@e_bayona

ZARAGOZA .- Casi el 80% de los colegios privados reciben fondos públicos en España, según los datos del Ministerio de Educación, que indican que el nivel de concertación de estudios ha crecido, al tiempo que la escuela pública pierde unidades, en los primeros años de aplicación de la contestada Lomce (Ley de Mejora de la Calidad Educativa), que el PP sacó adelante en solitario la pasada legislatura.

La comparación de los datos oficiales del curso 2011-2012, el anterior a la tramitación de la Lomce, y los del 2014-2015, el último cerrado, revela cómo en esos tres años creció tanto el número (de 9.327 a 9.396) como el porcentaje (del 79% al 79,3%) de etapas de formación que los colegios privados financian con fondos públicos, mientras las escuelas e institutos públicos perdían 230 grupos al pasar de 28.331 a 28.101.

Llama la atención cómo tanto la pública como la privada sin ayudas de la Administración pierden colegios de Infantil (120 y 8, respectivamente) en favor de la concertada, que gana 71. Esa etapa resulta clave para el futuro de los conciertos educativos, ya que estos se conceden por vías (promociones) que suelen mantenerse conforme ese grupo de escolares va superando cursos hasta finalizar su formación.

Esas políticas están provocando un importante flujo de alumnos hacia los centros concertados. Así, entre el curso 2011-2012 y el 2014-2015, el sistema educativo ganó 178.180 alumnos de los que 117.896 fueron a centros públicos, 13.553 a privados 46.731 a concertados. Los tres sectores ganaron alumnos en todas las etapas con una única excepción: la pública perdió 66.000 alumnos de Infantil y la privada otros 13.000 en esa misma etapa, de los que salió el grueso del avance de los colegios con conciertos en ese mismo tramo (casi 4.000) y en Primaria (30.000).

El desmantelamiento de lo público

El sistema público de enseñanza perdió 69 centros de Primaria y 80 de Secundaria en sólo tres cursos, pese a haber ganado 79.623 y 31.142 alumnos respectivamente

Las cifras oficiales revelan también el grado de desmantelamiento que está sufriendo el sistema público de enseñanza, que en sólo tres cursos perdió 69 centros de Primaria (para situarse en 10.337) y 80 de Secundaria (mantiene 4153) pese a haber ganado 79.623 y 31.142 alumnos en cada una de esas etapas.

La tendencia se mantuvo el curso pasado, cuando los centros públicos perdieron 26.694 de los 33.629 alumnos que salieron de Infantil -lo que supone casi el 80% de la merma- mientras el trasvase se intensificaba de manera generalizada: el descenso de 7.411 estudiantes en la enseñanza no universitaria se tradujo en una pérdida de 11.145 para la pública y una ganancia de 18.556 para la privada en su conjunto.

En la concertada apenas varían las cifras en esos tres años en lo que se refiere a número de centros (reduce un centro en Primaria y seis en Secundaria, y aumenta cinco en Bachiller) mientras la privada crece en las tres etapas (14, 17 y 24).

El peso de la concertada, que alcanza el 23,5% en las enseñanzas obligatorias, es menor en el sector de la FP, donde sus 830 centros de grado medio y superior suponen un 16,5% del total (5.005, con 3.574 públicos) y un 58% del total de la privada, que gestiona otros 601.

Valencia paraliza las renovaciones automáticas

La proximidad del principal paquete de renovación de conciertos para la enseñanza, previsto para el año que viene en varias comunidades, ha comenzado a desatar polémicas y movilizaciones.

En Valencia, el Govern ha comenzado a denegar las renovaciones automáticas de conciertos en los casos en los que existen plazas disponibles en centros públicos cercanos, mientras se plantea dejar sin vigencia los de Bachiller y FP al acabar este curso para reordenarlos.

También los gobiernos de Andalucía y de Aragón, donde esta semana sindicatos, partidos de izquierda y entidades sociales protagonizaron una concurrida manifestación, tienen sobre la mesa la decisión sobre la renovación del grueso de los conciertos, lo que ha provocado manifestaciones en varias capitales de provincia en defensa de la enseñanza pública.

De 37.000 a 73.000 euros por aula

En el caso de Aragón, donde se han cerrado cien aulas en centros públicos en cinco años mientras crecía la concertada, el debate está girando en torno a un informe sobre el coste real de la enseñanza concertada para las arcas públicas que el sindicato CGT ha remitido a los grupos parlamentarios.

Las estimaciones del sindicato cifran en 40.997 euros el ahorro para la Administración por cada aula de Infantil y de Primaria que suprima en la concertada: 37.488 en la ayuda más un beneficio de 3.549 por optimizar los recursos de la pública. El precio de cada aula de centros privados que conciertan las comunidades autónomas, regulado en los Presupuestos del Estado, oscila en una horquilla de 45.440 a 61.325 euros anuales en Secundaria y llega a los 73.073 en Bachiller.

El gasto de las familias es mayor en la concertada que en la pública, en parte por el copago encubierto que suponen determinadas aportaciones que piden los centros

En el caso de Zaragoza ciudad, donde el sindicato y la junta de personal de la enseñanza pública estiman que hay “20 aulas concertadas innecesarias y 21 no necesarias”, la supresión de esos conciertos le supondría al Gobierno de Aragón un ahorro anual de 823.490 euros que el sindicato propone convertir en 5.000 becas de comedor o 25.000 de material escolar.

Por el contrario, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) sostiene que los conciertos educativos suponen para las comunidades un ahorro que va de los 2.673 euros por alumno de la Comunitat Valenciana a los 4.963 de Navarra. Esa misma entidad cifra en la aportación autonómica en el 57,5% de los ingresos de los centros concertados.

Algunos estudios, por otro lado, señalan que el gasto de las familias es mayor en la concertada que en la pública, en parte por el copago encubierto que suponen determinadas aportaciones que piden los centros.

Normas de 1985 retocadas con la Lomce

Los conciertos educativos siguen rigiéndose por un decreto de 1985, anterior en más de una década a la transferencia de las competencias de Educación a las comunidades autónomas, que recoge como condiciones para establecerlos la existencia de necesidades de escolarización en la zona de influencia de centro privado, “las condiciones socioeconómicas desfavorables de la población escolar atendida” y el hecho de ofrecer contenidos pedagógicos innovadores.

Esa normativa establece también una exigencia a menudo olvidada: “un centro no satisface necesidades de escolarización o no atiende a poblaciones desfavorecidas cuando su ubicación impida el acceso al mismo de alumnos que carezcan de recursos económicos para hacer frente al coste de los servicios de transporte y comedor escolares”.

Las principales aportaciones de la Lomce a la regulación de los conciertos ha consistido en ampliar de cuatro a seis años la duración de los conciertos en Primaria (los de Infantil suelen ir en paralelo), mientras mantenía en un cuatrienio las de ESO y Bachiller, y en abrir la puerta a instalar centros concertados en suelo público.