El fuego amigo suele ser el que más daño hace a los políticos. Esa frase se la ha debido grabar a fuego Antonio Barrientos, médico y alcalde del PSOE en Estepona (Málaga) hasta que cayó en desgracia en 2008, cuando fue detenido por la Policía junto con otro centenar de personas en la denominada Operación Astapa, un golpe contra la supuesta corrupción urbanística en el municipio. A Barrientos se le intentó vincular además con una oscura financiación del Partido Andalucista y de los socialistas, a través del exministro José Bono o de la hija del entonces presidente del Senado, Javier Rojo, ya desimputada. 

El resultado fue el cambio del alcalde por un concejal también del PSOE, David Valadez, que fue el denunciante de la supuesta trama. El pasado diciembre, el juez tomó por primera vez declaración a Barrientos después de ocho años de imputación. Y no tuvo palabras gratas para su sucesor –a quien varias defensas y fuentes políticas y policiales señalan como el hombre del comisario José Manuel Villarejo en Estepona– ni tampoco para la UDEF, que introdujo datos falsos sobre los procesados en sus informes –desde atribuirles cuentas bancarias que no poseían a puestos en consejos de administración de empresas con las que tampoco tenían relación–, según dictó en un auto favorable obtenido por el exalcalde. 

La clave de esta relación entre el Valadez y Villarejo estaría en el exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Diego de Lucas Villarubia, quien declara este viernes como testigo del procedimiento. Entró en el ayuntamiento después de la salida de Barrientos y en la actualidad es el administrador único de Sensible Code, la empresa que edita la página digital de la mujer del excomisario, que está investigada por difundir la grabación al CNI y a Asuntos Internos dentro de la causa del pequeño Nicolás. 

16 millones de euros de Uruguay a Estepona en lo que Asuntos Internos cree que fue blanqueo de capitales

El País desveló que, a través de Estepona, el entonces comisario Villarejo había introducido en España alrededor de 16 millones de euros desde Uruguay. Ese dinero sigue teniendo un origen desconocido, así que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dirige el comisario Francisco Migueláñez propuso a la Fiscalía Anticorrupción y a la de Madrid que se iniciase una investigación por posible blanqueo de capitales. Pero desde abril de 2016 no han tomado ninguna decisión al respecto. 

En 2006, Diego Valadez, portavoz del grupo socialista municipal y concejal de Bienestar Social, estableció contacto con el dueño de la sociedad Grupo SH Vilamoura, Juan Carlos Escribano Cárcel, que estaba interesado en la promoción de la finca La Ventilla, donde quería construir el Residencial Mirador de la Cala. Este acabaría siendo socio y administrador de las sociedades del comisario José Manuel Villarejo en Estepona. Fuentes del municipio indican a Público que "Valadez tenía también una estrecha relación con el hermano del comisario, que ha sido cura en la localidad hasta hace poco". 

Según las actas del grupo municipal del 6 de noviembre de 2006, Valadez advirtió en la reunión del 27 de octubre donde se debatía un convenio urbanístico que "no tenía nada que objetar al convenio, si bien había recibido una llamada de la Policía del Ministerio del Interior, y que incluso tenía documentos y grabaciones con respecto al mismo, que le impedían aprobar el citado expediente". El alcalde Barrientos insistió en que le diera esas pruebas para poner una denuncia "ante el Juzgado competente en la materia, ya que de otra forma, sería como hacerse cómplice de estos hechos delictivos, cosa a lo que no está dispuesto".

Valadez no acudió al pleno donde se iba a aprobar un convenio urbanístico y en la siguiente reunión de los socialistas volvió a reiterar que "nunca tuvo
dudas sobre el expediente de urbanismo en sí" y que "no entraba a discutir sobre el mismo, y menos de su legalidad ya que contaba con todos los informes y, por consiguiente, no tenia nada que objetar". 

Sin embargo, diez días después viajaba a Madrid para declarar en la UDEF a petición propia, junto con otra concejala del PSOE, sobre los supuestos amaños urbanísticos en el consistorio. Según ya había manifestado al grupo socialista, "un promotor de su confianza le había transmitido directamente que en otra ocasión había sido extorsionado con 200 millones de las antiguas pesetas y que había entregado en una reunión en el Hotel Kempiski a alguien perteneciente a otro partido político".

Este mismo promotor, Juan Carlos Escribano –socio y administrador de algunas empresas del comisario–, quien declaró a petición de la Policía y en la actualidad es socio del ex gerente de urbanismo Diego de Lucas, afirmó "que recibió presiones, antes de empezar las obras en el año 2003, por parte de la novia, hoy esposa, del entonces Alcalde Antonio Barrientos, que le exigió una rebaja del 50%, que si no tendría problemas con la licencia de obra" del Mirador de la Cala. Estas supuestas presiones se han demostrado falsas, puesto que la mujer de Barrientos nunca ha estado involucrada en un procedimiento que sigue en fase de instrucción. 

Una clínica, docena y media de pisos, veinte garajes o trasteros... conseguidos tras el cambio de alcalde

La denuncia quedó parada en la UDEF mientras Barrientos cumplía su palabra y ponía una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, que tuvo que reiterar hasta en siete ocasiones sin que se abrieran diligencias. Pero en 2008 la Policía volvió al ataque, a la vez que las condiciones del Ayuntamiento de Estepona para concederle a Escribano la licencia de primera ocupación incluyen requisitos como el "pago de los excesos de aprovechamientos que habría de corresponder al ayuntamiento en la unidad de ejecución citada, de acuerdo a la tasación que efectúen los Servicios Técnicos Municipales". El Grupo Villamoura se había comprometido a hacer 113 aparcamientos que no había hecho y debía pagarlos al consistorio.  

El 17 de junio Barrientos era detenido y a continuación fue nombrado nuevo alcalde David Valadez, quien, según declaró él mismo en sede judicial, se había traído desde Madrid un nuevo arquitecto que acabaría llevando el urbanismo de Estepona: Diego de Lucas, precisamente administrador del comisario Villarejo. 

La sociedad de Escribano consiguió entonces la licencia de primera ocupación sin compensar plazas de aparcamiento, sin sanción económica y sin el abono de los aprovechamientos urbanísticos.

Al año siguiente, el Grupo KSUR, que forma parte del entramado societario sospechoso de blanqueo de capitales, se convirtió en la comercializadora de los pisos de lujo del Mirador de la Cala. El comisario Villarejo es propietario, a través de su empleado David Macías, de 18 pisos (entre ellos dos áticos), 20 trasteros/garaje y un local en esos edificios, según el informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En el local se sitúa la clínica Cenyt, también propiedad del agente encubierto, ya que muchas de sus inversiones junto con Escribano en Estepona se centran en el sector de la Salud. 

Pero todo esto no puede conseguirse sin la ayuda de algunos fiscales y jueces...

...CONTINUARÁ