Los cuatro puntos de la defensa de la 'mano derecha' de Puigdemont ante la acusación de terrorismo de García Castellón

Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Carles Puigdemont e imputado en la causa de Tsunami Democràtic, igual que el expresident, ha solicitado este miércoles al magistrado Manuel García Castellón acceder a todas las resoluciones y diligencias practicadas desde que el procedimiento pasó a la Audiencia Nacional, en junio de 2021.

Alay se queja que desde entonces nada se le ha transmitido desde el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en relación a que se estuviera investigando la causa por un posible delito de terrorismo. Y le solicita al juez que si la causa estaba declarada secreta, aporte las sucesivas prórrogas de tal consideración.

En un escrito, al que ha tenido acceso Público, el jefe de gabinete de Puigdemont le plantea del juez una serie de cuestiones que vienen a conformar las cuatro líneas maestras de su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye. En primer lugar, le recuerda al magistrado que “la UE prohíbe banalizar el terrorismo”.

Para ello, Boye utiliza la misma directiva europea que García Castellón invoca en su auto de imputación por terrorismo contra Alay; Marta Rovira, secretaria general de ERC; el propio Puigdemont; y otras siete personas en el marco de la causa del Tsunami Democràtic. En este caso, la defensa de Alay le dice al juez que la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo prohíbe “presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales”.

“Resulta inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy

masivas o concurridas que hayan sido”, consta en el escrito.

En este sentido, apuntala la defensa de Josep Lluís Alay que la causa del Tsunami, tal cual la plantea García Castellón, se enmarcaría en el lawfare o guerra judicial que vienen sufriendo “todos los identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados”.

Guerra judicial contra el independentismo

Para la defensa de Alay, este lawfare en torno al independentismo catalán se basa en el “uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política,

desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”.

“El procedimiento de origen de la imputación a mi defendido es justamente eso y allí, bajo un manto de legalidad, se atribuyen conductas tales como malversación,

cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos, delitos informáticos diversos, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y otros (decimos “otros” porque, según se avanza en el tiempo, en el procedimiento se va hablando de otros tipos penales para ir adaptándose al momento concreto)”, se queja Boye.

Hay que recordar que Josep Lluís Alay está investigado además en el caso Voloh, sobre desvío de fondos públicos, en el que se detuvo a una veintena de personas, entre ellas ex altos cargos y políticos de ERC, Junts y la antigua CDC. Una de las líneas de investigación era la financiación de Tsunami.

Banalización del terrorismo

En relación a la banalización del terrorismo, el letrado de Alay plantea su sorpresa por la calificación judicial de un presunto delito de terrorismo dirigido al “ámbito de la organización de unas determinadas protestas ciudadanas -ejercicio legítimo de derechos fundamentales-”.

En este sentido, viene a protestar por la atribución del juez de un fallecimiento

“que se habría producido en fechas coincidentes, aunque tal hipótesis venga desmentida por los servicios médicos que atendieron a esa persona”.

Hay que recordar que un ciudadano francés falleció, el 14 de octubre de 2019, de un paro cardiaco mientras tramitaba la tarjeta de embarque en la terminal 2 del Aeropuerto del Prat-Barcelona, mientras en el resto del aeródromo se sucedían los altercados instigados por la plataforma Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del procés. Diversas noticias recogieron entonces que el hombre fue trasladado en un helicóptero medicalizado y falleció en el hospital. También se informó de que la embajada francesa había desvinculado aquella muerte de los disturbios en el aeropuerto.

Víctima del terrorismo

En este sentido, Alay le pregunta al juez si ese ciudadano francés tiene reconocida la condición de víctima del terrorismo, como obliga la normativa española y comunitaria.

El jefe de la oficina de Puigdemont le indica al juez que, “en caso de no haberse actuado conforme al Derecho de la UE, se proceda con carácter de urgencia a cumplimentar dicha obligación”; también que “se ponga en conocimiento inmediato de las autoridades francesas la grave situación de incumplimiento en que habría incurrido este juzgado”; y que se recabe de Francia “toda la documentación que tenga respecto a si por parte de dicho Estado se activó algún mecanismo para considerar al fallecido como víctima del terrorismo”.

Indefensión para los investigados

El abogado Gonzalo Boye apunta a la indefensión que sufre su cliente. “Por espacio de, al menos, más de 2 años [desde que la causa llegó a la Audiencia Nacional, en 2021] este juzgado habría estado instruyendo un procedimiento en contra de mi defendido sin siquiera haberle informado de tales hechos ni permitido a su defensa ejercitar tal derecho fundamental en su vertiente formal y material; ambas han sido impedidas porque ni se nos ha notificado nada ni hemos podido, por esa razón, desplegar esfuerzo defensivo alguno”.

Se queja el letrado del director de gabinete de Puigdemont que, con independencia de que el procedimiento hubiera estado secreto durante años, no se le hubiesen notificado las resoluciones por las cuales se iba prorrogando dicho secreto, “ya que las mismas abrían la vía a recurrirlas”.

Por otro lado, fuentes jurídicas relacionadas con los investigados en la causa de Tsunamic Democràtic indican a este diario que esperan el recurso de la Fiscalía contra el auto de imputación de García Castellón. En este sentido, fuentes del Ministerio Público indican a este medio que estará listo en breve y que contiene una clara oposición a la calificación de los hechos como delitos de terrorismo, teniendo encaje en el delito de desórdenes públicos.