El acuerdo sobre el plan fiscal alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos el pasado jueves se debe a varios factores. Uno de ellos es el contexto político de las últimas semanas: el PP ha lanzado una ofensiva de bajadas de impuestos a las personas más ricas en sus territorios para confrontar con el discurso de justicia fiscal enarbolado por el Gobierno de coalición.

Este elemento ha jugado un papel determinante en el empujón final de un plan que busca, entre otras cosas, frenar las rebajas anunciadas por los conservadores y avanzar en el reparto del coste de la crisis provocada por la inflación y por la guerra de Ucrania.

El segundo elemento, también determinante, ha sido la coordinación y la unidad de acción entre los ministerios de Unidas Podemos. En medio del ruido generado por las tensiones que sufre la izquierda en los últimos meses, el espacio confederal ha cerrado filas y ha centrado sus esfuerzos en lograr medidas de calado en el marco de la negociación presupuestaria con el PSOE.

Los equipos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han trabajado mano a mano para mantener una posición común y para marcar el ritmo de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda.

En la mesa, frente al equipo negociador de María Jesús Montero, han estado el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. 

Fuera de la mesa, la ministra de Trabajo e Ione Belarra han protagonizado una coordinación discursiva para manejar la presión a un PSOE que se mostraba reticente a aprobar algunas de las medidas propuestas por el espacio confederal. Ya en agosto, Unidas Podemos envió a los de Pedro Sánchez un documento con sus prioridades en la negociación en materia de ingresos, gastos y de medidas de protección social.

Coordinación dentro y fuera de la negociación

En sus intervenciones, Díaz ha apuntado directamente a la necesidad de desbloquear la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda, una medida clave para Podemos que fue negociada entre el Ministerio de Derechos Sociales y otros departamentos socialistas, como los ministerios de Transportes y de Presidencia.

El miércoles, un día antes de alcanzarse el acuerdo, los equipos de ambos espacios estuvieron negociando hasta bien entrada la noche. Díaz y Belarra protagonizaron entrevistas en la televisión y la radio públicas en las que manifestaron prioridades conjuntas y elevaron la presión sobre el PSOE para avanzar en las negociaciones.

Hace semanas, la líder de Podemos desveló que las conversaciones estaban encalladas por la negativa de Hacienda a asumir medidas que para el espacio confederal son esenciales. Unos días después, fue la vicepresidenta segunda la que rompió su silencio, y, en la misma línea que Belarra, apuntó que las posiciones de los dos partidos del Gobierno estaban muy alejadas.

No es la primera vez que en Unidas Podemos apuestan por una coordinación total en el Ejecutivo para empujar hacia la aprobación de determinadas medidas. En marzo, el espacio confederal y el PSOE negociaban el contenido del denominado decreto anticrisis para hacer frente a la inflación y a las consecuencias económicas de la guerra.

El espacio sufría importantes tensiones debido a las diferentes posiciones que habían manifestado Yolanda Díaz, Alberto Garzón, y los comuns, por un lado, y Podemos, por otro, en el envío de armas a Ucrania. Sin embargo, se decidió apartar estas diferencias de manera temporal y se cerró filas para sacar adelante la negociación de un decreto que finalmente incluyó medidas como el límite en las actualizaciones de las rentas del alquiler ligadas al IPC.

Tras cerrar el plan fiscal, la negociación de los Presupuestos continúa, y ahora Unidas Podemos aborda con el PSOE el capítulo de gastos y de medidas de protección social de las cuentas. También en esta cuestión, el espacio tiene previsto mantener su coordinación en el seno del Gobierno para lograr unos PGE progresistas que encarrilen el final de la legislatura.