El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el primer texto legislativo para abordar el problema estructural de la crisis climática. La norma, que nace de la mano de la Vicepresidencia 4ª para la Transición Ecológica, consta de 36 puntos y se presenta como una guía para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero "no más tarde de 2050". El proyecto legislativo, debido a la crisis de la covid-19, llega con retraso ya que el Gobierno se comprometió en enero a presentarlo en las Cortes en un plazo de 100 días.

El proyecto de ley, que tendrá que ser sometida a enmienda en las Cortes, plantea por primera vez en la historia un objetivo de neutralidad de emisiones, lo cual tiene que ver, no sólo con una reducción drástica de la contaminación, sino también con planes de compensación y absorción de carbono. En cualquier caso, el Ejecutivo fija 2030 como primera meta y plantea para entonces una reducción del 20%  de las emisiones respecto a 1990. Un objetivo que va en consonancia con los planes de ambición climática de la Comisión Europea. Para ello, se determina que, a finales de la próxima década, el 35% del consumo energético sea de origen renovable. De cara a 2030 el sector eléctrico tendrá que tener, según esta norma, un 70% de producción limpia. 

Para llegar a ese escenario de emisiones neutras, la ley se nutre de herramientas que permitan articular sus planes. Una de ellas son los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, previsto para el periodo 2021-2030, planea una reducción de las emisiones del 23% y un porcentaje de renovables en el consumo final de un 42% para finales de la década actual. Por otra parte, el proyecto de ley contempla la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático, una suerte de órgano independiente que evalúe y recomiende al Gobierno cómo actuar ante el reto ecológico. 

El texto, además, señala el camino de la desinversión en productos energéticos de origen fósil. Así, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, se dejarán de otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigaciones o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo España. La apuesta del Gobierno por las renovables es clara

Por otro lado, se plantea una inversión anual de 450 millones de euros destinados a financiar los costes del sistema eléctrico de origen renovable. Además, el 30% de los ingresos generados por la venta de derechos de emisiones irá destinado a paliar los impactos sociales de la transición energética. Por otra parte el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberán elaborar un informe anual sobre el riesgo financiero español que pueda entrañar el cambio climático.

En consonancia con la necesidad de avanzar hacia la eficiencia energética, la ley establece que se deberán agregar criterios ambientales en los procesos de contratación pública. Tanto es así, que la propia ley establece que la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamiento más allá de 2030 de aquellos inmuebles que no presenten un consumo de energía "casi nulo".

Hacia la movilidad sostenible

El sector transporte –el que más emisiones de CO2 genera en España (más del 25% del total), según los datos del inventario del Ministerio de Transición Ecológica– también será reformado de manera estructural. Asimismo el Ejecutivo plantea llegar a 2050 con el parque móvil –vehículos privados y comerciales– descarbonizado. En ese sentido, el proyecto de ley establece que a partir de 2040 no se podrán vender vehículos nuevos que no sean cero emisiones. Para ello se pondrán en marcha medidas que faciliten la venta de este tipo de  vehículos eléctricos y apoyo a la investigación y el desarrollo de la industria.

Uno de los planes más ambiciosos tiene que ver con el blindaje a Madrid Central y medidas de ordenación urbana que vayan destinadas a reducir la contaminación de los transportes en las ciudades. Tanto es así, que el proyecto plantea que todos los municipios de más de 50.000 habitantes implementen sus propias zonas de bajas emisiones "no más tarde de 2023". Además, la ley contempla que cualquier reforma a una de estas zonas libres de contaminación deberá contar con un informe previo del Ministerio de Transición Ecológica y el órgano autonómico competente en materia medioambiental.

Para llevar a cabo una transformación estructural del sector transporte y avanzar hacia una movilidad sostenible, el Ejecutivo plantea que los proyectos de zonas de bajas emisiones deben estar apoyados en medidas que incentiven el uso del transporte público, la bicicleta y el transporte activo a pie. No en vano, la ley de cambio climático, consciente de las dificultades que entraña la descarbonización del parque móvil, establece un programa para sembrar el Estado de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. De hecho, se estipula que el Código Técnico de Edificación deberá articular puntos de recarga en los edificios de nueva construcción.

Por lo que se refiere al transporte aéreo, el proyecto de ley habilita al Gobierno para que pueda establecer objetivos anuales de biocarburantes y combustibles renovables. No en vano, esta alternativa no responde a las demandas de los sectores ecologistas, ya que la alternativa de los carburantes bio, pese disminuir las emisiones durante su quema, esconden un gran impacto ambiental para su extracción. Tanto es así, que un informe reciente de la organización Rainforest Foundation concluye que para que el sector de la aviación sustituya el queroseno habitual por biocombustibles vegetales se tendrá que deforestar cerca de 3 millones de hectáreas de selva en todo el planeta.

Educación en cambio climático

Una de las demandas del sector ecologista es la inclusión de la perspectiva del cambio climático en el currículum académico y el proyecto de ley parece recoger el guante. Así, la norma impulsada desde la Vicepresidencia de Teresa Ribera plantea un cambio en la enseñanza, de modo que los profesores reciban formación relacionada con el cambio climático con la intención de que los alumnos reciban una noción básica del problema.

En el ámbito universitario, el Gobierno promoverá que las universidades revisen el tratamiento de la crisis climática en los planes de estudio y se actualizará el catálogo de ofertas formativas de formación profesional con la intención de favorecer la educación y la creación de "perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental". Por último, la ley contempla que se incentive la financiación a la investigación relacionada con la materia y con el desarrollo de innovación para afrontar el reto de la transición ecológica.

Una ley "insuficiente"

Aunque todavía se requiere que las Cortes respalden la ley, los grupos ecologistas consideran que, en líneas generales, la propuesta no tiene la suficiente ambición en cuanto a objetivos de reducción de emisiones de tan sólo el 20% para 2030. Este objetivo, según explican desde Greenpeace, no se alinea con los consejos de la ONU para evitar que la temperatura del planeta suba más de 1,5ºC. Tanto es así, que la línea de actuación propuesta por Grupo de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) habla de una reducción anual de 7,6% entre 2020 y 2030 para conseguir mitigar las peores consecuencias de la crisis ecológica. 

Desde el partido ecologista Equo califican de "decepcionante" la propuesta de ley y advierten de que la neutralidad de emisiones debería alcanzarse diez años antes, es decir, en 2040. Además, la formación verde denuncia que el proyecto de ley "no cuestiona el modelo económico de nuestro país" y deja fuera de la transición a sectores fundamentales como el agroalimentario o el turismo.

Ecologistas en Acción, por su parte, incide en que los objetivos planteados por el Ejecutivo "siguen por debajo de las recomendaciones de la ciencia". No en vano, el grupo medioambientalista insta a todas las formaciones políticas a reclamar una mayor ambición durante todo el proceso parlamentario previo a la aprobación definitiva de la ley. "Esta tramitación es una oportunidad única para acelerar un cambio de escala de lo global a lo local que apueste por las cadenas de comercialización cortas y sostenibles", agregan.

La organización conservacionista Amigos de la Tierra, por su parte, celebra la llegada de la propuesta de ley. No en vano, desde la ong critican la ausencia de criterios de democratización del sistema energético español, cuya transición a las renovables se basará en un nuevo sistema de subasta. "Uno de los puntos a cubrir es el acceso a la financiación e información, a través de apoyos financieros o de inversión como préstamos favorables a la energía comunitaria, subvenciones o exenciones fiscales en las inversiones de sus miembros. La creciente tendencia hacia las licitaciones y subastas está afectando negativamente la capacidad de las comunidades de energía renovable para competir o acceder a los sistemas de ayudas".

No en vano, Unidas Podemos ha conseguido un acuerdo con el PSOE para ampliar algunos de los objetivos de la ley durante el proceso de trámite parlamentario. De esta forma, la reducción de emisiones para 2030 pasaría del 20% al 23%, la participación de las renovables en el consumo de electricidad del 70% al 74% y la reducción de consumo de energía primaria pasaría del 35% al 39,5%.