

"Aún es muy temprano para aventurar cualquier valoración sobre los efectos de las medidas de ahorro", sostiene Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace España. Recuerda que del total del consumo de gas en España, sólo un 22% corresponde a hogares y comercios, y la inmensa mayoría, el 78%, es consumido por empresas para generar energía eléctrica y sobre todo para procesos industriales.

"España no puede permitirse el lujo de perder el tiempo discutiendo con los gobiernos locales y regionales sobre medidas tan exiguas como regular el horario de las luces de los escaparates. Necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, y los diferentes niveles de gobierno deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenible", añade Del Pozo.

Greenpeace reclama "que en lugar de discutir sobre intereses políticos particulares, el Estado, los gobiernos autonómicos y los municipios deberían aprovechar el conocimiento de sus sistemas energéticos nacionales, regionales y municipales y lanzar planes urgentes de ahorro de gas y de despliegue de energías renovables, poniendo especial énfasis en el autoconsumo y las comunidades energéticas."

El Partido Popular, pese a que el propio Feijóo defendió el mes pasado la necesidad de un plan de ahorro energético, siguió con su campaña de críticas al del Gobierno y defendió la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, salió en defensa de Díaz Ayuso, aseguró que el plan "invade competencias autonómicas" y acusó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de "interferir" en ese recurso por advertir a la presidenta madrileña tendrá que hacer "contorsiones jurídicas" para tumbarlo, informa Europa Press.

Rollán ha vuelto a exigir la retirada inmediata del decreto de medidas energéticas, que definió como "una cartilla de racionamiento energético". E incluso acusó al Gobierno de haberlo ideado como "cortina de humo" contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a seis años de cárcel al expresidente socialista andaluz Antonio Griñán, y a nueve de inhabilitación a su predecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, respondió a Rollán que "el Gobierno de España, cuando hay problemas, pone encima de la mesa soluciones para intentar atajarlos", mientras que el PP, "cuando hay soluciones, pone problemas para que estas no se puedan llevar a la práctica".