El abogado del Consorci del Palau de la Música (que integran Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura) no ha acusado finalmente a CDC del supuesto cobro de comisiones ilegales a través de la institución, tampoco en su informe final.

En su exposición este miércoles, el letrado Francesc Claverol no ha aludido en ningún momento a la supuesta financiación irregular del partido, pese a que en una reunión del patronato del Consorci del 23 de mayo se pidió explícitamente cambiar las conclusiones para incluir la acusación a CDC.

Por eso el letrado había solicitado, fuera de plazo, adherirse a las conclusiones del fiscal en este punto, lo que el tribunal rechazó, aunque el fiscal Emilio Sánchez Ulled dejó entonces la puerta abierta a que pudiera dejar constancia de su nueva postura incluyéndola en su informe final, algo que Claverol no ha hecho.

El abogado ha empezado su intervención justificando que sus conclusiones presentadas el 17 de mayo no incluían la acusación a CDC porque seguía vigente el acuerdo del patronato del Consorci de no acusar y que en ningún momento recibió una contraorden. En ese mismo momento, cuando él presentaba sus conclusiones, el Parlament estaba votando dos resoluciones que pedían acusar al partido y, además, el Ayuntamiento solicitaba una reunión extraordinaria del Consorci para acusar a CDC.

Así, ha recordado que no fue hasta el 23 de mayo cuando tuvo lugar esa reunión, en la que finalmente se decidió incluir esa acusación --con los votos a favor del Ayuntamiento y el Ministerio, y la abstención de la Generalitat--, y que al día siguiente él ya presentó a la Audiencia la modificación, que fue rechazada.

No obstante, quedaba la puerta abierta a que, en la presentación de su informe final este miércoles, pudiera hacer una alusión a la nueva postura del Consorci respecto a considerar que CDC obtuvo comisiones ilícitas a través del Palau por adjudicaciones de obra pública, lo que finalmente no se ha producido.

El letrado se ha limitado en su informe a la trama relacionada con el expolio, y, en este sentido, se ha opuesto a la petición del fiscal de aplicar el atenuante de confesión a la exdirectora financiera de la institución, Gemma Montull, al considerarla autora y no "una mera cómplice".

Claverol considera que la participación de Gemma Montull fue "imprescindible" para el saqueo a las arcas del Palau pertrechado por su padre y 'número dos' de la institución, Jordi Montull, y el que era presidente de la entidad, Fèlix Millet.

Además, pide no tener en cuenta las atenuantes de reparación del daño muy cualificada al considerar que no han devuelto todo el dinero público robado, ni la de dilaciones indebidas, porque el proceso nunca estuvo realmente paralizado.

Acusación popular

Por su parte,  la acusación popular en el juicio del caso Palau ha reprochado a CDC "falsear los fundamentos de la democracia" al supuestamente financiarse ilegalmente con el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a través de la institución a cambio de la concesión de obras públicas.

En su informe final este miércoles, el abogado de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb), Àlex Solà, que ejerce de acusación popular, ha considerado que el extesorero de CDC acusado, Daniel Osàcar, perfeccionó el sistema de cobro de comisiones supuestamente practicado por su antecesor, el fallecido Carles Torrent.

Àlex Solà cree que "Osàcar no es Bárcenas" (extesorero del PP) porque no consta que se haya quedado ni un céntimo, ha dicho literalmente, pero considera aún más grave el trasvase de dinero al partido, lo que a su juicio falsea los fundamentos de la democracia.

Ha cargado contra "la posición cambiante de veleta" que, por cuestiones políticas, tomaron tanto el Consorci del Palau de la Música como la Diputación de Barcelona respecto a la presunta financiación ilícita de CDC, y ha aprovechado para elogiar a la acusación popular como último resorte para no defraudar la confianza ciudadana, en sus palabras.

Solà ha dicho que, tras la victoria de CiU en las autonómicas de 2010, cambiaron las posiciones de ambas instituciones en este proceso, iniciado en verano de 2009 con el registro del Palau: la Diputación se retiró del caso en 2015 bajo la Presidencia de Salvador Esteve, y el Consorcio dejó de acusar al partido del presunto cobro ilegal de comisiones y se limitó a señalar el expolio del Palau.

Para el abogado, el saqueo del Palau de la Música fue posible porque fallaron todos los sistemas de control, permitiendo la impunidad y la "omertá", y ha añadido que en el banquillo de los acusados no están todos los responsables.

Además, ha dicho que faltan gran cantidad de responsables criminales cuya identidad no se ha podido determinar o cuyos delitos han prescrito: "En el banquillo no están todos los que son".