La primera sentencia judicial sobre el caso Gürtel, la pieza separada de Fitur en Valencia, y las fuetes condenas de cárcel para 11 de los 13 procesados, ha supuesto todo un bombazo horas antes de la apertura del XVIII Congreso Nacional del PP que se inicia esta tarde en el recinto de la Caja Mágica de Madrid. De esta forma la corrupción se ha presentado como un invitado estrella en el cónclave conservador cuandoi nadie la esperaba.

Los nombres más reputados del caso Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes) se han unido a Milagrosa Martínez, ex presidenta de Les Corts Valencianes y ex consellera de Turismo a la hora de recibir las condenas de cárcel más duras por acumular varios delitos, todos ellos exponentes de la corrupción que imperó durante los mandatos del ex president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la etapa de las mayorías absolutas del PP en aquella comunidad.

Se trata de la primera condena para los protagonistas del caso Gürtel, en una de las diversas piezas judiciales en las que se tuvo que dividir, desde que en febrero de 2009 el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió la investigación sobre este caso de corrupción vinculado al PP y a su financiación irregular.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, a su llegada a la Caja Mágica de Madrid para asistir al XVIII Congreso nacional del partido. EFE/JuanJo Martín

En aquel momento, nada más se abrieron las pesquisas judiciales, el propio Mariano Rajoy, rodeado de la plana mayor de su partido, calificó el caso como “una operación contra el PP”. Desde entonces el PP ha aplicado la “doctrina Trillo”: primero, descalificar cualquier actuación judicial y policial; luego, a medida que avanzaban las evidencias, desmarcándose de los nombres marcados en rojo. Ello no fue óbice para el mensaje SMS que envió Rajoy a Bárcenas: “Luis, sé fuerte”

Este viernes, una vez conocida la dura sentencia del tribunal valenciano, el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, apenas acertaba a pronunciar una escueta frase: “La justicia funciona y quien la hace la paga, sea quien sea, se llame como se llame”. Era su forma de intentar liquidar el asunto, sin poder ocultar su incomodidad por la situación.

Pero esa redacción, aparte de que sea la posición oficial del PP ante la sentencia, no deja de trasladar la nula asunción de responsabilidades que se asumen en el partido por los casos de corrupción denunciados, investigados y, ahora, incluso con una dura sentencia. Esta misma mañana, una veterana compromisoria, ex diputada nacional y estrechamente vinculada a la administración autonómica valenciana con el PP, exclamaba: “Pobre Milagrosa, ¡que injusticia!, ¡con lo que ha trabajado ella en el sector turístico valenciano!”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría saluda al presidente del PP de Castilla y León y de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, al inicio del XVIII Congreso nacional del partido que se celebra en la Caja Mágica de Madrid. EFE/JuanJo Martín

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la entrada del plenario para asistir a la inauguración del congreso ha dicho: “Mucho se quejan los soberanistas catalanes de que las casualidades (judiciales) no existen y mira que es lo que nos ha pasado hoy a nosotros”, a la hora de referirse a la notificación este viernes a primera hora de la primera sentencia sobre Gurtel. No ha salido ninguna otra reflexión de sus labios.

A la primera sentencia del caso Gürtel se suma el anuncio hecho por seis empresarios valencianos, encausados en otra pieza del caso Gürtel relacionada con la financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana en la etapa de liderazgo de Camps, de reconocer ante la fiscalía que financiaron ilegalmente al PP valenciano a través de maquinaciones con la trama de empresas de Gürtel.

Estos empresarios se unen a otros tres que ya habían firmado una conformidad de culpa con la fiscalía, entre ellos el polémico empresario alicantino Enrique Ortiz. Esa actitud supone, según fuentes judiciales, un reconocimiento de culpa para evitar las penas más elevadas por los delitos que se les atribuyen. En esa causa están procesados un vicepresidente de Camps, Vicente rambla, y otros altos cargos del partido con su liderazgo.