El próximo miércoles día 7 se reanudarán las tareas para retirar definitivamente los restos de la Cruz de los caídos de Callosa de Segura, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordara poner fin, mediante sentencia, a las medidas cautelares dictadas el pasado 29 de enero que impedían al Ayuntamiento cumplir con su acuerdo plenario en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

La paralización de las tareas de desmontaje y retirada de la vía publica de este monumento de exaltación de la dictadura franquista, ubicado junto a la Iglesia de Callosa desde 1942, impidió completar la operación programada. Los operarios contratados a tal efecto por el consistorio sólo pudieron retirar en un primer instante la pesada cruz, pero no su pedestal, donde en sus cuatro caras figuran los nombres de 81 falangistas “caídos por España” tras el golpe de Estado contra la República en 1936, que encabezaba Jose Antonio Primo de Rivera.

La decisión ha sido tomada con el voto favorable de cuatro de los cinco magistrados que componen la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y con un voto particular en contra. Contra esta decisión cabe recurso en el plazo de 30 días.

En la sentencia, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV critica a la corporación municipal de Callosa de Segura “que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares” planteada por los abogados cristianos, y que lo hiciera sin comunicarlo al tribunal "sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje".

"No se entiende -dice la sentencia- por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la Cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación", subraya el auto.

Lo que no dice la sala es que la desde el mismo día que en 2016 el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Elche, partido judicial al que pertenece Callosa de Segura, autorizó la retirada de esta cruz de los caídos, la subdelegación del Gobierno en Alicante autorizó a una plataforma ultracatólica de extrema derecha la ocupación permanente del entorno de la cruz durante nada menos que 400 días seguidos, renovados semanalmente, para evitar que pudiera ejecutarse la sentencia.

La corporación callosina, gobernada por la izquierda desde 2015, ante esta situación, no podía, sino que esperar para evitar incidentes con los vecinos allí apostados con autorización de la subdelegación y movilizados por el ex alcalde del Partido Popular.

Por eso, cuando se decidió emprender la retirada de la cruz franquista, fue aprovechando precisamente el momento en el que la subdelegación acordó no renovar la autorización de la concentración, lo que permitía trabajar a los operarios sin riesgo para las personas.