Lo expresó con total claridad la secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, por la mañana, antes de que terminara el Consejo de Gobierno, formado por PP y Cs. Lo que busca el Ejecutivo es hacer pasar sus reformas por asuntos sin ideología, que caen por su propio peso. La frase de López fue la siguiente: “Escucho hablar a gente de derecha e izquierda y no, esto va de buenos o malos gestores. Hay gente que sabe gestionar y administrar bien el dinero de los ciudadanos y gente que no sabe hacerlo”.

Luego, compareció, como cada martes, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, esta vez junto a la Consejera Carmen Crespo, con competencias en medio ambiente, y anunciaron modificaciones en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad, la que protege los ecosistemas andaluces de proyectos desmesurados. La idea que persigue el Ejecutivo es dar una especie de carta blanca a los empresarios para que inviertan en Andalucía, la gran obsesión del presidente Juanma Moreno. “Andalucía debe ser la mejor tierra para vivir y para visitar pero también para invertir”, dijo Bendodo.

Las palabras elegidas por el Ejecutivo para describir lo que quieren hacer fueron estas, según se lee en el comunicado enviado a los medios: “Simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación”. “A ello -añade la nota- seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, -puntualiza el Ejecutivo- no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente”.

Aunque no precisaron el alcance la modificación de la ley, en una nota, la Junta puso dos ejemplos de la relajación de los requisitos. El primero: “En una primera estimación aplicada al caso de las almazaras, por ejemplo, el 80% de éstas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada. Esta última calificación sería únicamente para las almazaras que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.

Y el segundo: “Otra muestra de simplificación administrativa que se lograría con la modificación planteada es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental. En este caso, las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.

Colapso administrativo

Antes de dejar claro que la prioridad del Gobierno andaluz es atender las necesidades de los empresarios para que inviertan en Andalucía -“los empleos los crean los empresarios, no los partidos ni las administraciones, que tienen la obligación de poner el canal y los medios para facilitar la actividad empresarial”-, los consejeros Bendodo y Crespo, utilizaron la estrategia esbozada por Loles López.

A su manera, trataron de hacerla pasar por una medida que no obedece a ideología alguna -nada que ver con primar los intereses empresariales por encima de los conservacionistas en una tierra sacudida hasta que llegó la crisis por un urbanismo descontrolado-, sino que es obligada debido a la mala gestión del Gobierno anterior, que, según los datos que aportaron los consejeros, causó un “colapso” administrativo que frenó inversiones por un montante de 6.500 millones de euros, incluidos 2.800 millones relativos a energías renovables, que se traducen en “la pérdida de 92.000 empleos potenciales y el 11% de la población desempleada en la Comunidad”.

Bendodo y Crespo recuperaron de este modo una cifra que dio el presidente Juanma Moreno en su balance de los 100 días y que entonces pasó desapercibida entre otros titulares más políticos: 4.367. expedientes de calidad ambiental -de ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental-sin tramitar se encontrado el nuevo gobierno cuando llegó. “Los temas acababan muriendo porque no se les atendía”, dijo Bendodo.

“Sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces”, indica el Gobierno. La Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. “Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración”.

El Gobierno se ocupará además de manera específica de los chiringuitos. “El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias serán objeto de un Plan Específico dirigido a dar solución a un problema concreto, cuyo procedimiento es tan complejo que impide calcular los tiempos de es- pera para obtenerlas. Se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autónoma andaluza desde el punto de vista económico y turístico. El plan garantizará la seguridad jurídica y el respeto de los requisitos medioambientales”, indica la Junta en un comunicado.
Bendodo también anunció una modificación de la Ley Urbanística de Andalucía, de la que, más allá de incidir en que más de 300 municipios no habían renovado su PGOU, no dio más detalles.