MADRID
Actualizado:El exfutbolista Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, ha salido de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), este lunes a las 16.25 horas después de 14 meses encarcelado tras abonar la fianza de un millón de euros que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona.
Alves esperará en libertad a que se resuelvan los recursos a su condena de cuatro años y medio por agresión sexual.
Alves ha tardado varios días en reunir la cantidad exigida. Una vez transferido el millón de euros a la oficina de la Audiencia de Barcelona para las consignaciones económicas, la Audiencia de Barcelona ha ordenado en un auto su puesta el libertad.
En un auto, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha confirmado que la defensa de Alves ha depositado ya el millón de euros de fianza, por lo que ha acordado su libertad, al cumplirse el requisito para que pudiese abandonar la cárcel de Brians 2.
Alves ha tardado varios días en reunir la cantidad exigida por la Audiencia de Barcelona
El pasado miércoles, dicho tribunal accedió a la petición reiterada en múltiples ocasiones por la defensa del exjugador para dejarle en libertad a cambio de una fianza. Decisión a la que se ha opuesto tanto la defensa de la víctima como la Fiscalía Provincial de Barcelona, que interpuso el viernes un recurso de súplica contra la resolución.
El condenado se ha encontrado con más dificultades para reunir la fianza de las que se esperan de alguien con la capacidad económica que se presume a un futbolista de élite. Tanto las gestiones efectuadas en su entorno como en entidades financieras desde el miércoles para recaudar la suma que la requiere la Audiencia habían resultado infructuosas.
Y es que a lo elevado de la suma impuesta como fianza, una de las más altas que se recuerdan en los tribunales españoles, y la complejidad de los trámites para mover tal cantidad de dinero, se añade un tercer factor, el daño reputacional que puede suponer avalar económicamente a un condenado por violación.
La solvencia económica de Alves
Inicialmente, Alves recurrió a la familia de su excompañero en el Barça Neymar Da Silva, quien en su día alardeó públicamente de haberle ayudado a pagar los 150.000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima, pero el padre del futbolista -con quien coincidió en la selección brasileña, en el Barça y en el PSG-, dejó claro en un comunicado que no abonarían la fianza.
A lo largo de todo el proceso, la defensa del internacional brasileño ha argumentado que la solvencia económica del futbolista se ha evaporado a raíz de su detención, al haberse rescindido tanto su contrato con el club Pumas de México, donde jugaba, como sus acuerdos de patrocinio con distintas marcas a las que representaba.
No obstante, el futbolista, casado con la modelo Joana Sanz, dispone de una casa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) que adquirió por cinco millones de euros y que podría servirle para afianzar la suma que le exige la Audiencia para salir de prisión, aunque la hipoteca que tiene pendiente lo dificulta.
Asimismo, está a la espera de que Hacienda le devuelva una elevada cantidad de dinero por los litigios que ha ganado contra la Agencia Tributaria, una suma que le permitiría hacer frente al pago de la fianza pero que el fisco sigue sin ingresar en sus cuentas bancarias.
Alves lleva en prisión preventiva 14 meses, desde el 20 de enero de 2023, por la violación de una joven
Alves lleva en prisión preventiva 14 meses, desde el 20 de enero de 2023, por la violación de una joven en los baños de un reservado en la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 30 de diciembre de 2022, hechos por los que la Audiencia de Barcelona le ha condenado en primera instancia a cuatro años y medio de cárcel.
Otras medidas cautelares
Además del millón de fianza, el tribunal le obliga también a entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, y a comparecer semanalmente ante la Audiencia de Barcelona, y le prohíbe salir de España.
Otras de las medidas cautelares impuestas son la prohibición de acercarse a menos de mil metros del domicilio de la víctima, su lugar de trabajo y cualquier otro sitio que pueda frecuentar, así como comunicarse con ella por cualquier medio.
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