Aseguran quienes han tenido ocasión de ostentar algún puesto de asesor de confianza en alguna administración que una de las primeras cosas que exigen los cargos electos es encargar un rótulo con su nombre, apellidos y la más o menos rimbombante asignación de sus funciones. En Pozuelo de Alarcón, a buen seguro, este culto a la imagen también aconteció. Sin embargo, los diez ediles que han acudido esta semana al juzgado número 1 de la localidad en calidad de investigados por los vertidos continuados, desde al menos 2005, de la obsoleta depuradora de Húmera al Arroyo Antequina, afluente del Manzanares, arguyen no recordar, en sede judicial, a quiénes de todos ellos correspondía la responsabilidad de evitar este presunto atentado contra el medio ambiente.

Por mucho que, el alcalde que antecedió a Jesús Sepúlveda —marido de Ana Mato, amigo personal de José María Aznar, encarcelado por la primera causa de la Gürtel y cabeza de cartel, a dedo, del PP nacional en las elecciones de 2003— hiciera caso omiso al mandato que el difunto José Martín Crespo, estableciera por escrito, un año antes, en el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, el más rico de España, la necesidad de "desmantelar", primero, y "trasladar" con posterioridad, a un lugar más alejado del núcleo urbano esta vetusta construcción. Con capacidad inicial para gestionar las aguas residuales de apenas 45 viviendas de la barriada de Húmera.

Ahora, los concejales encargados de eludir ese mandato y, por tanto, presuntamente responsables de las emisiones de residuos, se echan los trastos a la cabeza. Entre los que asumieron funciones de Medio Ambiente y los que desarrollaron su actividad municipal en el área de Obras. Nadie, ni unos ni otros, han asumido la más mínima actuación sobre la depuradora.

"Incluso han incurrido en contradicciones entre ellos a la hora de valorar, ante la jueza instructora, los cometidos de cada uno de ellos", dicen fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios. A pesar de que tanto los ediles de Obras —entre otras, Yolanda Estrada— como los de Medio Ambiente —Mónica García—, por ejemplo, formaran parte de un escalafón estructural que dependía del concejal de Urbanismo que, generalmente, en la estructura de la corporación municipal diseñada desde tiempos de Sepúlveda, ostentaba una tenencia de alcaldía. Generalmente, la tercera.

Pablo Perpinyà, portavoz de Somos Pozuelo, marca electoral de Podemos en la localidad, cree que "es un síntoma de que la instrucción del caso va por el buen camino", de que las sospechas sobre "la responsabilidad activa de los distintos gobiernos locales del PP en Pozuelo" en este asunto son sólidas y fundadas.

"Porque resulta grotesco ver cómo revelaban contradicciones flagrantes sobre las delegaciones competenciales que tenían cada uno de ellos", abunda el concejal de Somos Pozuelo. Los de Obras señalaban a los de Medio Ambiente, éstos a los anteriores y los alcaldes implicados, Gonzalo Aguado y Susana Pérez, se lavaban las manos.

"Hemos escuchado evidencias claras de que el delito cometido de manera continuada por los vertidos contaminantes parece que no tenían responsable alguno, cuando hay documentos oficiales, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y que están en poder del juzgado que constatan que eran funciones propias de los ediles investigados", dice Perpinyà. A su juicio, "lo más alarmante es que hay miembros del Gobierno que afirman no saber nada de la depuradora a pesar de ser un asunto de su competencia, tal y como ha quedado probado con la documentación que hemos aportado".

Esa negativa —dice— a hacerse cargo de la situación es la que nos hace pensar que son conscientes de "la gravedad de los hechos" porque "han llegado a responsabilizarse mutuamente en varios momentos de los hechos".

Por su parte, la jueza decidió suspender la declaración del diputado Pérez Hickman que previsiblemente tendrá que declarar en el Tribunal Supremo por su condición de aforado. Desde Somos Pozuelo han confirmado que estarán presentes también en su declaración y no han descartado solicitar la imputación de otras personas.

Algunas, como la ex alcaldesa Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea madrileña, pasaría a ser aforada; en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero el portavoz de Somos Pozuelo no descarta que se incorporen en algún instante a la instrucción de la causa "otros cargos públicos del PP" que por la posición que ocupan o que han ocupado podrían tener responsabilidad sobre el presunto delito medioambiental. "Estamos valorando esos escenarios", afirma Perpinyà.