El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicó este lunes que el Grupo Socialista no puede recurrir a través del Tribunal Constitucional el retraso del pago de las pensiones de viudedad -que afecta a más de dos millones de personas, en su inmensa mayoría mujeres-, aunque denunció el flagrante incumplimiento del Gobierno.

El PSOE estudió esta propuesta tras serle planteada por una de las asistentes a la asamblea ciudadana a la que asistió Sánchez el pasado domingo en Madrid. Los socialistas, explicó el secretario general, no van a recurrir la ley que aprobó esta subida porque supondría recurrir la que está en vigor, que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2011 y que contemplaba la subida de las pensiones de viudedad, incumplida seis años después. Pero el PSOE sí puede actuar jurídicamente contra el Decreto que apruebe próximamente el Gobierno y que será un reglamento para la aplicación de la ley en vigor.

Contra los reglamentos supuestamente ilegales -como cree el PSOE que es éste- no cabe recurso al Tribunal Constitucional, salvo excepciones que no se dan en este caso relativas a las comunidades autónomas, por lo que habitualmente es la vía contencioso-administrativa a la que se recurre.

Por ello, los socialistas se guardan la posibilidad de acudir a la vía judicial por este cauce, según informaron a Público fuentes socialistas. No obstante, antes esperarán a ver el contenido del Decreto que debe aprobar el Gobierno de Rajoy para llevar a cabo el citado incremento, así como el informe del Consejo de Estado sobre este asunto, con la esperanza de que este órgano también ponga de manifiesto este incumplimiento. De no ser así, se planteará el recurso contencioso, algo que también podrán hacer individualmente las personas que crean verse perjudicadas por la aplicación de dicha ley.

800 millones de euros impagados

Las pensiones de viudedad tendrían que haber empezado a subir en 2012 de forma progresiva hasta 2019, pero la llegada de Rajoy a La Moncloa paralizó dicha subida, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que consistía en aumentar la base reguladora hasta el 60%.

El Ejecutivo del PP incumplió durante sus seis años de mandato dicho acuerdo y las personas que se deberían haber visto beneficiadas por medida aprobada en 2011, han perdido todos estos años el incremento parcial que le correspondía. Se calculan, inicialmente, unos perjuicios de en torno a 800 millones de euros.

Lo que sí acordó este lunes la Ejecutiva Federal socialista fue presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el veto del Gobierno a la Proposición de Ley de regulación de la unidad de convivencia en las pensiones no contributivas. El Gobierno impidió incluso que se debatiera esta proposición en el Congreso, esgrimiendo su facultad de veto presupuestario a las iniciativas que supongan incremento del gasto público, algo que lleva haciendo toda la legislatura.
El PSOE presentará dicho recurso al considerar que el Gobierno está haciendo “un uso abusivo y desproporcionado” de esta facultad constitucional, al vetar esta iniciativa. Para los socialistas, la Mesa del Congreso debería haber inadmitido dicho veto que impidió hasta el debate y una posible aprobación de dicha propuesta.