Las elecciones autonómicas en Andalucía pueden ser el 27 de noviembre de 2022, dentro de un año y un mes, o antes. Lo que suceda de aquí a final de año va a marcar la fecha, en la que se sabrá si se consolida en la Comunidad más poblada el giro a la derecha, como ya sucedió en los años 90 en el Levante, o bien el gabinete de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos) supone un interregno entre dos etapas de influencia socialista, como en Extremadura y Castilla La Mancha.

Lo que suceda en Andalucía será relevante también en el tablero nacional, donde el PP, después del resultado en Madrid ha salido de la depresión. Si su proyecto, como quiere Moreno, se consolida en el tradicional feudo del PSOE, Pablo Casado estará más cerca de disputarle La Moncloa a Pedro Sánchez.

Antes, Moreno, que ahora mismo tiene el viento a su favor –las encuestas le sonríen y le auguran unos 20 escaños más de los que hoy tiene, que son 26– tiene que tomar una decisión relevante que hablará también de su capacidad de negociación y de su cintura política.

Hasta ahora, ha pactado tres presupuestos con Vox y, para llegar en condiciones, como pretende –según ha expresado una y otra vez–, hasta el final natural de la legislatura, ese 27 de noviembre de 2022, necesita otro. Al presidente de la Junta se le abren ahora cuatro escenarios, tres de ellos, de hecho, a priori, favorables –aunque nada se puede asegurar en estos tiempos tan, como se han dado en llamar, líquidos–.

Por un lado, un pacto con Vox, que hoy parece remoto; por otro, un pacto con el PSOE, que hoy parece posible porque Juan Espadas, el nuevo líder socialista, ha convencido a todo el mundo de que lo es; además, si fracasan las negociaciones presupuestarias, Moreno puede o bien prorrogar el presupuesto hasta final de año, o bien ir a unas elecciones, de inmediato, a finales de febrero o marzo.

El escenario de prórroga presupuestaria es real, pero es el peor para el presidente, que podría sufrir un desgaste, a pesar de los esfuerzos de Marín y del heraldo de Moreno, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, por afirmar que no pasaría nada y que se podría gobernar con normalidad. Con Vox negando el pan y la sal, con el PSOE, habiendo superado sus congresos y en marcha hacia las elecciones –son casi 500 alcaldes los socialistas–, el año se le podría hacer muy largo al Gobierno de coalición que, hasta ahora, ha resistido, gracias a la ultraderecha, varios procesos electorales y la descomposición de Ciudadanos.

Vox lleva tiempo en clave electoral, desde que las elecciones de Madrid, tras la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea, les dejaron como único interlocutor allí con el PP. Ese es el escenario que buscan también para Andalucía. Y, aunque antes de cerrar los tres presupuestos anteriores, la ultraderecha también escenificó una ruptura con el PP, esta vez parece que va en serio y que, salvo un nuevo giro de última hora, no están por la labor de apoyar unas nuevas cuentas.

Macarena Olona, diputada en el Congreso, se perfila como candidata en Andalucía –puede serlo o no serlo, porque todo en Vox depende de Santiago Abascal–, pero ella no lo descarta ni tampoco el portavoz, Manuel Gavira. El objetivo declarado de Vox es entrar en el Gobierno de Andalucía. El andaluz fue el primer parlamento en el que entraron y ahora buscan que sea el primer gobierno. El próximo Ejecutivo andaluz "será con Vox o no será", ha manifestado Olona.

La hora de la verdad

A Moreno, que juega la carta de la centralidad y de la moderación, a pesar de su cercanía a la ultraderecha, con quien ha cerrado cuantos pactos ha considerado necesarios, a costa, sobre todo, de sacrificar el impulso y el discurso feminista, y de impulsar reformas –fiscales, urbanísticas y educativas– que ahondan en un modelo liberal, el cambio en el PSOE le ha venido bien.

El Gobierno se esfuerza, en sus declaraciones públicas, en vender que lo que quieren es un pacto con todas las fuerzas y no descartan a Vox. Sin embargo, un encuentro entre Moreno, Espadas y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, hace dos semanas dejó, desde luego, una sensación de acuerdo, de cosa hecha. Las urgencias de Espadas y su talante pactista han permitido a Moreno, justo en el momento en que sentía el aliento de la ultraderecha en  el cogote, continuar con el trabajo en ese perfil centrado, ecuménico, que está encantado de vender.

El próximo martes habrá un encuentro entre Hacienda y los partidos. El presupuesto –que superará los 43.000 millones y pondrá 1.000 más para sanidad, según Moreno– llegará a la Cámara a fin de mes. La hora de la verdad, cuando se descubran las cartas y se vea quien juega de farol y quién no, será en noviembre. El 5 de noviembre acaba el plazo –salvo que Moreno lo cambie– de presentación de enmiendas a la totalidad y el 10 y 11 de noviembre es el debate de totalidad. En medio, el congreso regional del PSOE del que saldrá la Ejecutiva de Espadas. A PP y Cs les vale una abstención socialista para sacar las cuentas adelante, pero de Vox necesitarían un sí.

Si fracasan las negociaciones y Moreno no logra convencer ni a Vox ni a PSOE, o bien estos no están finalmente por la labor, llegará la lucha por imponer la narrativa. Quién ha roto, quién no ha roto, quién quería y quién no quería.

Moreno y solo Moreno es el que tiene el botón para disolver el Parlamento y convocar las urnas. En un escenario en minoría y con las encuestas a favor, podría convocar a finales de febrero, en marzo, o incluso un poco más tarde, lo que, una vez tomada la decisión de adelantar y forzado por la ausencia de presupuesto, probablemente nadie vería como una temeridad.

Aguantar hasta noviembre del año 2022 sin un acuerdo de presupuestos que le dé estabilidad parlamentaria para ejecutarlo y con la sanidad pública hecha unos zorros, es un riego para el presidente y para su vocación de arrebatarle el feudo al PSOE, lo que sería histórico.