El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha decidido abrir juicio oral al exalcalde de esa ciudad, Javier León de la Riva, por la supuesta autoría de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, cometidos al firmar tres cartas de conformidad sin seguir el procedimiento establecido.

Además, el Juzgado ha abierto juicio contra los exconcejales de Hacienda, Alfredo Blanco, y de Planificación, Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez, como supuestos autores de delitos de prevaricación administrativa, han informado este viernes fuentes municipales.

Las cartas de conformidad estaban vinculadas con el aval de préstamos concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para el soterramiento del ferrocarril.

"Continúese la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado, por si los hechos imputados" a Francisco Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez "fueren constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa (en relación con los tres) y de falsedad documental (en relación únicamente con el primero)", dice la parte dispositiva del auto judicial.

La resolución del Juzgado explica que, de las actuaciones practicadas en la instrucción del caso, se desprende "indiciaria o provisionalmente" que en noviembre de 2002 el Ayuntamiento de Valladolid, entre otras entidades, firmó un convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid.

Se constituyó entonces la Sociedad Alta Velocidad 2003, S.A., participada por los firmantes del acuerdo, entre ellos el consistorio en el veinticinco por ciento.

Por parte del Ayuntamiento, además del entonces alcalde, formaban parte también del Consejo de Administración de dicha Sociedad los que fueran ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Fue el 28 de julio de 2008 cuando el entonces regidor firmó, en el seno de dicha Sociedad, una carta de conformidad que avalaba un préstamo concedido a la Sociedad Alta Velocidad 2003 de doscientos millones de euros, en relación con la primera operación de financiación de obras de soterramiento del tren de alta velocidad.

La firma se llevó a cabo "sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite", considera el auto.

Argumenta el texto judicial que se firmó "sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León".

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2010, Javier León de la Riva firmó una nueva carta de conformidad que avalaba un préstamo de setenta millones de euros concedido a la Sociedad Alta Velocidad 2003 S.A., consecuencia de la refinanciación de la anterior operación.

Se firmó sin someterla a las autorizaciones correspondientes de los distintos órganos, precisa.

Estos documentos contenían "extremos no reales, faltaban a la verdad en la narración de los hechos y suponían la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción y unos acuerdos y autorizaciones que no se habían producido, causando además un resultado materialmente injusto", considera el auto.

Más tarde, dicha Sociedad firmó el 14 de febrero de 2011 un contrato de línea de crédito con varias entidades bancarias por un importe máximo de cuatrocientos millones de euros.

Al contrato precedió, por exigencia de las entidades financieras, la firma de una carta de compromiso o conformidad y, en el caso del Ayuntamiento, el entonces alcalde firmó "con pleno conocimiento de lo que hacía y la trascendencia que tenía", una carta de conformidad con fecha 26 de enero de 2011, como garantía del préstamo y con un contenido "de suma trascendencia" para el consistorio.

De nuevo la firma se llevó a cabo sin el "oportuno procedimiento administrativo", afirma el auto, que precisa que Blanco y Sánchez también eran miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 y "tenían conocimiento" de las garantías que las entidades bancarias exigían y de la suscripción de las sucesivas cartas de compromiso.

Fue el 25 de agosto de 2016 cuando el pleno del consistorio declaró la nulidad de pleno derecho de la Carta de conformidad firmada el 26 de enero de 2011 por León de la Riva y, después, el consistorio conoció otras dos primeras cartas de conformidad.

La decisión judicial se puede impugnar mediante la interposición de un recurso de reforma, subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación, o de recurso de apelación directo.