Zapatero, tras la entrevista. JON BARANDICA

En la antesala del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expone sus planes anticrisis con la seguridad de que lo peor ha pasado y de que España debe afrontar un nuevo reto de modernización para superar la dependencia del ladrillo. Confía en el acuerdo entre empresarios y sindicatos como un nuevo motor y está seguro de que las medidas van a tener un efecto claro en la economía y el empleo. 'El Gobierno asegura Zapatero ha pasado de una política defensiva para jugar al ataque contra la crisis'.

El primer trimestre se resume en un 3% de descenso del PIB, en el desmoronamiento de la producción industrial y del consumo. ¿Cómo y cuándo vamos a salir de esta crisis?

Hay dos factores que son importantes. El primero es que la demanda mundial debe mejorar razonablemente y los mercados financieros tienen que estabilizarse. Han mejorado algo, pero todavía queda un trecho. Además, las medidas que hemos puesto en marcha van a empezar a producir efecto. El primer trimestre ha sido seguramente el peor de los que vamos a vivir en recesión y, aunque nos queda un recorrido difícil, será menos duro.

Los expertos dicen que 2010 va a ser también un año muy difícil. ¿El Gobierno estudia alguna medida fiscal o congelar los salarios de los altos cargos de la Administración?

Es probable que la evolución del empleo sea menos negativa y deberíamos trabajar con el acuerdo que deseo alcanzar entre sindicatos y empresarios, más la ley de economía sostenible, más la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, en la que invitaré a sindicatos y empresarios como una novedad importante. Todo esto va a situarnos en un 2010 en el que arrancará el nuevo modelo económico. Este nuevo patrón de crecimiento tiene tres pilares fundamentales: la inyección de financiación a los sectores productivos con más futuro, la aceleración de la reforma de la formación profesional y de la formación para el empleo, y la cooperación de todas las Administraciones en la lucha contra la crisis. En este cambio de modelo, el sector de la vivienda tiene que dar un giro, con actividades de construcción que no son de nueva vivienda sino de rehabilitación, renovación y adaptación energética de edificios. Y tenemos que llegar a un equilibrio entre vivienda protegida y libre, a un equilibrio entre vivienda nueva y rehabilitación, y entre vivienda en propiedad y en alquiler. Tenemos que lograr que una parte del exceso de ahorro e inversión que ha ido al inmobiliario vaya a otros sectores productivos. Es el gran reto de la sociedad española.

¿Y medidas fiscales o recortes salariales?

Congelaremos los salarios de los altos cargos, sin duda, pero ya hemos hecho un gran esfuerzo de bajada de impuestos. En 2008-2009 la traducción es que nos vamos a un 32% de presión fiscal, es decir tres puntos menos de la que teníamos al inicio de 2008. Tres puntos menos son 30.000 millones de euros que el Estado ha transferido a las rentas de las familias. En presión fiscal estamos por debajo de la media europea, así que no hay en el horizonte decisiones fiscales de mayor calado. Vamos a hacer lo que hemos anunciado: una bajada del impuesto de sociedades a las pymes para favorecer el empleo.

Sobre la mesa está la reordenación del sistema financiero, las fusiones de cajas y la creación del fondo de salvamento.

El balance de cómo nuestro sistema financiero ha soportado la crisis más fuerte desde la II Guerra Mundial es claramente positivo. El Banco de España viene haciendo un seguimiento del conjunto del sector y es verdad que debemos estar preparados por si alguna entidad, fundamentalmente cajas de carácter mediano y pequeño, puede necesitar ayuda. El Gobierno ya tiene un plan y estamos en este momento negociándolo con otros grupos parlamentarios. Hemos empezado por el Partido Popular, también hemos hablado con CIU y vamos a a dialogar con todos para llevar un proyecto de ley al Parlamento.

¿Hay ya acuerdos?

Sí, hay una disposición positiva.

Y el fondo será de 40.000 millones

No hay un montante previo que podamos calcular, pero en todo caso estaría siempre por debajo de esa cifra. La idea es, en efecto, un fondo. Y estamos aún negociando si ha de ser mixto, público y privado a la vez, o sólo público. Y queremos consenso. La gestión y los apoyos para las fusiones o reestructuración de entidades corresponden al Banco de España, lógicamente con un control parlamentario. La idea de partida es respetar la normativa básica de las cajas.

Es decir, que los bancos no puedan comprar cajas.

Los bancos no están interesados en comprar cajas.

Mucha gente no entiende que se haya ayudado a banca y, sin embargo, los créditos no fluyan. Es como si hubiera una doble vara de medir.

El respaldo que el Gobierno, con la aprobación del Parlamento, ha dado a la banca no va a costar dinero a los contribuyentes. Lo que hacemos es prestar y avalar, con intereses y con comisión. En condiciones normales no costará dinero al erario público, sino más bien se obtendrá algún pequeño beneficio. Pero ese apoyo se ha hecho para que no se produjera un colapso del sistema financiero. Las condiciones se han endurecido para los bancos y, por tanto, para los créditos. Y en esta etapa de fuertes desequilibrios en los mercados internacionales las entidades españolas están también obligadas a actuar con más cautelas.

Hace unos días adelantó un gran acuerdo entre empresarios y sindicatos, pero los agentes sociales siguen divididos y enfrentados. ¿Cuál es el secreto para predecir el pacto?

Hay voluntad por parte de empresarios y sindicatos. Hay sentido de la responsabilidad en esta grave crisis y lo están demostrando día a día. ¿Cuál es el secreto? La clave del pacto es el impulso con un nuevo modelo de crecimiento y dar seguridad a la sociedad. En el impulso al modelo de crecimiento vamos a abordar la economía sostenible y el apoyo a la empresa. Estamos hablando de sectores productivos que ya son fuertes o que pueden serlo. Vamos a impulsar la generación de empleo por la vía de la capacitación profesional, de la formación continua y de la mejora de los servicios públicos de empleo, que distan mucho de dar satisfacción en el mercado laboral. Queremos consolidar la protección social, es decir, las pensiones y la protección del desempleo.

Pero el debate se centra en el abaratamiento del despido. Usted se une a los sindicatos en que no es el momento de ceder a la presión. ¿Aun así es posible el acuerdo?

Abaratar el despido no da confianza social y ni siquiera ayuda a creer en el nuevo patrón de crecimiento. Ceder a esa propuesta es un análisis superficial, es una receta barata. Mi objetivo es firmar el acuerdo cuanto antes.

Pero hay voces dentro y en el entorno del Gobierno que reclaman despido más barato.

No, no, no. Afortunadamente vivimos en una democracia deliberativa y me parece bien que haya posiciones que lo defiendan, pero el objetivo es mejorar nuestro mercado laboral, no debilitarlo. La economía vinculada al sector inmobiliario aporta poco a la productividad, que es el reto de futuro. Pongo siempre el ejemplo de que un euro en banda ancha aporta 11 veces más al PIB que un euro en ladrillo. Hemos tenido en nuestra economía entre tres y cuatro puntos del PIB de exceso en la construcción, que se han drenado de los sectores con más futuro. Es el cambio que tenemos que hacer y eso exige mejor calidad de empleo y menos temporalidad.

Póngame ejemplos.

El sector de I+D+i, el sector de las tecnologías de la comunicación y el sector social. Estos sectores están creando empleo estable en un 80%.

¿Y su modelo de economía sostenible no queda aguado tras las votaciones de las propuestas que hizo en el Congreso?

Me sorprende esta lectura publicada en algunos medios, porque las resoluciones del debate del estado de la nación no son leyes, son declaraciones políticas, y algunas están siendo aplicadas como el recorte de mil millones en el gasto público y las ayudas a la compra de automóvil. De las 11, ya hemos ejecutado dos y vamos a cumplir todas. Todas nuestras propuestas resultaron aprobadas y el PP sólo sacó adelante las que pactó con nosotros.

Cuando estalló la crisis todo el mundo hablaba de reformar un sistema neoliberal que se convirtió en estafa. Ahora los líderes mundiales parecen querer sólo parches. ¿Es una oportunidad perdida?

No es verdad. Los compromisos del G-20 plantean reformas a fondo con claro color progresista. Se van a imponer controles de supervisión y legalidad al sistema financiero y se van a eliminar los paraísos fiscales, lo cual es una revolución en el sistema capitalista actual. Se va a acabar, por decirlo de otra forma, con los privilegios que tiene el dinero frente a las personas o las mercancías. Además, se transformará el modelo energético con la apuesta por las energías renovables. Dicho de otra forma, se va a poner coto a la contaminación y a las desigualdades que genera la dependencia del petróleo. Y el tercer compromiso alcanzado es quizá el más ambicioso: volveremos a tener graves crisis cíclicas si no equilibramos la justicia y la riqueza en el mundo. El ahorro que se generó en los años de crecimiento fue de tal volumen que provocó la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, pero los países emergentes quedaron al margen de este crecimiento. Es decir, tenemos que provocar que el ahorro mundial vaya también a los países en desarrollo porque, si no, estaremos condenados a otra crisis cíclica en un determinado tiempo.

Hablando de energía, ¿es partidario de ampliar la vida a la central nuclear de Garoña?

No debo pronunciarme antes de conocer el informe del Consejo de Seguridad Nacional, pero sobre el tema nuclear no pienso en las próximas elecciones, pienso en las próximas generaciones. El reto son las energías renovables, el recurso a la energía nuclear es lo fácil.

¿Cambiar a fondo el Gobierno antes de un año no es un fracaso o el reconocimiento de que no eligió el equipo adecuado para lo que se venía encima?

Cuando ganamos las elecciones teníamos un horizonte de que la economía perdía fuelle. El Gobierno estaba conformado para dirigir una economía en retroceso. Estábamos en abril y cuando empezó el otoño fue cuando percibimos que la economía mundial había entrado en una recesión profunda. En octubre, toda la economía mundial estuvo al borde del abismo y sólo se salvó de la catástrofe por la intervención de los gobiernos. En España la crisis, sobre todo en materia de empleo, está siendo extraordinariamente dura. A principios de año ya tenía en la cabeza la necesidad de hacer un cambio de Gobierno y de poner en marcha un nuevo modelo económico.

¿Y eso exigía cambiar a Pedro Solbes, que había sido el pilar económico de la primera legislatura? ¿Existía desacuerdo sobre las medidas a tomar?

No se trata de eso. Pero había dos elementos nuevos, dos condiciones que yo sabía que a Solbes no le podía pedir. Uno, que era inevitable que había que afrontar la crisis recurriendo al déficit al menos durante dos o tres años. Solbes había sido en la Comisión Europea el comisario vigilante contra el déficit, el responsable de abrir expedientes a los países comunitarios que se desviaban de los objetivos. Y conmigo en el Gobierno fue el ministro de Economía del superávit presupuestario, algo totalmente nuevo en España. Además, era consciente de que para provocar el cambio de modelo de crecimiento económico se necesitaba un equipo, y al frente de ese equipo una persona con nueva energía y nuevos horizontes de ambición para conseguirlo.

¿Pero ahora no se ha echado usted personalmente sobre sus hombros la economía?

No. La economía la dirige el Gobierno y como presidente yo respondo de esta y de las otras áreas.

Se ha situado en el punto de mira como responsable directo del éxito o del fracaso para salir de la crisis. Ya no hay red.

Claro, lo mismo que cuando la prioridad era la lucha antiterrorista era el presidente del Gobierno quien estaba al frente. Siempre me pongo al frente, es mi estilo.

El mensaje a la sociedad de la razón que le llevó a cambiar el Gobierno es que no ha habido capacidad para afrontar la crisis. Eso tiene coste político.

Es verdad de cara a la opinión pública y también de cara al Parlamento, que me exigen a mí la responsabilidad. Siempre se exige todo al presidente. Cuando las cosas son difíciles, como en este caso, todos los grupos políticos reclaman la comparecencia del jefe del Gobierno. He comparecido nueve veces, pero pienso que este tipo de debate no lleva a ningún lado, puede conducir al absurdo.

Dicho de otra forma, ¿para los votantes del PSOE qué valor añadido tiene esta remodelación del Gobierno?

Hay varias señales, pero el mensaje principal es que hay un equipo con ambición. Hemos dejado de jugar a la defensiva, con un gran defensa, con el mejor defensa que seguramente ha tenido la economía española que es Pedro Solbes. Ahora el Gobierno ha pasado a jugar al ataque contra la crisis. Este es el cambio.

También está el reto del nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Cuándo estará cerrado el acuerdo?

Estará pactado antes del 15 de julio.

¿Habrá una asignación de fondos que pueda asumir Catalunya?

Sí, Catalunya aceptará el acuerdo.

Los cambios también reflejan una corrección en lo que se refiere a Universidades y Dependencia, que se trasladan de ministerio.

La estructura del Gobierno es algo que permite modificación para adaptarse más a las características de cada titular y eso es algo claro con Ángel Gabilondo, cuyo perfil es de Educación. Y lo mismo pasa con Trinidad Jiménez, que se adapta perfectamente a la política sanitaria y a los objetivos de implantar la Ley de Dependencia. Es una corrección muy pensada.

La Ley de Dependencia es un objetivo ambicioso, pero parece que tarda en arrancar.

La verdad es que está bastante en marcha, aunque hay alguna comunidad autónoma, como Madrid, que va con más retraso. Pero me acaban de dar la cifra de que son 400.000 personas las que están recibiendo prestación y hay otras 200.000 que tienen reconocido el derecho y tenemos que acelerar los trámites para protegerlos cuanto antes. El total de evaluados como dependientes asciende a 800.000 y debemos llegar pronto a 900.000. Este año gastaremos cerca de 3.000 millones de euros y seguiremos incrementando progresivamente el presupuesto. Es la gran ley social de la década, el gran logro, y ahora sólo estamos poniendo los cimientos.

¿Con Ángeles González-Sinde en Cultura se quiere simbolizar el éxito del cine español fuera?

Lo que me ha motivado es la defensa del cine ante tanto patriota que se dedica a desprestigiar al cine español cuando es una de las cosas por las que se ve España. Ante el mundo, somos cultura y un país atractivo por su naturaleza. Tenemos ahora grandes directores que han sido premiados con el Oscar, como Almodóvar, Trueba y Amenábar. Algunos deberían mirar la defensa que hace de su cultura Francia. Eso sí es patriotismo auténtico.

La televisión pública se queda sin publicidad, pero ¿qué modelo de contenidos persigue el Gobierno?

El modelo sería el de la BBC. Lo que hacemos ahora es liberar a la televisión pública de la lucha comercial, que no tenga la tensión de obtener audiencia para financiarse con anuncios. El objetivo es una televisión de calidad como servicio público, informativa y cultural. Si logra un éxito de audiencia, eso obligará a las privadas a alejarse de los programas basura.

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