Los contratos opacos de la 'oficina antiokupas' de Collado Villalba le cuestan la imputación a la alcaldesa del PP

La Oficina Municipal Antiocupación del municipio madrileño de Collado Villalba duró solo seis meses. Su creación fue pionera en España, pero su contratación fue opaca, desató una gran polémica en la localidad y ahora le ha costado la imputación a la alcaldesa, Mariola Vargas (PP), por su negativa a informar sobre el procedimiento de licitación y adjudicación, que recayó sobre una empresa de desocupaciones extrajudiciales administrada por un empresario investigado por desalojos violentos.

La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha informado este lunes de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Collado Villalba ha admitido la querella presentada hace más de un año por el grupo municipal de la oposición Unidas Por Collado Villalba contra la alcaldesa.

El juzgado investiga ahora a la alcaldesa por un presunto delito de impedimento de ejercicio de los derechos cívicos, que, según el Código Penal, puede conllevar la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años a la autoridad o el funcionario que impida el ejercicio de de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.

El motivo de la querella estaba en la falta de información sobre la adjudicación del contrato público para la gestión de esta oficina. Se trataba de un contrato menor, por un presupuesto de 15.000 euros por seis meses de servicio, pero los pliegos de contratación no figuraban en el Portal de Transparencia. 

El Ayuntamiento se negó a facilitar información sobre la contratación a pesar de la reiteradas preguntas en pleno, comisión y por escrito que realizó la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata. Sin embargo, una investigación de la Asamblea de Vivienda de la localidad y las preguntas de la concejala Morata destaparon que el adjudicatario real del contrato era la empresa Desocupaciones Técnicas S.L.

El acto de presentación de esta oficina, el 15 de julio de 2021, estuvo protagonizado por la alcaldesa; por el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Aisa Fernández (PP), y por Antonio Miranda Chaves, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO), una organización que no figura en los registros del Ministerio del Interior.

Aparentemente, sería la ONAO la encargada de gestionar esta oficina, según varias entrevistas en medios concedidas por Miranda Chaves. Sus funciones serían las de dar asesoramiento jurídico y mediación a los afectados por la usurpación de inmuebles, comunicarse con los servicios sociales del Ayuntamiento para estudiar casos de personas vulnerables que ocupan viviendas y mantener relación directa con la Policía Local para hacer seguimiento de las viviendas ocupadas en la localidad. 

Desalojos con butrones y bates de béisbol

Sin embargo, en una Comisión de vigilancia de la contratación del Ayuntamiento se informó de que la adjudicataria del contrato era la empresa Desocupaciones Técnicas S.L., administrada por Salvador Palazón Marquina, que también administra Desokupa Expres S.L., otra empresa dedicada a echar a la fuerza a personas que ocupan, sin orden judicial.

Esta misma empresa también fue mencionada en el pleno por el concejal Aisa como una de las candidatas, a pesar de que Palazón ya estaba siendo investigado por allanamiento de morada durante el desalojo violento de varias personas en un inmueble de Sevilla. Los trabajadores de la empresa de Palazón accedieron abriendo un butrón en la pared y amenazaron a los ocupantes con bates de béisbol. Un juez ordenó el regreso de los ocupantes al inmueble esa misma noche y abrió una investigación contra Palazón y la empresa inmobiliaria que contrató sus servicios por presunto allanamiento de morada.

Los activistas de la Asamblea de Vivienda y Unidas Por Collado Villalba apuntaban a irregularidades en esta contratación, en la que había sospechas de una subcontratación del servicio por parte de Desocupaciones Técnicas en favor de la ONAO, algo prohibido por la Ley de Contratos del sector público. También quedaba claro que un mismo empresario optaba a la adjudicación a través de dos empresas diferentes, algo también sancionado por la ley.

"La alcaldesa mintió sobre el verdadero beneficiario del contrato y no reconoció que pidió dos presupuestos a un mismo empresario hasta que la Asamblea de Vivienda lo hizo público", denuncian los activistas, muy críticos desde el principio con la creación de esta "oficina antiokupas".

A pesar de todo, el Ayuntamiento siguió sin facilitar la información y documentación que se le requería por la oposición, hasta que se presentó la querella.

Las razones del final de este servicio seis meses después de arrancar eran "eliminar duplicidades", ya que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para adherirse a la nueva oficina "antiokupación" que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lanzó el verano pasado. Se trata de un teléfono 24 horas atendido por policías municipales con un presupuesto de 240.000 euros.