La crisis institucional se agrava tras dos meses de paralización desde que el PP rompió la negociación por el CGPJ

La grave crisis institucional que ha provocado la injerencia del Tribunal Constitucional (TC) en el Poder Legislativo, al suspender una tramitación parlamentaria por primera vez en la historia, no tiene visos de amainar, todo lo contrario. Sin expectativas en el horizonte por el contumaz bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el intenso arranque de 2023 augura una escalada de tensiones en un año ya de por sí complicado por el calendario electoral. 

Los dos últimos meses han sido cruciales para la culminación de la estrategia del PP, a través del Constitucional y de la pírrica pero suficiente mayoría de seis votos frente a los cinco del sector progresista, contrario a la prohibición de que el Senado delibere y vote la reforma legal que afectaba a la renovación del TC. 

Fue el 27 de octubre cuando Feijóo rompía las negociaciones con el Gobierno para la renovación del CGPJ. La reforma del delito de sedición fue la nueva excusa para mantener un bloqueo que beneficia únicamente al PP. Desde entonces, los populares han intensificado su estrategia de bloqueo a través del sector conservador del CGPJ, empecinado en vetar al candidato de los progresistas, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, por considerarle afín al Gobierno de Sánchez y a los postulados soberanistas catalanes.

Este martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra un nuevo Pleno extraordinario para votar por segunda vez a los candidatos del Constitucional, entre los que repiten José Manuel Bandrés, por el bloque progresista, y César Tolosa, por el ala conservadora. La novedad, a petición de los conservadores, es la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano, que figuró en la lista inicial de nueve nombres de los progresistas.

La estrategia del bloqueo como filosofía política

Condiciones leoninas, excusas variopintas, argumentos engañosos y una mayoría en los órganos constitucionales. De todo esto se ha servido el Partido Popular durante los últimos cuatro años para mantener en sus sillones a los vocales de un Consejo General del Poder Judicial elegido en 2013 con su mayoría parlamentaria de entonces y caducado desde diciembre de 2018. La reforma del delito de sedición ha sido, hasta que finalmente ha quedado aprobada en el Senado, la justificación de los populares para no volver a sentarse con el Gobierno y alcanzar un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces. 

Nuñéz Feijóo exige elecciones anticipadas para salir de esta crisis que ha provocado su partido y Pedro Sánchez le responde que "se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del TC". 

Y esta es una cuestión capital: el nuevo intento, esta vez vía proposición de ley, que ha anunciado el PSOE, en términos similares a la proposición que ya ha presentado Más País, para reformar la manera en la que el CGPJ elige a sus dos magistrados para el TC, de cara a poder desbloquear la situación que imponen los vocales conservadores, con un veto claro al candidato propuesto por los progresistas, en minoría, que aboca a un bloqueo persistente.  

¿Una reforma sólo para el TC o también para el CGPJ?

Pero a cuenta de esta reforma se esperan tensiones internas en el Gobierno de coalición. El PSOE quiere introducir en una proposición de ley el espíritu de las dos enmiendas paralizadas por el Constitucional que iban a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Estas modificaciones contemplan el paso en el CGPJ de la mayoría de tres quintos para elegir a los dos magistrados del TC a una mayoría simple con la que poder desencallar las votaciones y superar el veto de los conservadores al candidato de los progresistas. 

También se pretende modificar la LOTC para que el pleno del TC deje de tener la potestad de examinar a los dos magistrados que nombra el Gobierno y que es otro de los impedimentos actuales para la renovación del tribunal de garantías. El presidente del TC se niega a convocar el pleno para dar el plácet a Juan Carlos Campo y Laura Diez, los magistrados designados por el Ejecutivo, alegando que hay que esperar a que el CGPJ nombre a sus dos candidatos para examinar a los cuatro juntos.

Para el PSOE la prioridad en estos momentos es renovar el TC. Este órgano tiene pendientes los recursos de las leyes más importantes del Gobierno, como la ley de la eutanasia, interpuestos por PP y Vox, y que podrían resolverse en el año electoral.

Pero Unidas Podemos(UP) y otros socios de la investidura, como EH-Bildu, creen que estas reformas se quedan cortas y que hay que acometer con urgencia la modificación de las mayorías parlamentarias para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ. 

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Unidas Podemos tiene claro que es imperioso rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar un nuevo CGPJ para pasar de los tres quintos actuales a una mayoría absoluta. Esto implicaría dejar de tener que pactar con el PP a hacerlo con el bloque de la investidura progresista. De hecho, esta propuesta fue presentada el 14 de octubre de 2020 por el PSOE y UP de forma conjunta pero fue retirada ante la insistencia del PSOE para no perjudicar las negociaciones con el PP, que protestó y condicionó de nuevo la renovación del CGPJ.

¿Para qué le sirve al PP el bloqueo del CGPJ?

La no renovación del Consejo ha servido al PP no sólo para colocar en la cúpula judicial a jueces afines, hasta que por ley, el 30 de marzo de 2021, se prohibió hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, sino también para provocar una crisis institucional que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. 

El bloqueo del CGPJ le sirve al PP como herramienta fundamental de desgaste al Gobierno de coalición, con informes desfavorables a los proyectos legislativos  progresistas.

Y, sobre todo, para impedir que en el Tribunal Constitucional se conforme una mayoría progresista, de acuerdo a las mayorías parlamentarias. La renovación del tercio de magistrados del TC, cuyo mandato está caducado desde hace seis meses, dará inexorablemente una mayoría progresista. Y eso es lo que quiere impedir el partido de Feijóo hasta la celebración de las elecciones generales.