El Tribunal Constitucional (TC) ha visto vulnerada la defensa de Francisco Grau, uno de los testaferros del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana. El TC se posiciona de esta forma en contra del auto del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que acordó la detención de Grau.

Así lo recoge la sala Primera del Constitucional en una sentencia a la que ha tenido acceso Público y en la que se indica que la razón de esta vulneración es que Grau no tuvo acceso a información relacionada con los motivos de su ingreso en prisión en el caso Erial.

La Justicia investiga el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos del País Valencià en la época de Zaplana. Este entramado se habría gestado a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al también exministro del PP.

Las explicaciones del Constitucional

El 22 de mayo de 2018, Grau fue detenido. Fue puesto en libertad provisional el 7 de febrero de 2019. El acusado interpuso un recurso ante el TC al no haber podido acceder a la documentación relativa a los motivos de su ingreso en prisión. Ahora el tribunal indica que, durante su arresto, Grau vio lesionados sus derechos a la libertad personal y a la defensa, ya que se le "denegó el acceso a los elementos fundamentales del expediente para impugnar efectivamente su privación de libertad".

El Constitucional también señala que, a pesar de que Grau solicitó el acceso a los elementos esenciales del expediente para poder ejercer una defensa efectiva frente a la prisión provisional, "no se respetó la garantía legal de acceso a dichos elementos". Como resultado, el detenido y su abogado no pudieron tomar conocimiento de las actuaciones que fundamentaban la medida cautelar personal ni alegar eficazmente sobre la legalidad de su mantenimiento ante el juez instructor o al formular el recurso de apelación.

Anticorrupción pide 20 años para Zaplana

El Juzgado de Instrucción número 8 de València investiga a 20 personas, incluyendo a Zaplana y al también expresident José Luis Olivas. La instrucción del caso concluyó en octubre de 2022 y la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 19 años de prisión para Zaplana como presunto máximo responsable de la trama. También hay otros acusados, como Joaquín Barceló, Francisco Grau, Juan Francisco García, Mitsouko Henríquez, Vicente y José Cotino, y José Luis Olivas.