Imaginen que una turba de manifestantes agrede al alcalde de una ciudad española ante la mirada impasible de los policías. Y no pasa nada. No solo que no pase nada, sino que el partido gobernante se niegua a condenar a los agresores, que nunca serán detenidos ni juzgados. Y que los principales diarios de la ciudad quitan hierro a la agresión y prácticamente la justifican. No hay que imaginar nada. Esto pasó en València el 9 de octubre del 1979, cuando el alcalde del momento, el socialista Ricard Pérez Casado fue agredido hasta tres vueltas durante la Procesión Cívica, principal acto institucional de la jornada.

Este día fue el momento culminante de la llamada Batalla de València, la peculiar transición en el País Valencià, marcada por la tensión entre una izquierda, mayoritaria socialmente, pero incapaz de llevar a cabo su programa político autonomista ante la presión violenta ejercida en la calle por elementos de extrema derecha con connivencia de la UCD, que entonces gobernaba a Madrid.

El historiador Borja Ribera acaba de publicar la tesis Violencia política en la transición valenciana, donde ha documentado hasta un millar de actos violentos durante este periodo, de los cuales, 162 son catalogados como "graves", ya que incluyen atentados con bombas o agresiones físicas. Nunca hubo detenciones ni juicios o encarcelamientos. La gran mayoría de estos ataques quedaron impunes.

"Seguramente hubo muchas más agresiones, pero es muy difícil de contabilizarlas todas, puesto que si te agredían por la calle por hablar valenciano o por llevar según qué estética, lo más probable es que ni siquiera se hiciera la denuncia, porque la Policía tampoco hacía nada", explica Ribera. La violencia no fue exclusiva de la transición valenciana, pero esta sí que tuvo un desarrollo diferente que en otros territorios del estado. "Mientras en Valladolid, por ejemplo, la extrema derecha atacaba actos de la UCD, en el País Valencià –donde se mimetizaría en el movimiento anticatalanista conocido como blavero- eran fuerzas aliadas contra la izquierda", continúa Ribera.

Esta violencia condicionó las opciones valencianas para acceder a la autonomía al mismo nivel que las llamadas comunidades históricas –Catalunya, Euskadi y Galicia- con un estatuto refrendado por referéndum y con un nivel competencial más alto. Para posibilitarlo, el presidente del entonces Consell del País Valencià, el también socialista Josep Lluís Albinyana, inició una gira para conseguir la firma de un mínimo del 75% de municipios que avalasen la petición de estatuto por la vía rápida. La extrema derecha organizó una persecución sistemática de las autoridades valencianas ante la absoluta pasividad de las fuerzas de orden. "Una anécdota curiosa es que cuando llegué a Xàtiva –recuerda Albinyana- me esperaba una patrulla de la Guardia Civil en la entrada y me acompañó durante toda la visita. Fue la única localidad donde no hubo incidentes".

La escalada fue tal, que el 3 de septiembre del 1979, un centenar de alcaldes se encerraron en el Ayuntamiento de Quart de Poblet en protesta por la impunidad que disfrutaban los violentos. El Gobernador Civil nombrado unos pocos meses antes, José Maria Fernández del Rio, prometería a los ediles tomar medidas para evitar nuevos incidentes. Solo un mes después se producirían los graves ataques ya mencionados en la plaza del Ayuntamiento de València. "La pasividad de las fuerzas de seguridad era total, y esto se acompañaba con el cinismo de los responsables políticos", recuerda Albinyana, a quien un gobernador civil se le presentó a una cena sin escolta para demostrar que las calles eran seguras. "Para él sí que lo eran de seguras, ya lo creo", concluye el expresidente.

Albinyana dimitiría como presidente del Consell del País Valencià en diciembre del mismo año, siendo sustituido por Enric Monsonís, de la UCD. "A partir de entonces, la UCD, a pesar de haber perdido las elecciones, consigue el control del Consell e impone su modelo de autonomía", resume Ribera.

A la acción política de la UCD y la violencia ultra, también hay que sumar la renuncia del PSOE. "En realidad, cuando se pacta el Estatut de Benicàssim, la decisión ya está tomada en un pacto en Madrid entre UCD y PSOE", explica el historiador Ferran Achilés. A diferencia de Andalucía, donde los socialistas capitalizaron las demandas autonomistas por la via rápida, en el País Valencià este mismo partido echaría el freno de mano en favor de la "racionalización" del proceso autonómico. "El PSOE era muy sensible a la presión en la calle y el PSPV era un partido muy complejo con diferentes sensibilidades, y cuando empieza a ceder la UCD endurece su postura y al final consigue prácticamente todos los puntos en disputa, como el nombre de Comunidad Valenciana o la franja azul de la bandera", continúa Achilés.

Fiesta secuestrada

Durante muchos años, el 9 d'Octubre ha quedado marcado por la influencia que ha ejercido la extrema derecha, que incluso ha llegado a condicionar quién podía participar en el acto institucional. Tampoco era extraño ver simbología ultra –incluidas esvásticas- en la Procesión Cívica, ante la pasividad de una Policía que en cambio sí que hacía retirar banderas valencianas si no llevaban la corona en la franja azul.

Desde el 2015, con la llegada de la izquierda a las instituciones, se ha ido logrando cierta normalización democrática, con la creciente presencia del valencianismo y la izquierda en la Procesión Cívica, mientras que los ultras han ido siendo marginalizados, sin que todavía hayan desaparecido del todo. Aún así, la violencia volvió a las calles de València el 9 de octubre del 2017, cuando decenas de fascistas atacaron los manifestantes de izquierdas en pleno centro de la ciudad y delante, de nuevo, una ineficiente actuación policial.

Entonces, la retransmisión en directo por televisión sí que provocaría una importante alarma social que obligaría a una actuación policial con varios detenidos los días siguientes. Pero cuatro años después de las agresiones, todavía no se ha celebrado ningún juicio.